¿Hasta dónde llega la libertad de un adicto?
Por Margarita de la Rosa
En muchas familias dominicanas se repite una escena dolorosa. Padres, madres, hermanos o esposas pasan años tratando de convencer a un ser querido de que busque ayuda para salir de las drogas.
Le hablan. Le suplican. Le prometen apoyo.
Pero la respuesta casi siempre es la misma: “Yo no tengo problemas. Yo dejo eso cuando quiera”. Mientras tanto, la casa se convierte en un campo de angustia.
Desaparecen objetos. Aparecen las agresiones.
Los vecinos comienzan a tener miedo.
Y la familia se hace una pregunta que parece no tener respuesta: ¿Hasta dónde llega la libertad de un adicto cuando su adicción ya destruye su vida y la de los demás?.
Durante muchos años se instaló en la conciencia social una idea muy repetida: que un adicto solo puede ir a rehabilitación si lo decide voluntariamente
La lógica detrás de ese criterio es comprensible.
Las leyes modernas buscan proteger la libertad individual y evitar abusos contra personas con problemas de salud mental.
En la República Dominicana, por ejemplo, la Ley de Salud Mental No. 12-06 establece que el tratamiento debe realizarse con respeto a la dignidad y los derechos de la persona.
Pero esa misma realidad plantea un dilema que muchas familias conocen demasiado bien. Porque la adicción grave no es solo un hábito. Es una enfermedad que altera la voluntad, el juicio y la capacidad de tomar decisiones.
Y ahí surge el conflicto humano y social.
¿Puede hablarse de libertad plena cuando una persona ha perdido el control sobre su conducta?
¿Es libertad permitir que alguien se autodestruya mientras arrastra a su familia en ese proceso?.
En los últimos años, cada vez más especialistas en adicciones coinciden en algo importante: muchos tratamientos comienzan sin que el paciente esté realmente motivado.
La motivación, dicen, muchas veces aparece después de iniciar el proceso de desintoxicación y terapia.
Por eso, en distintos países y también en la República Dominicana, han comenzado a desarrollarse programas donde la familia interviene activamente para lograr que el adicto entre en tratamiento, incluso cuando inicialmente se resiste.
No se trata de castigar ni de encerrar. Se trata de rescatar.
Porque la realidad es dura: el consumo problemático de drogas no solo destruye a quien consume.
También rompe familias, genera violencia doméstica y expone a comunidades enteras a situaciones de peligro.
Los casos abundan. Hay jóvenes que han terminado incendiando su propia casa en medio de una crisis de consumo.
Otros agreden a sus padres.
Algunos terminan viviendo en las calles.
En esos momentos, esperar una decisión voluntaria puede significar esperar demasiado.
Y cuando la ayuda llega tarde, a veces ya es irreversible.
Los centros de rehabilitación que trabajan de manera profesional saben que el proceso no se limita a aislar a la persona durante un tiempo.
La recuperación implica desintoxicación médica, acompañamiento psicológico, terapia familiar y seguimiento prolongado.
No todos los casos logran el resultado deseado.
La recaída es parte de la realidad de las adicciones.
Pero también es cierto que miles de personas han logrado reconstruir sus vidas después de haber sido llevadas a tratamiento en medio de la crisis.
Detrás de cada recuperación hay una familia que decidió no rendirse.
Y ahí vuelve la pregunta que hoy muchas sociedades se están haciendo: ¿Es realmente libertad permitir que una persona destruya su vida cuando ya no tiene el control de sus decisiones?.
Tal vez la respuesta esté en comprender que la libertad también necesita protección.
Y que, en algunos momentos, intervenir no significa violar derechos. Significa salvar una vida.
