El pueblo pagó esos equipos y tiene derecho a saber cuánto costaron, dónde están las grabaciones y por qué todavía no aparecen las imágenes que podrían arrojar luz sobre los cuestionados “intercambios de disparos”.

Por Augusto Álvarez

Las cámaras corporales utilizadas por los agentes de la Policía Nacional salieron, como todo equipo adquirido por el Estado, de los impuestos que paga el pueblo dominicano.

Entonces surge una pregunta elemental: ¿se puede saber cuál fue el costo total de esas cámaras, o ese dato forma parte de la discrecionalidad oficial?

La ciudadanía que las pagó tiene derecho a conocer cuánto se invirtió, cuántas fueron adquiridas, bajo qué condiciones y, sobre todo, qué resultados concretos están produciendo.

Y hay otra pregunta todavía más incómoda: ¿quién podría garantizar que las cámaras estaban funcionando correctamente durante una actuación policial cuestionada?

Ya en el pasado hemos conocido situaciones en las que equipos destinados a registrar actuaciones oficiales han presentado supuestas fallas técnicas, como ocurrió en el destacamento de Naco.

Por eso, si ahora se pretende vender las cámaras corporales como una garantía de transparencia, debe existir también un mecanismo independiente que certifique que estaban encendidas, que grabaron el procedimiento y que las imágenes permanecieron intactas.

Las cámaras corporales fueron anunciadas como una herramienta para aportar transparencia, fortalecer las investigaciones y dejar constancia de lo ocurrido durante las actuaciones policiales.

Pero, a estas alturas, existe una pregunta que nadie debería esquivar: ¿dónde están las imágenes que permitan comprobar qué ocurrió realmente en los enfrentamientos en los que han muerto supuestos delincuentes?

Porque una cámara que nadie puede ver, o cuyas grabaciones no aparecen cuando una actuación policial genera cuestionamientos, corre el riesgo de convertirse en un simple anuncio tecnológico y no en un verdadero instrumento de transparencia.

Hasta ahora, no se ha conocido públicamente, de manera sistemática, un solo video que permita a la ciudadanía comprobar que determinadas muertes se produjeron efectivamente durante un intercambio de disparos.

Tampoco abundan las imágenes que permitan observar a supuestos delincuentes atacando a agentes policiales antes de que estos respondan con sus armas de fuego.

Y ahí está el meollo del asunto. Si las cámaras fueron compradas precisamente para documentar las actuaciones policiales, ¿por qué no aparecen las evidencias audiovisuales de los casos que generan mayores interrogantes?

El famoso “sello” de las cámaras corporales corre así el peligro de convertirse en un cuento, en una especie de teatro tecnológico, si no existe un sistema transparente que garantice que las grabaciones se conserven, sean auditadas y puedan ser examinadas por fiscales, jueces y organismos de control.

Una cámara encendida no garantiza por sí sola la verdad. La garantía está en que nadie pueda borrar, manipular, ocultar o seleccionar convenientemente las imágenes. De lo contrario, tendremos policías con cámaras, pero ciudadanos todavía sin respuestas.

El país no necesita más anuncios espectaculares ni “allante y movimiento”. Necesita evidencia. Si un agente actuó correctamente, que el video lo demuestre. Si hubo un intercambio de disparos, que las imágenes y las demás pruebas lo confirmen. Y si hubo una actuación irregular, que también quede registrada y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Las cámaras corporales pueden ser una herramienta extraordinaria para proteger al policía y al ciudadano. Pero. para eso tienen que funcionar como instrumentos de transparencia y no como simples accesorios del uniforme. Y si el pueblo las pagó, también tiene derecho a saber cuánto costaron y qué están haciendo con ellas.

Porque, en buen dominicano, una cámara que fue comprada para mostrar la verdad y nunca aparece cuando más se necesita, termina pareciéndose demasiado a una cámara de adorno.