¿De qué reforma policial habla Rodríguez García?
El director de la Policía dice que cumplirá todos los mandatos del presidente Abinader. Pero la pregunta es simple: ¿dónde están los resultados de la famosa reforma y hasta dónde llega la obediencia cuando la ley está por encima de cualquier mandato?
Buenos días…
Arrancamos con una pregunta directa al director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García: ¿de qué reforma policial habla usted?
¿Cuáles son los resultados concretos de esa llamada “reforma” policial? ¿Dónde están los cambios profundos? ¿Se ha producido una depuración seria, transparente y sin privilegios dentro de la institución? ¿Se han desmontado las viejas estructuras que durante años han contaminado a la Policía?
Porque para hablar de reforma no basta con cambiar nombres, mover funcionarios o anunciar nuevas estrategias. Una reforma de verdad se mide por resultados, por transparencia y por la capacidad de cortar de raíz las prácticas que han desacreditado a la institución.
¿Reforma o obediencia? Por cierto, entre las versiones que han circulado sobre las circunstancias que rodearon la destitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz como director de la Policía Nacional figura una particularmente delicada, que habría objetado la designación de un ciudadano ecuatoriano para ocupar una posición financiera dentro de la institución.
¿Por qué se habría opuesto? No lo sabemos. Y como no tenemos una explicación oficial, no vamos a inventarla. Que cada quien saque sus conclusiones.
Pero ese episodio merece una explicación pública. Cuando un director de la Policía es sustituido y alrededor de su salida aparecen versiones de esta naturaleza, el silencio oficial alimenta las sospechas.
El director de la Policía no puede ser un figurín. Rodríguez García ha declarado que cumplirá con “todos los mandatos” del presidente Luis Abinader. Y eso merece una precisión.
El director de la Policía debe cumplir las disposiciones legales y las instrucciones legítimas de la autoridad superior, naturalmente. Pero no puede convertirse en un simple figurín, cuya función sea ejecutar órdenes sin criterio institucional propio.
La Policía Nacional no es una finca particular. Es una institución pública sometida a la Constitución, a la Ley 590-16, sus reglamentos y demás normas que regulan su funcionamiento.
El presidente de la República tiene autoridad constitucional sobre la institución, pero nadie está por encima de la ley.
Por eso, si de reforma policial hablamos, comencemos por ahí: ley, transparencia, disciplina, depuración y rendición de cuentas.
¿Y el “hambre cero”? Mientras tanto, hasta fuera de República Dominicana han comenzado a cuestionarse las proclamaciones oficiales sobre el supuesto “Hambre Cero” en el país.
Y aquí hay que hablar claro: no se puede combatir el hambre con propaganda.
Si todavía existen miles de familias que tienen dificultades para llevar alimentos suficientes a sus hogares, el Gobierno tiene que explicar qué está ocurriendo y dónde están los resultados de los programas destinados a enfrentar la inseguridad alimentaria.
El hambre no entiende de discursos. El estómago tampoco vota por estadísticas.
Y llegamos al espinoso caso de los 271 kilos de cocaína ocupados en Haina, un expediente que provocó un verdadero corre-corre y que, según las versiones que han circulado, habría derivado en la suspensión y destitución de dos generales, directores regionales y varios oficiales policiales.
También se ha hablado de la intervención directa de un poderoso funcionario. Pero hasta ahora no conocemos una explicación oficial que despeje todas las dudas. Y ahí está el problema.
Un caso de esta magnitud no puede permanecer en una especie de limbo informativo, mientras oficiales de alto rango permanecen fuera de sus funciones y el país se queda preguntando ¿qué ocurrió realmente?
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, tiene una enorme responsabilidad institucional sobre este y otros expedientes de alto impacto.
Y si, como se ha rumorado, su nombre figura entre los posibles candidatos para presidir la Suprema Corte de Justicia o alguna de sus altas jurisdicciones, entonces la exigencia de transparencia es todavía mayor.
No estamos pidiendo una sentencia por televisión. Estamos pidiendo información.
¿Quiénes participaron? ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes fueron investigados? ¿Por qué fueron suspendidos y destituidos determinados oficiales? ¿Qué estableció la investigación? ¿El expediente está abierto, cerrado o dormido?
Porque cuando se trata de 271 kilos de cocaína, generales, coroneles y funcionarios de alto nivel, el país no puede conformarse con rumores de pasillo.
La transparencia no puede ser selectiva. Ni en la Policía, ni en la Procuraduría, ni en el Gobierno.
Y si realmente estamos hablando de una reforma policial, entonces que nos enseñen los resultados.
Porque cambiar de director no es reformar la Policía. Cambiar de uniforme tampoco. Y obedecer órdenes, mucho menos.
Y al cierre…
Por ahora, Washington parece cambiar los misiles por las sanciones, mientras Irán cambia la ofensiva militar por la resistencia económica y diplomática.
Pero el problema sigue intacto: Ormuz permanece bajo presión, las conversaciones están estancadas y ninguno de los dos gobiernos parece dispuesto a mostrar todas sus cartas.
El mundo puede respirar un poco más tranquilo porque Estados Unidos no prepara, por ahora, nuevos ataques de gran escala.
Pero en esta crisis una cosa es segura: cuando Irán habla de Ormuz y Washington habla de sanciones, el petróleo escucha. Y cuando el petróleo escucha, el mundo entero termina pagando.
