SANTO DOMINGO, R.D.

El Ministerio de Justicia continúa el proceso de evaluación del sistema penitenciario con un levantamiento de las condiciones de los centros de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, y de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, en La Vega, como parte de los preparativos para implementar la figura de Oficiales de Derechos Humanos en los recintos penitenciarios y correccionales del país.

La jornada fue realizada por una comisión designada por el Ministerio de Justicia, integrada por Noel Sued Canahuate, viceministro de Derechos Humanos; Juan Dionicio Rodríguez, viceministro de Políticas Públicas, y Sandra Fernández, directora de Políticas Penitenciarias y Correccionales.

Durante el recorrido, la comisión evaluó las condiciones de los centros y levantó información sobre la situación de las personas privadas de libertad, el personal que presta servicios en los recintos y quienes acuden a visitarlos.

La visita forma parte de un proceso más amplio de diagnóstico y fortalecimiento institucional. En julio pasado, la misma comisión realizó un levantamiento en los centros Haras Nacionales y Las Parras, ubicados en el Gran Santo Domingo.

Supervisión permanente

Los centros visitados han sido priorizados para la implementación de la iniciativa de Oficiales de Derechos Humanos ante el Sistema Penitenciario y Correccional, concebida como un mecanismo de supervisión y prevención para fortalecer la protección de los derechos fundamentales dentro de los recintos.

Los oficiales tendrán entre sus principales responsabilidades vigilar la protección y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, así como del personal penitenciario y administrativo, familiares y visitantes.

También deberán monitorear de manera permanente las condiciones de los centros, identificar situaciones que requieran intervención y elaborar informes técnicos que serán remitidos al Ministerio de Justicia para que se adopten las medidas correspondientes.

Una mirada más allá de los internos

La iniciativa plantea una supervisión integral del sistema, al tomar en cuenta no solo las condiciones de quienes cumplen medidas privativas de libertad, sino también las circunstancias en las que trabajan los empleados penitenciarios y las condiciones en que familiares y visitantes ingresan a los centros.

El Ministerio de Justicia sostiene que esta estrategia forma parte del proceso de fortalecimiento institucional y de promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario y correccional.

Con la implementación de los Oficiales de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia reafirma su propósito de avanzar hacia un sistema penitenciario más humano, transparente y respetuoso de la dignidad de todas las personas, en correspondencia con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.