Abinader y la frontera: mucha verja, muchas deportaciones y demasiadas interrogantes
LA FRONTERA BAJO SOSPECHA
Las debilidades señaladas en la gestión migratoria, las denuncias de tráfico clandestino, las críticas a la verja perimetral y los cuestionamientos sobre la vigilancia militar colocan al Gobierno ante la exigencia de demostrar que sus políticas están dando resultados. También preocupan las denuncias de cobros a mujeres haitianas embarazadas y el aprovechamiento de su vulnerabilidad.
TERCERA ENTREGA-FINAL
Por la Redacción
ELIAS PIÑA, R.D.
El presidente Luis Abinader ha colocado la crisis haitiana y la protección de la frontera entre los principales argumentos de su política de seguridad nacional.
Abinader ha reclamado la intervención de la comunidad internacional y ha advertido sobre las consecuencias que representa para República Dominicana el deterioro institucional de Haití.
En el territorio dominicano, su Gobierno ha anunciado deportaciones, reforzamiento militar, construcción de una verja perimetral, adquisición de equipos de vigilancia y medidas para impedir que las organizaciones criminales haitianas se acerquen a la línea fronteriza.
Sin embargo, las denuncias sobre tráfico de personas, armas, drogas, mercancías y vehículos robados mantienen abiertas preguntas sobre la capacidad real de esas medidas para impedir que las redes ilegales continúen operando.
La discusión no consiste en desconocer las acciones ejecutadas por el Gobierno. Consiste en exigir resultados comprobables y determinar si la política fronteriza está atacando las estructuras que hacen negocio con la vulnerabilidad de ambos países.
El discurso internacional y las exigencias en el patio
Abinader ha advertido reiteradamente que la crisis haitiana no puede ser una responsabilidad exclusiva de República Dominicana.
Su Gobierno ha acudido a organismos internacionales para reclamar cooperación financiera, política y de seguridad, al tiempo que ha defendido el derecho dominicano a controlar su territorio y aplicar sus leyes migratorias.
El 26 de octubre de 2026, el mandatario aseguró que la frontera se encontraba en su mayor nivel de protección y advirtió que no permitiría la presencia de bandas criminales haitianas a menos de 20 kilómetros del territorio nacional.
También destacó el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la incorporación de vehículos blindados, drones y recursos de vigilancia aérea y naval.
El Ministerio de Defensa sostuvo que no tenía información sobre la presencia de organizaciones criminales haitianas en la zona norte próxima a Juana Méndez.
Esas son las posiciones oficiales.
Pero en el debate nacional persisten cuestionamientos sobre el tráfico de indocumentados, el contrabando, las rutas clandestinas y las denuncias de complicidad de personas que deberían impedir esas operaciones.
De ahí surge la crítica al doble discurso que sectores de opinión atribuyen al Gobierno: firmeza en los escenarios internacionales y dificultades todavía visibles para garantizar que las disposiciones de seguridad se cumplan de manera efectiva en el territorio dominicano.
La respuesta no puede limitarse a declaraciones. Debe sustentarse en estadísticas, investigaciones, procesos judiciales y resultados operativos.
La verja perimetral… ¿Cuánto protege y cuánto falta?
La construcción de la verja perimetral fronteriza fue presentada como una de las principales apuestas del Gobierno para fortalecer la seguridad nacional.
La infraestructura incorpora torres de vigilancia, calles de patrullaje y sistemas tecnológicos destinados a mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.
El 5 de septiembre de 2026, el Gobierno anunció el inicio de otros 14.5 kilómetros de construcción en Jimaní, provincia Independencia, como parte de la segunda etapa de la obra.
Ese nuevo tramo contempla seis torres de vigilancia, 35 alcantarillas y una altura total de 13 pies, además de vías de patrullaje a ambos lados de la estructura.
La ampliación representa una inversión en infraestructura fronteriza, pero también plantea una cuestión fundamental: una verja no equivale al cierre absoluto de una frontera.
La línea divisoria tiene una extensión considerable, presenta características geográficas diferentes y cuenta con comunidades que mantienen relaciones comerciales y familiares a ambos lados.
Por eso, las críticas no deben limitarse a la existencia de huecos o interrupciones físicas. También deben examinar la continuidad de los tramos, la capacidad de vigilancia, el mantenimiento, la tecnología y la cantidad de personal disponible.
El Gobierno debe informar cuántos cruces ilegales se han impedido, cuántas redes han sido desmanteladas y qué resultados concretos han producido los sistemas de vigilancia instalados.
La pregunta no es solamente cuántos kilómetros de verja se han construido. Es cuántas operaciones ilegales se han evitado gracias a esa infraestructura.
Migración: deportar no es lo mismo que controlar
La política migratoria dominicana también enfrenta cuestionamientos sobre su efectividad.
El Gobierno ha incrementado los operativos y las deportaciones de extranjeros en condición migratoria irregular. Sin embargo, las redes de tráfico de personas siguen apareciendo en investigaciones policiales y expedientes judiciales.
En agosto de 2026, la Dirección General de Migración informó que había sometido a la justicia a 270 personas vinculadas a 198 casos de delitos migratorios durante los primeros ocho meses del año.
La cifra incluyó 85 expedientes por tráfico ilícito de migrantes.
El dato obliga a examinar una realidad que no puede resolverse exclusivamente con deportaciones: mientras existan personas dispuestas a pagar por ingresar irregularmente y dominicanos dispuestos a cobrar por facilitar el traslado, el negocio encontrará oportunidades para continuar.
