De los 195 países reconocidos por la ONU, apenas 74 son considerados democracias por el EIU, mientras V-Dem advierte que las autocracias ya superan a las democracias. Y la gran pregunta queda sobre la mesa: ¿qué ocurre cuando el poder político y económico intenta ponerle dueño a la justicia?

En un planeta con 8,200 millones de habitantes en 2026 y 195 países reconocidos por la ONU, la democracia está en retroceso.

Los dos índices más prestigiosos del mundo coinciden en la cifra. El EIU (The Economist Intelligence Unit), que evalúa 167 países desde Londres con 60 indicadores, concluye en su informe 2025 que solo 74 son democracias: 26 plenas y 48 imperfectas. Eso es apenas el 41 % de los países. Las 26 plenas, encabezadas por Noruega, solo representan al 6.6 % de la población mundial. El 39.2 % vive bajo regímenes autoritarios.

El V-Dem 179 (Varieties of Democracy), de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, el estudio más grande del planeta, con 3,700 expertos evaluando 179 países, es más crudo: en 2025, por primera vez en más de 20 años, hay más autocracias (92) que democracias (87). El 72 % de la humanidad vive en autocracias y solo el 7 % en democracias liberales.

¿Qué significa democracia con poderes de contrapeso?

No es solo votar. Es tener:

• Elecciones libres y competitivas.
• Congreso independiente.
• Corte Suprema independiente.
• Ministerio Público y Tribunal Electoral autónomos.
• Prensa libre y libertades civiles.

Cuando el Ejecutivo controla la justicia, aunque haya urnas, el país deja de ser democracia y se convierte en autocracia electoral. Es lo que V-Dem llama el paso de democracia electoral a autocracia electoral.

En América Latina, el espejo es claro: solo Uruguay y Costa Rica son democracias plenas para el EIU. Chile es la tercera más sólida. Brasil, Argentina, Colombia y República Dominicana son democracias imperfectas. México, Paraguay, Ecuador y El Salvador son regímenes híbridos. Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua son autoritarios.

En estos momentos, sectores representativos del área académica, intelectual, del derecho y de ONG expresan preocupación por Honduras y República Dominicana, donde grupos con poder político y económico quieren imponer testaferros que defiendan sus intereses particulares en órganos como las Supremas Cortes de Justicia, en los procesos de selección de nuevos miembros. Los jueces de esas Altas Cortes deben ser garantía de independencia, no instrumentos de intereses.

La lección es global: sin justicia independiente, no hay democracia real. La elección de jueces supremos no puede ser un reparto partidista ni una imposición de grupos económicos. Debe basarse en méritos, honestidad, capacidad y ausencia de militancia política, para garantizar el equilibrio de poderes y la confianza ciudadana.

Porque, al final, de los 8,200 millones que habitamos este planeta, solo una minoría puede decir que vive con una justicia que lo protege del poder.