Cuando las tragedias ocurren en hospitales destinados principalmente a los pobres, sobran las declaraciones de “tolerancia cero”, pero lo que la sociedad reclama son investigaciones, responsabilidades y consecuencias

Por Augusto Álvarez

Definitivamente, el escenario desastroso que vuelve a sacudir a maternidades públicas como la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué significa realmente la anunciada “tolerancia cero” cuando las víctimas son madres y criaturas de familias humildes?

Aquí no debería haber espacio para que ningún político busque un bajadero para evadir la responsabilidad que corresponde a las autoridades frente a una cadena de hechos que terminan con criaturas que, según las denuncias y reportes conocidos, prácticamente se van antes de tener la oportunidad de ver la luz.

Se ha informado que en la Maternidad de La Altagracia habrían muerto 31 neonatos. La cifra, por su gravedad, reclama una investigación seria, transparente y sin maquillajes. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo negligencia? ¿Fallaron los protocolos? ¿Existieron problemas de higiene, personal, equipos, medicamentos o supervisión? Y, sobre todo, ¿habrá consecuencias si se comprueba que hubo responsabilidades?

Porque las familias no necesitan únicamente explicaciones oficiales. Necesitan saber la verdad.

¿Y la “tolerancia cero”?

Resuenan las conocidas frases oficiales de “tolerancia cero” cada vez que ocurre una tragedia en el sistema sanitario. Pero conviene recordar que en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina se produjo, en años recientes, una situación igualmente estremecedora con la muerte de decenas de recién nacidos.

Entonces también se anunciaron investigaciones y se habló de responsabilidades.

La pregunta inevitable es: ¿qué se corrigió realmente después de aquella tragedia?

Porque si vuelven a producirse situaciones similares, algo está fallando. Y si después de cada crisis se anuncian investigaciones, pero el resultado termina diluyéndose con el paso del tiempo, la famosa “tolerancia cero” corre el riesgo de convertirse en una simple consigna para apagar el incendio mediático.

Una bacteria no puede convertirse en una excusa

La afirmación de la vicepresidenta Raquel Peña de que algunas de las víctimas habrían fallecido a causa de una afección bacteriana tampoco puede cerrar el debate.

Precisamente ahí comienza una de las preguntas fundamentales: ¿cómo llegaron esas bacterias a afectar a recién nacidos extremadamente vulnerables?

Si existieron infecciones, debe determinarse si fueron inevitables o si estuvieron relacionadas con condiciones de higiene, protocolos sanitarios, infraestructura, manejo de los pacientes, falta de recursos o cualquier otra falla.

Una infección puede tener causas médicas inevitables, pero también puede revelar deficiencias que deben ser investigadas. Y eso corresponde determinarlo a una investigación técnica, independiente y transparente, no a declaraciones políticas.

La salud de los pobres no puede valer menos

Hay otra realidad que tampoco debemos esconder debajo de la alfombra.

Los centros donde se han producido algunos de estos graves episodios atienden fundamentalmente a familias de escasos recursos, mientras quienes tienen mayores posibilidades económicas suelen recurrir a centros privados especializados o, incluso, buscar atención médica fuera del país.

Ahí está una de las grandes desigualdades del sistema.

Los pobres no pueden escoger dónde dar a luz. No pueden tomar un avión cuando un embarazo se complica. No pueden pagar una habitación privada ni contratar equipos médicos particulares.

Dependen del hospital público.

Por eso, cuando una madre humilde entra a una maternidad pública, el Estado tiene una obligación todavía mayor de garantizarle atención digna, segura y de calidad.

No basta con decir “tolerancia cero”.

La verdadera tolerancia cero debe comenzar por investigar hasta las últimas consecuencias, establecer responsabilidades y corregir las fallas para que ninguna madre tenga que salir de una maternidad pública con el ataúd de su hijo en los brazos.

Porque en materia de salud pública, la pobreza nunca puede ser una sentencia de muerte.