Buenos días… 

Este medio acepta sugerencias. No órdenes. Tiene una línea clara, firme e innegociable: condena la corrupción, la impunidad, la delincuencia —venga de donde venga—, el crimen organizado, el narcotráfico, el microtráfico, la narcopolítica y los abusos cometidos contra la población.

Y hay algo aún más claro: a este medio no le interesa la vida privada de nadie, ni siquiera la del presidente de la República. Lo que interesa es la conducta pública de quienes administran el Estado y ejercen el poder.

También es hora de que el Colegio Dominicano de Periodistas, si todavía pretende representar al sector, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa asuman una posición firme contra cualquier intento de penalizar la libertad de expresión. Su deber es defender el derecho de periodistas y comunicadores a investigar, opinar y denunciar sin terminar esposados, encarcelados, intimidados o sometidos al terror judicial.

Eso sí, tampoco confundamos libertad con irresponsabilidad. Ningún periodista, comunicador o medio tiene derecho a difamar, injuriar, chantajear, extorsionar o lanzar acusaciones a la ligera. La credibilidad se construye con hechos, no con rumores.

Pero cuando existen pruebas, documentos y evidencias, nadie puede imponer una mordaza. Nadie tiene derecho a impedir que la verdad salga a la luz.

Como afirmó la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, la libertad de prensa y la libertad de expresión son el oxígeno de la democracia. Y, aunque golpeada y cada vez más tensionada, la democracia dominicana sigue respirando.

Conviene recordarlo: la libertad de expresión no es libertinaje. Los medios están para fiscalizar el poder, denunciar los abusos y defender el interés público, no para convertirse en instrumentos de insulto, difamación o campañas de descrédito.

Y algo más, quienes se sienten amenazados por la libertad de prensa rara vez son ciudadanos honestos. Los verdaderos enemigos de una prensa libre suelen ser los corruptos, los narcotraficantes, los narcopolíticos, el crimen organizado y quienes viven de la impunidad. Ellos son los primeros interesados en silenciar las voces incómodas y en convertir el miedo en política de Estado.

Por eso, a esos sectores les conviene una ley mordaza. Les resulta más cómodo un periodista callado que un periodista investigando; un comunicador intimidado que uno haciendo preguntas o un pueblo desinformado que una ciudadanía vigilante. La verdad siempre incomoda a quienes tienen algo que esconder.

Y, por cierto, el presidente Luis Abinader le debe una explicación al país. ¿Por qué un ciudadano ecuatoriano dirige las finanzas de la Policía Nacional, una institución estratégica para la seguridad nacional? La pregunta no es un ataque personal, es una exigencia de transparencia.

Mucho más cuando esa institución arrastra años de cuestionamientos, auditorías con hallazgos sobre presuntas irregularidades administrativas, denuncias de corrupción y graves acusaciones por ejecuciones extrajudiciales. En una democracia, las preguntas no son un delito. Lo peligroso es cuando el poder deja de responderlas.

El doctor Leonel Fernández calificó el mercado binacional entre República Dominicana y Haití como un verdadero desorden, un caos total. Afirmó que ese escenario no beneficia a nadie y llamó la atención sobre la falta de higiene.

Pero fue más lejos. Al observar las condiciones del lugar, sentenció: «Eso no parece República Dominicana, eso parece un pedazo de Haití en República Dominicana».

Y, por cierto, la Policía Nacional vuelve a quedar atrapada en otro escándalo. Una auditoría detectó presuntas irregularidades por más de RD$6,500 millones entre los años 2020 y 2022, precisamente durante el gobierno de Luis Abinader y en pleno inicio de la tan cacareada reforma policial.

Entonces surgen las preguntas de rigor: ¿Ese era el cambio prometido? ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están los sometimientos? ¿Dónde están los presos? ¿Habrá consecuencias o todo quedará en otro expediente para el olvido? Aquí hay un lío… y no es pequeño.

La auditoría al Hospital Docente de la Policía Nacional, correspondiente a la administración del hoy director general de la institución, Andrés Modesto Cruz Cruz, detectó presuntas irregularidades millonarias. ¿Y cuál fue el resultado? Un ascenso.

La auditoría practicada a la DIGESETT, durante la gestión de Ramón Antonio Guzmán Peralta, también detectó presuntas irregularidades. ¿Y qué pasó? Nada. Otro ascenso.

La auditoría realizada a POLITUR, durante la gestión de Minoru Matsunaga Matsunaga, igualmente detectó presuntas irregularidades. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Ninguna. Sigue en el cargo y, además, aspira a dirigir la Policía Nacional.

La auditoría al Instituto Policial de Educación (IPE) también arrojó presuntas irregularidades millonarias. ¿Y qué ha ocurrido? Absolutamente nada.

Entonces, que alguien le explique al país si esto es combatir la corrupción o graduarla con honores. Porque cuando las auditorías terminan en ascensos, la transparencia pierde y la impunidad celebra.