La muerte de Jonathan Arturo Castillo, de 42 años, revive los recuerdos más oscuros de los doce años de Joaquín Balaguer; defensores de derechos humanos denuncian 28 fallecimientos durante intervenciones policiales en octubre, solo en Santiago, y emplazan al Gobierno a poner freno a los abusos.

Buenos días…

Bueno, la muerte de Jonathan Arturo Castillo, de 42 años, nos hace retroceder doce años, hasta aquellos primeros gobiernos de Joaquín Balaguer, cuando personas detenidas por la Policía —muchas señaladas como supuestos comunistas— terminaban apareciendo muertas en cañadas, cunetas y lugares apartados.

La gente comenta que a Jonathan Arturo lo habría detenido la DICRIM en el barrio Manuel Rodríguez y que, posteriormente, su cadáver fue encontrado en una cañada del sector Los Pinos, en Moca.

¡Hasta cuándo! Esta situación está sobrepasando todos los límites. Jamás imaginamos que durante un Gobierno del PRM volveríamos a escuchar denuncias de esta naturaleza, con cadáveres apareciendo en cañadas y familiares reclamando explicaciones.

Y, según comentan vecinos del hoy occiso, su única «arma» era un vaso de foam lleno de alcohol. Aseguran que nunca lo vieron portando un arma de fuego.

Si en República Dominicana existe un Ministerio Público, este caso no puede archivarse, maquillarse ni despacharse con una explicación de rutina. Hay que investigar, reconstruir los hechos, identificar a los responsables y llevar ante la justicia a quienes hayan cometido un delito.

Porque, si se confirma lo denunciado, no estaríamos ante una simple intervención policial que terminó mal, sino ante un hecho criminal que exige consecuencias.

Y hablando del Cibao, dirigentes de organizaciones de derechos humanos nos informan que durante octubre se habrían registrado 28 muertes en intervenciones policiales.

¡Veintiocho! Ni una más ni una menos, según el balance que nos ofrecen esas organizaciones. También mencionan otras 43 muertes, pero el período al que corresponde esa cifra necesita ser precisado. 

¡Presidente Abinader, que se acabe el «ódigo 29! Y cerramos con una preocupación que no puede seguir escondida debajo de la alfombra. Las muertes ocurridas durante intervenciones policiales y el uso de la fuerza por parte de agentes del orden.

Presidente Abinader, la Policía tiene la obligación de enfrentar la delincuencia, proteger a los ciudadanos y detener a quienes sean sospechosos de cometer delitos. Pero esa misión no le entrega una licencia para ejecutar a nadie.

Hay que revisar, investigar y poner bajo la lupa las prácticas que popularmente se conocen como «código 29», expresión utilizada para referirse a actuaciones policiales presuntamente vinculadas con muertes ilegales o ejecuciones extrajudiciales.

¡No estamos en guerra! Y aun en una guerra existen normas que regulan el uso de la fuerza.

En República Dominicana no existe la pena de muerte. Ningún agente puede convertirse en juez, tribunal y verdugo. La Constitución protege el derecho a la vida, y toda actuación policial debe respetar la ley, la necesidad, la proporcionalidad y la dignidad humana.

Si un sospechoso enfrenta a los agentes con violencia, la Policía debe actuar para proteger vidas. Pero cuando alguien muere durante una intervención, hay que investigar las circunstancias, examinar las pruebas y establecer responsabilidades individuales. Sin encubrimientos, sin privilegios y sin condenas anticipadas.

Presidente, combatir la delincuencia no significa sustituir los tribunales por el gatillo. El Estado tiene que perseguir al delincuente, pero también investigar y sancionar los abusos de quienes llevan uniforme.

La seguridad ciudadana no se construye contando cadáveres. Se construye haciendo cumplir la ley, incluso cuando el señalado de violarla viste uniforme. ¡Y que nadie se haga el desentendido!

El que administra fondos públicos, que explique su patrimonio; el que tiene niños bajo su responsabilidad, que los proteja; el que conoce irregularidades, que las documente, y el que viste uniforme, que recuerde que su autoridad termina donde comienza la ley.

¡Al que le pique, que se rasque! Pero con pruebas, con justicia y sin privilegios.

Bueno, Trump vuelve a jugar con fuego. Mientras habla de paz y asegura que no tiene prisa por reanudar una guerra a gran escala contra Irán, Estados Unidos lanza un ataques limitados contra la estratégica isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

Teherán ya enseña los dientes y amenaza con responder si Washington continúa apretando el gatillo.

¡Qué diplomacia más curiosa: una mano habla de negociación y la otra dispara! Y cuidado, porque Qeshm no es cualquier pedazo de tierra: está pegada a una de las principales arterias petroleras del planeta.

Si Irán responde y la candela alcanza el estrecho de Ormuz, el pleito puede ser entre Trump y los ayatolás, pero la factura la pagamos todos. Y ya el petróleo volvió a subir.

¡Buenos días… y perdone!