Bukele no fue a Haití a pedir permiso, fue a buscar a los salvadoreños
ANALISIS
La firmeza de El Salvador frente a las bandas haitianas debería servir de ejemplo a todos los gobiernos, cuyos ciudadanos han sido víctimas del crimen organizado.
Por Tomás Aquino G.
Hay momentos en que un Gobierno tiene que decidir si sus ciudadanos valen solamente un comunicado de prensa, una condena diplomática y una fotografía para el archivo, o si realmente está dispuesto a buscarlos y defenderlos.
Nayib Bukele acaba de escoger la segunda opción.
El presidente salvadoreño no se quedó mirando el mapa de Haití ni esperando que las bandas armadas decidieran qué hacer con cuatro salvadoreños desaparecidos tras ser emboscados en una zona controlada por organizaciones criminales.
Ordenó actuar.
Y esa decisión, independientemente de las discusiones que pueda generar sobre la dimensión y el mandato del despliegue militar, merece ser examinada con seriedad por todos los gobiernos de América, especialmente por aquellos, cuyos ciudadanos han sido víctimas del secuestro, la extorsión, el asesinato y otras formas de violencia criminal en Haití.
Los cuatro salvadoreños son técnicos aeronáuticos vinculados a la misión internacional contra las pandillas.
Desaparecieron el 18 de octubre, después de que el vehículo blindado en que viajaban fuera atacado e incendiado en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe.
Bukele anunció una operación para recuperarlos y advirtió que debían ser entregados con vida e ilesos.
Posteriormente, El Salvador amplió considerablemente su presencia militar en Haití.
El jueves 29 de octubre se informó que el contingente superaba los 2,000 efectivos y podría alcanzar alrededor de 2,500. Estados Unidos ha proporcionado apoyo logístico, incluido transporte aéreo.
Aquí está lo interesante
Después de que Bukele endureciera el tono, dirigentes de las organizaciones criminales haitianas comenzaron a deslindarse del secuestro.
Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, señalado como líder de 400 Mawozo, negó que su organización hubiera capturado a los salvadoreños y atribuyó lo ocurrido a la zona de Chen Mechan.
Su versión, naturalmente, no puede tomarse como una verdad comprobada, pero revela algo políticamente significativo, que los propios jefes de las pandillas sintieron la necesidad de explicar que ellos no fueron los responsables.
Y cuando un criminal armado comienza a explicar públicamente por qué él no fue quien hizo algo, después de que un Estado anuncia que irá a buscar a sus ciudadanos, algo está cambiando en el tablero.
El discurso de los hombres que durante años han sembrado terror en Haití comienza a parecerse menos al de los dueños absolutos del territorio y más al de quienes empiezan a calcular las consecuencias.
Bukele, sí conoce el idioma de las pandillas
Esta no es una actitud improvisada.
El presidente Bukele llegó al poder en El Salvador prometiendo enfrentar la violencia que durante años había convertido determinados barrios en territorios dominados por las pandillas.
Y lo hizo mediante una política de seguridad extremadamente dura, especialmente después del régimen de excepción iniciado en 2022.
Los resultados en materia de homicidios son contundentes, aunque las cifras oficiales y su metodología han sido objeto de cuestionamientos por organizaciones de derechos humanos y especialistas. Pero ha recuperado la inseguridad.
El propio Fondo Monetario Internacional describió el cambio de El Salvador como un giro extraordinario en materia de seguridad y señaló que el país pasó a ser el más seguro de la región, con una tasa oficial de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024. Para 2025, las autoridades salvadoreñas reportaron 82 homicidios y una tasa de 1.3 por cada 100,000 habitantes.
Por eso Bukele sostiene que conoce de primera mano lo que significa vivir bajo el miedo de las pandillas.
Su argumento es sencillo: si El Salvador pudo reducir dramáticamente la violencia criminal, Haití también puede recuperar el control de su territorio.
Pero Haití no es El Salvador.
La situación haitiana es mucho más compleja, las instituciones estatales están profundamente debilitadas y las organizaciones criminales controlan amplias zonas de Puerto Príncipe.
Por eso cualquier operación debe ejecutarse con coordinación, reglas claras y protección estricta de la población civil. Esa es una condición indispensable para que la firmeza no termine convertida en otra tragedia.
Haití después del magnicidio de Jovenel Moïse
El asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, marcó uno de los grandes puntos de quiebre de la crisis haitiana.
Después del magnicidio, el vacío político y la debilidad institucional fueron acompañados por una expansión acelerada de las organizaciones criminales.
Los asesinatos, secuestros, desplazamientos y enfrentamientos entre bandas se multiplicaron.
Ya en 2021, Naciones Unidas registraba más de mil homicidios intencionales y cientos de secuestros solamente durante los primeros ocho meses del año.
El secuestro de los misioneros
Uno de los casos más conocidos ocurrió en octubre de 2021, cuando 400 Mawozo secuestró a 17 misioneros extranjeros, entre ellos ciudadanos estadounidenses y un canadiense.
El grupo se convirtió en uno de los símbolos internacionales del poder adquirido por las bandas haitianas.
Después vinieron nuevos secuestros colectivos, asesinatos, masacres, ataques contra policías, bloqueo de carreteras, control territorial y desplazamientos masivos.
En 2023 se registraron alrededor de 2,490 secuestros, según datos citados por agencias internacionales, mientras que para 2026 Naciones Unidas contabilizaba nuevamente un fuerte aumento de las abducciones.
