Terrorismo ambiental: Monte Plata espera hechos, no otro decreto
Por Margarita de la Rosa
El presidente Luis Abinader acaba de poner nombre y categoría de prioridad nacional a una realidad que desde hace años comunidades enteras vienen denunciando: la destrucción deliberada de nuestros recursos naturales.
Mediante el Decreto 615-26, emitido el 2 de septiembre de 2026, el Poder Ejecutivo declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad del Estado la prevención, detección, investigación y combate de lo que denomina “terrorismo medioambiental”.
La disposición coloca bajo especial protección las áreas protegidas, cuencas hidrográficas prioritarias, acuíferos, presas, embalses, manglares, humedales, bosques protectores y nacimientos de ríos, así como otras infraestructuras y ecosistemas cuya afectación grave pueda comprometer la seguridad hídrica, alimentaria, ambiental o económica del país.
Más importante todavía, el decreto dispone la coordinación de varias instituciones del Estado para prevenir y enfrentar esas acciones, ordena que las agresiones contra el patrimonio ambiental sean remitidas al Ministerio Público y contempla mecanismos tecnológicos y confidenciales para que los ciudadanos puedan denunciar amenazas contra los recursos naturales, con protección para quienes colaboren de buena fe.
Todo eso suena bien. Muy bien. Pero República Dominicana tiene una larga experiencia acumulando leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas magníficamente redactados que, al momento de bajar del papel a la realidad, tropiezan con una vieja enfermedad institucional: la falta de aplicación y de consecuencias.
Si fuera únicamente por la cantidad y calidad de nuestras normas, probablemente fuéramos un país modelo. El problema nunca ha sido solamente legislar. El problema es cumplir y hacer cumplir.
Y precisamente por eso recibimos el Decreto 615-26 con esperanza, pero también con la prudencia que impone la experiencia.
La propia Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana acaba de llamar la atención sobre este punto.
La institución considera que el país ya dispone de suficientes herramientas legales para combatir los delitos ambientales y advierte que la dificultad fundamental continúa siendo el incumplimiento de las responsabilidades establecidas y la debilidad de la acción institucional.
Monte Plata es un buen lugar para comenzar
Si el Gobierno quiere demostrar que el Decreto 615-26 será algo más que una declaración de buenas intenciones, Monte Plata constituye uno de los escenarios donde puede comenzar a demostrarlo.
Nuestra provincia posee una riqueza hídrica, forestal y montañosa extraordinaria. Buena parte de la cuenca del río Ozama se extiende por Monte Plata, incluyendo territorios de Yamasá, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, Peralvillo y el municipio cabecera.
El Yabacao, uno de los principales afluentes de esa cuenca, atraviesa territorio de Bayaguana.
El Ministerio de Medio Ambiente registra, además, cuatro áreas protegidas en Monte Plata que abarcan unos 421 kilómetros cuadrados.
Pero esa extraordinaria riqueza también ha convertido a la provincia en escenario permanente de conflictos y denuncias ambientales.
En abril de este mismo año, comunitarios de Bayaguana protestaron por intervenciones en la Loma de Managua, considerada de enorme importancia ambiental por ser zona de nacimiento de ríos y arroyos que alimentan balnearios y fuentes de agua de la región.
En mayo, comunitarios, campesinos y organizaciones ambientales protestaron en Plaza Cacique denunciando presuntas afectaciones vinculadas a actividades extractivas y expresando preocupación por posibles impactos sobre ríos y otros recursos naturales. Son denuncias que corresponde a las autoridades investigar y determinar técnicamente, pero que no pueden simplemente ignorarse.
Más recientemente, Centinelas del Este hizo pública una denuncia sobre una presunta extracción de grandes cantidades de agua del río Comate para actividades agrícolas. La propia organización pidió a Medio Ambiente y a las instituciones competentes determinar la existencia de permisos, el volumen autorizado, el caudal disponible y los posibles efectos sobre el río.
Y hace apenas unas semanas, una jornada de limpieza en el río Yabacao permitió retirar miles de botellas, envases y otros residuos abandonados en uno de nuestros espacios naturales más importantes.
Son manifestaciones distintas de un mismo problema: nuestros ríos, montañas y bosques necesitan algo más que discursos de protección. Necesitan autoridad. Necesitan vigilancia. Necesitan investigación. Y, cuando corresponda, necesitan sanciones.
