Cuestionan igualdad ante la ley tras decisión judicial en SFM
El arresto domiciliario otorgado a una mujer acusada de homicidio ha reavivado el debate sobre la imparcialidad del sistema judicial, lo que llevó a Rebeca Henríquez a hacer un llamado a reforzar la transparencia y la equidad en la administración de justicia
SAN FRANCISCO DE MACORÍS, R.D.
La reciente decisión del sistema de justicia de San Francisco de Macorís, que otorgó arresto domiciliario a Natalia de Jesús —acusada de dar muerte a su pareja, Anderson Ortiz Ávalo, de 32 años—, ha generado preocupación y críticas por parte de sectores que consideran que se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley.
El hecho ocurrió la noche del sábado 31 de mayo, en el sector San Martín, también conocido como Rabo Chico.
Según el informe preliminar, la acusada habría utilizado un arma blanca para propinar varias estocadas a Ortiz, causándole heridas mortales.
La medida de coerción impuesta —arresto domiciliario— ha sido vista por muchos como un trato privilegiado, dada la gravedad del delito.
Diversas voces, entre ellas la Fundación Derechos Humanos Global, han cuestionado la equidad del fallo, señalando que decisiones como esta podrían enviar un mensaje contradictorio a la sociedad, en el que se percibe que el sistema judicial actúa con parcialidad, según el perfil del acusado o las circunstancias del caso.
«Esta medida debilita la confianza en el sistema judicial y pone en duda el compromiso institucional con el derecho a la vida y la justicia imparcial», manifestó una fuente cercana al entorno legal de la víctima, quien prefirió no ser identificada.
También se ha advertido sobre el peligro de establecer precedentes que minimicen la gravedad de los homicidios en contextos de pareja, independientemente del género del agresor o la víctima.
«El sistema de justicia debe actuar con objetividad y garantizar el mismo trato ante la ley para todos los ciudadanos, sin distinción», declaró Rebeca Henríquez presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global.
Además del impacto sobre los allegados de la víctima, la decisión ha causado indignación entre sectores de la comunidad que reclaman mayor responsabilidad por parte de jueces y fiscales al momento de aplicar medidas que deben regirse por el debido proceso, pero también por criterios de proporcionalidad y justicia.
En ese sentido, la destacada líder comunitaria y de los derechos humanos hizo un llamado a las autoridades competentes para que revisen los fundamentos de decisiones como esta y refuercen la transparencia y equidad en el sistema judicial.
«No se puede construir una sociedad dijo la líder defensora de los derechos humanos en República Dominicana.