La consecuencia es brutal, millones de haitianos han terminado desplazados y amplias zonas de Puerto Príncipe permanecen bajo influencia de grupos armados.
Es decir, el problema ya no puede describirse simplemente como delincuencia común. Es una crisis de control territorial.
¿Y los demás gobiernos?
Aquí aparece la pregunta que nadie debería esquivar.
Si ciudadanos estadounidenses, canadienses, dominicanos, franceses, mexicanos, colombianos, salvadoreños o de cualquier otra nacionalidad son secuestrados por organizaciones criminales, ¿qué deben hacer sus gobiernos?
- ¿Enviar una nota diplomática?
- ¿Condenar el hecho?
- ¿Esperar una llamada?
- ¿Pedir que los delincuentes tengan compasión?
- ¿O utilizar todos los mecanismos legales, diplomáticos, policiales y militares disponibles para recuperar a sus ciudadanos?
La respuesta debería ser obvia.
Un Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. Tal y como lo está haciendo El Salvador y su presidente Bukele.
Eso no significa que cada país deba enviar tropas a Haití. Tampoco significa actuar unilateralmente sin coordinación internacional. Significa que ningún Gobierno puede acostumbrar a los criminales a pensar que secuestrar a un extranjero es un negocio sin consecuencias.
Y aquí Estados Unidos tiene una responsabilidad especial.
Ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de secuestros de organizaciones criminales haitianas. El caso de los 17 misioneros de 2021 demostró hasta dónde puede llegar 400 Mawozo.
Incluso años después, uno de sus antiguos dirigentes enfrentó en Estados Unidos un proceso judicial relacionado con armas y secuestros.
Por tanto, la firmeza de Washington frente a las bandas haitianas no debería limitarse a sanciones o declaraciones.
Y RD no puede mirar para otro lado
Para los dominicanos, el asunto tiene una dimensión todavía más delicada.
Haití comparte con República Dominicana una frontera terrestre de más de 300 kilómetros.
Lo que ocurre del otro lado no es un problema distante.
Nos toca la puerta.
La República Dominicana ha sido escenario recurrente de denuncias relacionadas con la vulnerabilidad de la frontera, el tráfico ilegal de personas, armas y otros delitos, así como señalamientos sobre la entrada de individuos vinculados a actividades criminales.
Precisamente por eso la experiencia de Bukele debe ser observada con atención.
No se trata de copiar a El Salvador. Se trata de entender el principio.
El Estado no puede permitir que el crimen organizado termine dictando las reglas.
Si una banda puede secuestrar, asesinar, extorsionar y controlar territorios sin enfrentar una respuesta contundente, entonces el problema deja de ser solamente policial y se convierte en una amenaza directa a la autoridad del Estado.
La lección de Bukele
Puede discutirse la metodología de Bukele.
Puede cuestionarse el régimen de excepción.
Pueden investigarse y condenarse los abusos que hayan ocurrido bajo su política de seguridad.
Todo eso forma parte de un debate democrático necesario.
Pero hay algo que resulta difícil negar: El Salvador dejó atrás los niveles extremos de violencia que lo caracterizaron durante años y hoy presenta una de las tasas oficiales de homicidios más bajas del hemisferio. Y no son estadísticas maquilladas. Son estadísticas reales.
Y ahora Bukele intenta llevar esa determinación al escenario haitiano.
Su mensaje es esencialmente este: A los salvadoreños se les respeta.
Y si cuatro compatriotas desaparecen en territorio dominado por criminales, El Salvador no se queda sentado esperando.
Ese mensaje puede gustar o disgustar. Pero las pandillas lo escucharon.
Y cuando los jefes criminales empiezan a decir que ellos no fueron, que fue otro grupo, que fue un error o que los salvadoreños ni siquiera estaban bajo su control, mientras observan llegar soldados extranjeros, queda claro que la amenaza dejó de ser una simple declaración política.
El ejemplo que merece respaldo
La recuperación de los cuatro salvadoreños debe ser la prioridad.
No sabemos todavía oficialmente cuál ha sido su destino. Los restos humanos encontrados anteriormente no han sido identificados como los cuatro desaparecidos y la investigación continúa.
Pero precisamente por eso la búsqueda debe continuar.
Y debe continuar con toda la fuerza del Estado salvadoreño, en coordinación con las autoridades haitianas y la misión internacional, respetando la vida de la población civil y las normas internacionales.
La actitud de Bukele no debería ser vista solamente como un asunto de El Salvador. Es una señal para todo el continente.
Las bandas criminales deben saber que secuestrar a un ciudadano extranjero no convierte a la víctima en mercancía.
Y los gobiernos deben recordar que detrás de cada ciudadano secuestrado hay una familia, una nación y un Estado que tiene la obligación de defenderlo.
Para República Dominicana, la enseñanza es todavía más directa. Que debe mantener su frontera segura, inteligencia efectiva, control territorial y cero tolerancia con las organizaciones criminales. Aunque para lograr este objetivo se necesita una voluntad política firme y transparente. Sin doble discurso.
Y actualmente, no es un secreto para nadie, el crimen organizado conoce muy bien que puede cruzar la frontera, esconderse, operar, secuestrar y regresar sin consecuencias. Y ahí, no estaremos hablando solamente de una frontera vulnerable. Estaremos hablando de un Estado vulnerable.
Y por eso, como dicen en buen dominicano, el horno ya no está para galletitas.
