El voto de ultramar se respeta y se defiende
Por Julio Feliz
Eso es lo último que debemos permitir, que nos arrebaten uno de los grandes anhelos del doctor José Francisco Peña Gómez, quien luchó incansablemente para que los dominicanos residentes en el exterior tuvieran el derecho de participar en las decisiones políticas de su patria.
Cuestionar el voto de ultramar y proponer su eliminación constituye un acto de desprecio hacia la diáspora dominicana. Sería una vergüenza aceptar semejante retroceso, especialmente cuando nuestra organización política ha ganado las últimas cuatro elecciones en el exterior: 2012, 2016, 2020 y 2024.
El voto de ultramar no es un privilegio ni una concesión de ningún gobierno o partido político: es un derecho ciudadano consagrado en la Constitución dominicana.
El artículo 21, numeral 1, reconoce la ciudadanía de todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años, así como de quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan alcanzado esa edad. Este reconocimiento constitucional no desaparece por el hecho de que un ciudadano establezca su residencia fuera del territorio nacional.
De igual manera, el artículo 22, numeral 1, establece entre los derechos fundamentales de la ciudadanía el de elegir y ser elegible para los cargos establecidos por la Constitución. Por consiguiente, impedir o eliminar el voto de los dominicanos residentes en el exterior sería limitar el ejercicio de un derecho político que la propia Carta Magna les reconoce.
La distancia geográfica no elimina la ciudadanía, no disminuye el amor por la patria ni convierte a los dominicanos del exterior en ciudadanos de segunda categoría. La diáspora sostiene a sus familias, contribuye de manera decisiva a la economía nacional mediante las remesas, promueve nuestra cultura y defiende permanentemente los mejores intereses de la República Dominicana.
Eliminar este derecho sería desconocer el esfuerzo y el legado del doctor José Francisco Peña Gómez, quien realizó grandes sacrificios políticos para alcanzar esa conquista democrática. También sería darle la espalda a millones de dominicanos que, aunque viven fuera del país, continúan vinculados profundamente con su nación.
No podemos permitir que esa lucha sea desestimada, olvidada o utilizada como moneda de negociación política. Los derechos conquistados no se eliminan: se protegen, se fortalecen y se amplían.
¡La ciudadanía dominicana no termina en nuestras fronteras!
¡El legado de Peña Gómez se respeta!
¡El voto de los dominicanos en el exterior se respeta y se defiende!
Referencia: Constitución de la República Dominicana de 2024 — Tribunal Constitucional.
