Treinta y una muertes que obligan a mirar más allá de las estadísticas

Por Margarita de la Rosa
La muerte de 31 recién nacidos entre julio y el 24 de agosto en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia constituye un hecho demasiado grave para que termine reducido a explicaciones estadísticas, comunicados oficiales o al impacto noticioso de unos cuantos días.
Las autoridades sanitarias han informado que investigan un brote de microorganismos multirresistentes y sostienen que, de los 17 neonatos fallecidos en agosto, tres dieron positivo a las bacterias Klebsiella y Serratia, mientras atribuyen las demás defunciones a condiciones de alta complejidad neonatal. Otros 15 recién nacidos presentaron hemocultivos positivos.
Precisamente porque no todas las muertes pueden atribuirse automáticamente a la contaminación bacteriana, corresponde a las autoridades establecer, caso por caso y con absoluta transparencia, qué ocurrió, cuándo apareció el brote, dónde se originó, qué medidas de prevención existían y si se actuó oportunamente.
El problema no puede verse como un episodio aislado. Las propias estadísticas oficiales indican que durante 2024 esa maternidad registró 150 muertes neonatales entre 7,717 nacidos vivos, para una tasa de 19.44 por cada mil. Naturalmente, mortalidad neonatal no equivale a infección hospitalaria; muchas defunciones obedecen a prematuridad y patologías graves. Pero las cifras obligan a mirar con profundidad las condiciones en que funciona uno de los principales centros maternos del país.
Y aquí surge una preocupación mayor: ¿qué tan rigurosos son nuestros controles de infecciones intrahospitalarias?
Con frecuencia llegan denuncias sobre precariedades elementales en hospitales públicos, incluso dificultades para disponer permanentemente de materiales indispensables para la limpieza y desinfección. Si esas informaciones son ciertas, también deben investigarse. La higiene hospitalaria no es un asunto cosmético: puede convertirse literalmente en una cuestión de vida o muerte.
Hace poco conocí de cerca un caso que aumentó mi preocupación. Una persona muy querida ingresó en buenas condiciones a un reconocido y moderno centro de salud para realizarse una biopsia. Posteriormente desarrolló una grave infección que, según la apreciación de sus familiares y las informaciones médicas que recibieron, pudo estar asociada al procedimiento. Las complicaciones posteriores casi le cuestan la vida a esa persona que llegó sano a realizarse un estudio.
Un familiar suyo, médico, me hizo una observación inquietante: aun teniendo la convicción de que la contaminación se produjo durante aquel procedimiento, demostrar dónde y cuándo se adquirió una infección puede resultar extraordinariamente difícil.
Ese es precisamente otro aspecto que debería preocuparnos. ¿Cuántas infecciones hospitalarias ocurren realmente? ¿Cuántas se investigan hasta determinar su origen? ¿Cuántas quedan diluidas entre complicaciones posteriores sin que el paciente o sus familiares puedan demostrar qué sucedió?
No se trata de condenar anticipadamente a médicos, enfermeras ni hospitales. Se trata de exigir sistemas rigurosos de vigilancia, higiene, desinfección, trazabilidad de las infecciones y rendición de cuentas.
El Servicio Nacional de Salud ha anunciado “tolerancia cero” frente a la mortalidad materno-infantil evitable. Es una declaración importante. Ahora corresponde demostrarla con investigaciones transparentes, resultados públicos y medidas correctivas concretas.
Treinta y una muertes de recién nacidos en menos de dos meses son suficientes para encender todas las alarmas.


