¡Que abran las cuentas! FP desafía al Gobierno a revelar quién cobra y quién financia la reforma policial

Mediante un comunicado, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la FP, Josefina Reynoso, afirmó que el caso del nuevo asesor financiero forma parte de una preocupación más amplia relacionada con el costo real de la reforma policial, los contratos de consultoría, las fuentes de financiamiento y los resultados obtenidos desde el inicio del proceso.

«El Gobierno presenta internacionalmente otro asesor, ahora en el área financiera para la reforma policial, pero no informa qué institución lo contrata, por cuál vía se le paga, cuánto recibe ni con cargo a qué fuente presupuestaria, programa, fideicomiso o mecanismo de cooperación se financian sus servicios», expresó Reynoso.

La dirigente opositora sostuvo que no puede hablarse de una verdadera transformación institucional mientras permanezcan en la opacidad los contratos, los honorarios de asesores y consultores, así como el origen y destino de los recursos utilizados en la reforma.

Reynoso señaló que un asesor con responsabilidades en el diseño financiero de la Policía Nacional puede incidir en decisiones vinculadas al presupuesto, las compras, las contrataciones, la logística, la tecnología, el equipamiento y el funcionamiento operativo de la institución, por lo que consideró indispensable que su designación, funciones y responsabilidades estén respaldadas por actos públicos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

«El país tiene derecho a saber quién administra y supervisa los recursos destinados a la reforma policial, quiénes reciben pagos y cuáles resultados concretos se han obtenido. No se puede anunciar una nueva etapa sin explicar qué ocurrió con la anterior», afirmó.

En ese sentido, la Fuerza del Pueblo reclamó que el Gobierno publique los contratos, designaciones o cualquier acto administrativo que sustente la contratación de los asesores vinculados a la reforma policial desde 2021 hasta la fecha, así como las instituciones responsables de sus pagos, los montos de sus honorarios, los beneficios recibidos, la fuente presupuestaria utilizada, los términos de referencia, los informes entregados y el alcance de sus funciones.

Asimismo, pidió transparentar todos los recursos destinados a la reforma policial, independientemente de si son administrados por la Presidencia de la República, el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, fideicomisos, proyectos especiales, organismos internacionales o empresas contratistas, con el fin de establecer el costo real del proceso.

La organización también reiteró su solicitud de que la Cámara de Cuentas realice una auditoría especial, integral e independiente sobre todos los fondos invertidos en la reforma policial, incluyendo asesorías, consultorías, compras, capacitación, infraestructura, tecnología, logística y cooperación internacional.

«Seis años de promesas y anuncios, y el país todavía desconoce cuánto cuesta realmente la reforma policial, quién administra esos recursos y cuáles han sido sus resultados. La inseguridad que perciben los ciudadanos demuestra que aún quedan muchas respuestas por ofrecer», manifestó Reynoso.

Finalmente, sostuvo que «la transparencia no es una concesión del Gobierno, sino una obligación constitucional», y reiteró que las autoridades deben informar quiénes han sido contratados, cuánto reciben por sus servicios, quién supervisa su trabajo y cuáles resultados concretos han entregado. «La seguridad ciudadana no puede administrarse desde la opacidad», concluyó.