Denuncian una supuesta mafia que cobraría entre RD$300 mil y RD$400 mil por visas; Abinader debe investigar sin contemplaciones. Mientras tanto, Haití, las pandillas, las ejecuciones policiales y los rumores políticos siguen poniendo a prueba al Gobierno.

Buenos días…

El presidente Luis Abinader debe ordenar una investigación inmediata, seria y transparente sobre las denuncias de una supuesta mafia que estaría vendiendo visas a extranjeros «negritos», incluso mediante operaciones en vehículos y en distintos puntos del país, especialmente en la zona fronteriza.

¡Y agárrese! Según las denuncias, esos documentos se estarían negociando entre RD$300 mil y RD$400 mil.

¿Una visa convertida en mercancía de lujo? ¿Quién la vende, quién cobra, quién facilita el negocio y quién mira hacia otro lado?

Son señalamientos demasiado delicados para dejarlos durmiendo en un escritorio. Hay que investigar, identificar a los responsables y establecer si existe una red operando desde dentro o fuera de las instituciones.

Y que no ocurra lo mismo que con las municiones de origen dominicano que, según denuncias, fueron ocupadas en poder de criminales haitianos en Haití. Aquello también exige respuestas: ¿cómo salieron, quién las suministró y por qué terminaron en manos criminales?

Presidente, si se comprueba que hay funcionarios o particulares traficando con documentos migratorios y comprometiendo la seguridad nacional, no estamos hablando de una simple irregularidad administrativa. Estamos hablando de una posible traición a la confianza pública y de hechos que deben tener consecuencias penales.

Con Haití no se puede jugar a la doble cara. La soberanía nacional no es un discurso para los actos oficiales ni una consigna para las cámaras. Se defiende con controles, transparencia y decisiones firmes.

Y a quienes traicionen la soberanía, si se comprueba su responsabilidad, que les caiga todo el peso de la ley. ¡Pero nada de justicia por mano propia! La República no necesita verdugos; necesita instituciones que funcionen.

La llamada Operación Bukele en Haití parece mantener en tensión a las pandillas. Nos llegan informaciones de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, estaría preparando un aumento del contingente de sus soldados en territorio haitiano.

La versión debe ser confirmada oficialmente, pero el asunto merece atención: las bandas criminales no pueden seguir imponiendo su voluntad sobre la población haitiana.

También nos informan que amplios sectores de la población haitiana respaldan la operación. Si ese respaldo se confirma, debería provocar una profunda reflexión entre quienes, durante años, anunciaron planes para controlar las pandillas y terminaron sin resolver el problema.

Porque una cosa es anunciar estrategias y otra muy distinta es conseguir resultados.

Y hablando de Bukele y de su política contra las pandillas, a ciertos gobernantes habría que recordarles algo elemental: cuando una medida funciona y respeta los derechos fundamentales, estudiarla no es una vergüenza. Lo vergonzoso es copiar discursos y dejar intactos los problemas.

Mientras se habla de seguridad, las denuncias sobre muertes durante intervenciones policiales continúan. Y el caso de Santo Domingo Este, según nos cuentan, es una vergüenza de marca mayor.

Eso no es combatir la delincuencia. La Policía debe perseguir a los criminales, detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia. No puede convertir una intervención en una sentencia de muerte.

En Moca, el caso de Jonathan Arturo Castillo también sigue levantando preguntas.

O las cámaras corporales volvieron a fallar —¡qué coincidencia!— o alguien tendrá que explicar por qué no aparecen las grabaciones que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

¿Dónde están los videos? ¿Quién los custodia? ¿Fueron descargados? ¿Se conservaron íntegramente? ¿Quién puede certificar que no fueron alterados o eliminados?

Según las informaciones que nos han llegado, Jonathan Castillo se encontraba disfrutando y compartiendo alegremente antes de su detención. Después apareció muerto.

La Policía tiene que explicar qué ocurrió entre un momento y otro. No basta con presentar una versión oficial y esperar que todo el mundo se quede tranquilo.

¡Ahí está el detalle, señores! Si la reforma policial no garantiza transparencia, controles y rendición de cuentas, termina pareciéndose a lo que tanto criticamos: mucho anuncio, mucha fotografía, mucho buche y pluma.

Nos cuentan que en el PRM hay preocupación por los movimientos de popularidad dentro de sus propias filas. Según esos comentarios, David Collado estaría perdiendo terreno, mientras Carolina Mejía, hija del expresidente Hipólito Mejía, estaría avanzando.

También se comenta que el respaldo de determinados funcionarios del Gobierno estaría afectando la imagen de Collado.

Tenemos nuestras reservas sobre esas versiones. Sin mediciones confiables y datos verificables, nadie puede vender una percepción como si fuera un resultado electoral.

Pero, con tanta preocupación política que se comenta en los predios oficiales, tampoco sería prudente hacerse el desentendido.

Y mientras tanto, nos informan fuentes estadounidenses que el águila mantiene sus ojos puestos sobre determinados sectores políticos nacionales, algunos de los cuales tendrían presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.

No vamos a señalar nombres sobre la base de comentarios. Si existen investigaciones, que se conozcan las pruebas y que las autoridades correspondientes actúen.

Porque cuando se habla de narcotráfico, no basta con tener buenos contactos ni con exhibir fotografías. Lo que cuenta es la evidencia.

¡Aaah! Y sobre los expedientes relacionados con presuntas irregularidades detectadas en auditorías internas de la Policía Nacional —incluidas DIGESETT, POLITUR, IPES y el Hospital Docente Policial—, nuestra fuente asegura que los documentos están siendo revisados cuidadosamente en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Washington. También sostiene que podría haber respuestas desde allá.

De confirmarse esa información y producirse actuaciones oficiales, sería una situación incómoda para las instituciones dominicanas. Porque las auditorías, los hallazgos y las denuncias deben investigarse aquí, sin esperar que desde Washington pregunten qué pasó.

Y que conste: por ahora, se trata de información suministrada por nuestra fuente, no de una decisión oficial estadounidense que podamos dar por confirmada.

Y al cierre: ¡cuidado con eso! La aplicación de lo que popularmente se conoce como «código 29» vuelve a generar preocupación por las denuncias de excesos policiales.

Presidente Abinader, el problema no desaparece porque se guarde silencio. Cada muerte que no se investiga, cada video que no aparece y cada denuncia que se deja sin respuesta aumenta la desconfianza ciudadana.

Y políticamente, el costo puede terminar alcanzando al Gobierno y al PRM. No porque la Policía deba dejar de combatir la delincuencia, sino porque ningún gobierno puede pedir confianza mientras las denuncias de abusos permanecen sin respuestas convincentes.

¡Que se acabe el «código 29»! La autoridad no está por encima de la Constitución, y el uniforme no concede impunidad.

¡Al que le pique, que se rasque! Pero que nadie confunda autoridad con abuso, ni seguridad con ejecución.

¡Buenos días… y perdone!