Cuando el Código 29 puede servir para encubrir otros crímenes
Cuando la Policía sustituye a la justicia
Tercera y última entrega
Por Margarita de la Rosa
Las muertes de ciudadanos durante los llamados «intercambios de disparos» continúan generando preocupación, indignación y un intenso debate en la sociedad dominicana. No solamente por la cantidad de fallecidos, sino por las circunstancias en que se producen algunas de estas actuaciones: a plena luz del día, en calles transitadas y, según denuncias, ante familiares, vecinos y niños.
Son escenas que dejan profundas interrogantes sobre los procedimientos policiales y las consecuencias humanas de una violencia que no termina con la muerte de quien es señalado como delincuente.
Con esta tercera entrega cerramos, por ahora, una serie dedicada a examinar las actuaciones policiales cuestionadas, el respeto al debido proceso y los peligros que representa permitir que quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley puedan sustituir a los tribunales.
Pero existe otra dimensión particularmente inquietante: la posibilidad de que determinados agentes vinculados al negocio de las drogas utilicen supuestos enfrentamientos para eliminar rivales, silenciar testigos o encubrir sus propias actividades criminales.
Cuando el uniforme puede proteger otros intereses
La veterana periodista dominicana Nexcy D’Leon, en un artículo de opinión publicado en el periódico Hoy, bajo el título «Policía y los intercambios de disparos», introduce una reflexión que merece especial atención.
D’Leon advierte sobre el peligro de que agentes implicados en delitos puedan eliminar a personas que conocen sus negocios y, con ello, borrar pistas que conduzcan a sus cómplices.
Su planteamiento trasciende la discusión sobre el uso excesivo de la fuerza. Nos coloca frente a una posibilidad todavía más grave: que una actuación presentada como parte de la lucha contra la delincuencia pueda esconder intereses criminales de quienes participan en ella.
¿Quién puede garantizar que detrás de determinados intercambios de disparos no se ocultan disputas por puntos de drogas, ajustes de cuentas o intentos de eliminar a quienes conocen las complicidades de algunos agentes?
La pregunta no constituye una acusación general contra la Policía Nacional. Es una hipótesis que merece investigación rigurosa, especialmente cuando existen antecedentes de agentes involucrados en homicidios y otras actividades delictivas.
Un antecedente que no debe olvidarse
La investigación especial Patrulla Letal, publicada por Diario Libre, constituye un referente importante para comprender la gravedad de estas preocupaciones.
Entre los hechos abordados figura un caso de Puerto Plata relacionado con homicidios atribuidos a agentes policiales, en el que se produjeron condenas judiciales.
Ese antecedente obliga a examinar una realidad incómoda: cuando miembros de los organismos encargados de perseguir el delito participan en actividades criminales, pueden disponer de información, armas y autoridad que faciliten abusos particularmente graves.
Por eso resulta indispensable investigar no solamente cómo murió una persona durante una intervención, sino también quién ordenó el operativo, cuáles eran sus objetivos, qué relación existía entre los involucrados y si había intereses particulares detrás de la actuación.
El drama de las familias y los niños
Hay otro aspecto que no puede quedar reducido a una estadística.
Cuando una persona muere violentamente en plena calle, el impacto alcanza a quienes presencian el hecho. Una madre que contempla la muerte de su hijo, una familia que presencia una intervención armada o unos niños expuestos a disparos pueden sufrir consecuencias que perduran mucho después de que termina el operativo.
Ninguna comunidad debería acostumbrarse a contemplar cadáveres en sus calles como si se tratara de un procedimiento normal de seguridad ciudadana.
La presencia de civiles, particularmente menores de edad, exige protocolos rigurosos de protección y una evaluación responsable del uso de la fuerza.
La lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una fuente adicional de temor para las familias dominicanas.
La responsabilidad de investigar
La Policía Nacional ha negado que exista una disposición institucional para aplicar el llamado Código 29 como una orden de eliminación de sospechosos. La expresión, popularizada en el país, se utiliza para referirse a personas muertas durante intervenciones policiales, aunque no constituye una autorización legal para matar.
La institución sostiene que sus agentes pueden responder cuando son atacados y que esas actuaciones se realizan bajo criterios de proporcionalidad.
Precisamente por eso, cada muerte debe ser esclarecida mediante investigaciones independientes, capaces de establecer si existió un enfrentamiento real, si el uso de la fuerza fue necesario y si se respetaron los procedimientos legales.
No basta con reproducir una versión oficial. Es necesario preservar las evidencias, realizar los peritajes correspondientes, escuchar a los testigos y determinar las responsabilidades.
Cuando aparecen contradicciones entre los testimonios, las imágenes y los informes policiales, el deber de investigar se vuelve todavía más urgente.
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HISTORIA