El estudio Gestión fronteriza y control migratorio, elaborado por especialistas del Instituto Nacional de Migración, identificó problemas de coordinación y comunicación entre las autoridades encargadas de administrar la frontera.
La investigación también señaló fragmentación institucional, discrecionalidad en los procedimientos y superposición de funciones entre organismos militares y civiles.
Son deficiencias que merecen atención porque una política migratoria necesita procedimientos claros, controles verificables, coordinación y respeto al debido proceso.
El país tiene derecho a controlar sus fronteras, pero también necesita demostrar que sus organismos funcionan bajo reglas uniformes y que las operaciones ilegales son perseguidas hasta llegar a sus organizadores.
Mujeres embarazadas, política migratoria y negocios clandestinos
Uno de los temas más sensibles es el relacionado con las mujeres haitianas embarazadas que ingresan a República Dominicana para recibir atención médica y dar a luz.
El Gobierno adoptó en 2025 un protocolo de control migratorio en hospitales públicos, que contempla la verificación de la condición migratoria de pacientes extranjeros y procedimientos para quienes se encuentran en situación irregular.
La aplicación de esas medidas generó controversias después de que se reportaran detenciones de mujeres embarazadas en centros hospitalarios y cuestionamientos sobre sus efectos en el acceso a los servicios de salud.
También se ha defendido la aplicación de cobros a extranjeras no afiliadas al sistema de seguridad social, una medida que debe distinguirse de cualquier cobro clandestino realizado por particulares.
La investigación periodística debe prestar especial atención a las denuncias sobre intermediarios que supuestamente cobran a mujeres haitianas para organizar su traslado, conseguirles alojamiento, facilitarles el acceso a centros hospitalarios o gestionar documentación.
Es indispensable identificar a esas personas, establecer cuánto cobran, quiénes reciben el dinero y si existen redes que se aprovechan de la vulnerabilidad de las embarazadas.
No debe confundirse la regulación de los servicios médicos con el tráfico de personas ni afirmarse que existe una mafia hospitalaria sin pruebas.
Tampoco puede ignorarse que una mujer embarazada necesita protección médica y que las políticas migratorias deben aplicarse respetando los derechos fundamentales.
El Estado debe explicar cuáles son los procedimientos vigentes, cómo se realizan los cobros oficiales y qué mecanismos existen para impedir que terceros conviertan la necesidad de atención médica en un negocio clandestino.
Haití y los controles del otro lado
La seguridad fronteriza no depende exclusivamente de las autoridades dominicanas.
También es necesario examinar la capacidad de las instituciones haitianas para controlar sus pasos fronterizos, fiscalizar las mercancías que reciben, verificar documentos y perseguir las organizaciones criminales que operan en su territorio.
La cooperación entre ambos países resulta indispensable para enfrentar el tráfico de armas, drogas, personas y vehículos robados.
Pero esa cooperación necesita mecanismos verificables de intercambio de información, identificación de prófugos, investigación financiera y persecución de redes transnacionales.
La ausencia de controles efectivos en cualquiera de los dos lados puede facilitar que una operación ilegal continúe después de cruzar la frontera.
Las preguntas que el Gobierno debe responder
Después de años de anuncios sobre seguridad fronteriza, el país necesita conocer los resultados de las políticas implementadas.
¿Cuánto ha invertido el Estado en la verja perimetral y cuáles tramos están efectivamente terminados y operativos?
¿Cuántos kilómetros cuentan con vigilancia tecnológica y cuántos efectivos militares están asignados a su protección?
¿Cuántas redes de tráfico de personas han sido desmanteladas y cuántos de sus financistas han sido procesados?
¿Qué investigaciones se han realizado sobre las armas y municiones de origen dominicano encontradas en Haití?
¿Cuántos vehículos robados que tenían como destino el vecino país han sido recuperados?
¿Qué medidas se han aplicado contra funcionarios o agentes que hayan facilitado operaciones ilegales?
¿Cuáles son los resultados de la cooperación con las autoridades haitianas?
¿Y qué controles existen para impedir que intermediarios cobren a mujeres embarazadas por facilitarles servicios que deben tramitarse mediante procedimientos legales?
Son preguntas que merecen respuestas documentadas, no explicaciones generales.
La soberanía se defiende con resultados
La República Dominicana tiene derecho a proteger su territorio, controlar sus fronteras y aplicar sus leyes migratorias.
También tiene la obligación de perseguir a quienes trafican con personas, armas, drogas, mercancías y vehículos robados, sin importar su nacionalidad ni la posición que ocupen.
La verja perimetral, los operativos militares y las deportaciones pueden formar parte de una política de seguridad, pero no sustituyen las investigaciones financieras, la depuración institucional y la persecución de las redes criminales.
El Gobierno debe demostrar que sus medidas están reduciendo los negocios ilegales y que quienes participan en ellos enfrentan consecuencias judiciales.
Porque una frontera segura no se mide solamente por la cantidad de soldados, kilómetros de verja o extranjeros deportados.
Se mide también por la capacidad de impedir que las organizaciones criminales se establezcan, que los funcionarios sean utilizados como facilitadores y que los delincuentes conviertan la vulnerabilidad fronteriza en una fuente de enriquecimiento.
La soberanía no se defiende solamente levantando una verja. Se defiende haciendo que la ley funcione a ambos lados de ella y evitando que el negocio de la frontera termine imponiéndose sobre la autoridad del Estado.
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