SANTO DOMINGO, R.D.

La presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global, Rebeca Henríquez, reclamó al Congreso Nacional la aprobación, con carácter de urgencia, del Proyecto de Ley de Protección a Víctimas y Testigos, iniciativa que, según afirmó, permanece pendiente desde diciembre de 2024.

Henríquez advirtió que no puede existir una justicia verdaderamente efectiva si quienes conocen hechos delictivos, actos de corrupción o presuntas irregularidades tienen que escoger entre hablar y exponerse a represalias, o guardar silencio para proteger sus vidas y las de sus familiares.

“Desde la Fundación Derechos Humanos Global elevamos un llamado al Congreso Nacional para que apruebe con carácter de urgencia el Proyecto de Ley de Protección a Víctimas y Testigos”, sostuvo.

La dirigente social afirmó que República Dominicana atraviesa un escenario de creciente preocupación ciudadana por los hechos de violencia, las denuncias sobre presuntas irregularidades en instituciones públicas y un ambiente que, a su juicio, desestimula a muchas personas a acudir ante las autoridades.

El miedo también impide denunciar

Henríquez reveló que, en el ejercicio de las labores de la Fundación, han recibido manifestaciones de personas que aseguran tener conocimiento de presuntas irregularidades, hechos violentos y supuestos actos de corrupción, pero que se niegan a denunciarlos públicamente por temor.

Según explicó, algunas de esas personas expresan preocupación por posibles represalias contra ellas o sus familiares.

“Muchos casos quedan sin esclarecerse, no por falta de información, sino por falta de garantías”, afirmó.

A juicio de Henríquez, esa situación demuestra la necesidad de establecer un sistema de protección que no se limite a una declaración de principios, sino que garantice seguridad efectiva a quienes decidan colaborar con las investigaciones.

¿Quién protege al que habla?

La presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global planteó una interrogante que, según dijo, forma parte de la preocupación de numerosos ciudadanos:

¿Por qué una legislación de esta naturaleza continúa esperando?

Henríquez señaló que existe una percepción pública de que, en determinadas circunstancias, el Estado puede actuar con mayor rapidez frente a delitos comunes que ante denuncias relacionadas con presuntas irregularidades dentro de instituciones.

“¿Será que esta ley no se aprueba con prontitud porque, en percepción pública, dentro del propio Estado se observa mayor tolerancia a la corrupción que a la delincuencia común en las calles?”, cuestionó.

Aclaró que se trata de una interrogante que surge de la desconfianza ciudadana y de lo que, según sostuvo, se observa cotidianamente.

“Si se protege al testigo, se facilita que se conozca la verdad completa: la de los delitos comunes, pero también la de quienes desde cargos públicos pudieran estar abusando de su posición”, agregó.

Justicia sin mirar el apellido

Henríquez sostuvo que la justicia no puede funcionar únicamente contra quienes tienen menos poder, mientras las denuncias que involucren a personas con influencia política, económica o institucional quedan atrapadas en la burocracia o el silencio.

“No puede haber justicia que persiga solo al débil y olvide al poderoso”, afirmó.

También expresó preocupación por inquietudes públicas relacionadas con posibles fallas o alteraciones en procesos periciales, situaciones que, según indicó, han generado interrogantes sobre la integridad de determinados procedimientos dentro del sistema de justicia.

En ese contexto, insistió en que cualquier denuncia debe ser investigada por las autoridades competentes y que quienes aporten información deben contar con garantías suficientes para hacerlo sin poner en riesgo su integridad.

Cinco razones para aprobarla

La presidenta de Derechos Humanos Global enumeró los beneficios que, a su entender, tendría la aprobación de una legislación integral de protección a víctimas y testigos.

• Primero, permitiría que personas que actualmente guardan silencio por temor puedan aportar información a las autoridades.

•  Segundo, fortalecería las investigaciones judiciales al facilitar testimonios protegidos y permitir procesos más completos.

• Tercero, contribuiría a mejorar la transparencia institucional al crear condiciones para que salgan a la luz presuntas irregularidades dentro de organismos públicos y privados.

• Cuarto, ayudaría a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, al demostrar que el Estado puede proteger a quienes colaboran con la justicia.

• Y quinto, fortalecería la lucha contra la impunidad, al reducir el temor que muchas personas sienten cuando deben declarar contra quienes podrían tener capacidad para tomar represalias.

“La verdad no puede costar la vida”

Henríquez llamó al Gobierno, al Congreso Nacional y a las organizaciones de la sociedad civil a trabajar conjuntamente en la aprobación de la legislación y en la creación de protocolos que garanticen una protección real, efectiva y sostenida.

Afirmó que no basta con aprobar una ley si luego el Estado carece de los mecanismos necesarios para proteger a quienes recurran a ella.

“La verdad no puede ser un acto de heroísmo que se pague con la vida”, sostuvo.

Y lanzó su reclamo: “¡Ley de protección a testigos ya!”

Para Henríquez, República Dominicana necesita finalmente un marco legal que deje claro un principio elemental, quien decide colaborar con la justicia no puede convertirse en víctima por haber dicho la verdad.