Del decreto a la realidad: el río Yaví pone a prueba la política ambiental de Abinader
Por Margarita de la Rosa
No han transcurrido siquiera cinco días desde que el presidente Luis Abinader emitiera el Decreto 615-26, elevando la protección del patrimonio natural a asunto de interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad del Estado, cuando desde Bayaguana llega una denuncia que podría convertirse en una de las primeras pruebas de fuego para la anunciada firmeza gubernamental.
Centinelas del Este vuelve a levantar su voz. Esta vez por el río Yaví, donde una comisión de la organización ambiental asegura haber observado un punto de descarga de aguas residuales procedente de las inmediaciones de una empresa dedicada a la producción de aceite de palma.
Según la denuncia, las aguas presentaban coloración oscura, aparente presencia de residuos aceitosos y un fuerte olor desagradable.
La organización afirma disponer de videos que documentan lo encontrado y las alegadas afectaciones sobre la vida acuática. Será responsabilidad de las autoridades determinar técnicamente la naturaleza de esos vertidos, su procedencia, su nivel de contaminación y las responsabilidades que pudieran derivarse. Pero hay una pregunta que no necesita laboratorio: ¿hasta cuándo?
Porque, según los denunciantes, no sería la primera vez que el Ministerio de Medio Ambiente interviene en este lugar. Y si las autoridades ya han acudido anteriormente, han inspeccionado y adoptado medidas, resulta legítimo preguntar cómo puede reaparecer una situación semejante.
¿Fallaron las sanciones? ¿No hubo seguimiento? ¿Las medidas fueron insuficientes? ¿O sencillamente alguien entendió que podía continuar actuando como si la autoridad ambiental no existiera?
Eso es precisamente lo que el Gobierno tiene ahora la oportunidad de aclarar. El Decreto 615-26 habla de firmeza. Declara estratégicas las cuencas hidrográficas y otros recursos naturales; ordena fortalecer la prevención, investigación y persecución de agresiones graves contra el patrimonio ambiental y dispone mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciarlas.
Pues aquí hay ciudadanos denunciando. Aquí hay una organización ambiental presentando públicamente evidencias. Aquí hay un río cuya condición merece ser investigada. Y aquí está Monte Plata, precisamente una provincia donde durante años hemos visto denunciar agresiones contra ríos, montañas y bosques.
Por eso este caso trasciende al río Yaví. Se trata de comprobar cuánto trecho existe entre firmar un decreto en el Palacio Nacional y hacerlo respetar en el territorio.
Resulta particularmente oportuno recordar la advertencia que acaba de hacer la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias: República Dominicana no carece de leyes, reglamentos ni instrumentos para defender sus recursos naturales; el gran problema ha sido históricamente hacerlos cumplir.
El propio ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, dijo esta semana algo que hoy adquiere especial significado: “Hay momentos en los que proteger la naturaleza significa ejercer la autoridad del Estado”.
Ministerio de Medio Ambiente
Pues quizás este sea uno de esos momentos. Centinelas del Este ha convocado una movilización pacífica para este jueves. Pero antes de que los ciudadanos tengan que salir nuevamente a defender un río, las instituciones deberían ofrecer respuestas.
Que Medio Ambiente vaya al lugar. Que tome muestras. Que determine qué se está vertiendo y quién lo está haciendo. Que informe qué actuaciones anteriores realizó allí y, si existe alguna infracción, que aplique las consecuencias previstas por la ley.
Porque de poco serviría declarar una guerra contra el llamado “terrorismo medioambiental” si, mientras la tinta del decreto todavía está fresca, quienes atentan contra nuestros recursos naturales pueden seguir actuando con la sensación de que las disposiciones del Estado son letra muerta.
El río Yaví puede convertirse en una primera oportunidad para demostrar que esta vez no estamos frente a otro decreto para el archivo.
