En la Policía Nacional nunca faltan los escándalos

Buenos días…

Y ¡Cógelo, Picante! no se equivocaba cuando advertía, hace apenas unos meses, que al frente de la Policía Nacional debía colocarse un oficial con experiencia, capacidad gerencial, trayectoria intachable y sin vínculos, sospechas ni cuestionamientos relacionados con la corrupción o el narcotráfico. Un hombre sin cola que le pisen.

El tiempo, una vez más, parece estar dándonos la razón. Y lamentablemente, la Policía Nacional sigue transitando un camino peligroso, de escándalo en escándalo, de cuestionamiento en cuestionamiento, de crisis en crisis.

No cesan las denuncias. No cesan los abusos. No cesan los atropellos contra ciudadanos. Tampoco desaparecen las acusaciones de uso excesivo de la fuerza ni los hechos que terminan en tragedias humanas.

El reciente y repudiable asesinato de un joven en La Vega es una muestra dolorosa de una realidad que sigue golpeando la conciencia nacional.

Lo más preocupante es que, frente a estos acontecimientos, el presidente Luis Abinader y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, parecen haber optado por el silencio. Y cuando el silencio sustituye las explicaciones, las sospechas ocupan su lugar. 

Y el director de la Policía, dizque orando para que las cosas salgan bien, cuando lo que el país necesita no son rezos, sino respuestas.

Ese mutismo oficial no solo deteriora la imagen de la Policía Nacional, también erosiona la credibilidad del Gobierno y alimenta la percepción de que las autoridades prefieren administrar las crisis antes que enfrentarlas.

Nosotros no somos fiscales para acusar ni jueces para condenar. Pero el pueblo sí tiene derecho a actuar como jurado de la opinión pública. Que observe. Que escuche. Que compare. Y que saque sus propias conclusiones.

Mientras tanto, recordamos aquel viejo refrán: «Guerra avisada no mata soldados».

Advertimos lo que podía ocurrir cuando se ignoraban las señales de alerta. Advertimos sobre los riesgos de colocar al frente de una institución tan sensible a una figura rodeada de cuestionamientos y sin la experiencia que muchos consideraban necesaria para dirigir una reforma policial que prometía transformar la institución.

Y como diría Cantinflas: ahí está el detalle.

Por eso, el Látigo también tiene razón cuando exige que se rompa el silencio alrededor del caso de los dos generales que, según versiones ampliamente difundidas, habrían sido suspendidos, mientras se desarrollan investigaciones relacionadas con un delicado expediente.

Las autoridades tienen la obligación de informar qué está ocurriendo. Deben aclarar los hechos. Deben desmontar los rumores si son falsos. Y deben confirmar la verdad si los señalamientos tienen fundamento.

Lo que no pueden hacer es esconderse detrás del silencio, porque cada día sin respuestas fortalece las especulaciones.

Y lo que está en juego no es poca cosa. Está en juego la reputación de dos oficiales generales, sus carreras profesionales, sus familias y la confianza pública en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

Presidente Abinader: ya basta de escándalos en la Policía Nacional. Porque quien termina pagando las consecuencias no es el Gobierno ni los altos funcionarios.

Quien pierde es el pueblo dominicano. El ciudadano que sale a trabajar con miedo. La madre que teme por sus hijos, como los padres que vieron como su hijo fue ejecutado en La Vega. El comerciante que vive preocupado por la delincuencia. La familia que percibe que el crimen organizado y la inseguridad continúan ganando terreno.

Y esa percepción, justa o injusta, no puede seguir creciendo.

¡Ahhh! Y sería profundamente injusto que, si las denuncias resultan ciertas, toda la responsabilidad termine descargándose sobre un coronel, como suele ocurrir en algunos casos, que para salvar a unos, hunden a otros.

Muchos agentes sostienen que determinadas operaciones no se ejecutan de manera aislada ni por decisión individual.

Por eso, cualquier investigación seria debe llegar hasta donde conduzcan las evidencias, sin chivos expiatorios, sin privilegios y sin protegidos.

Porque si algo destruye la confianza pública es la sensación de que unos pagan y otros son protegidos.

La realidad es simple: sea cierto o sea falso lo que hoy se comenta, la duda seguirá viva mientras las autoridades continúen negándose a ofrecer explicaciones.

Y cambiando de ruta… Seguimos creyendo que resulta poco profesional que un comunicador afirme poseer información delicada, respaldada supuestamente por pruebas contundentes, y decida ocultarla bajo el argumento de evitar un escándalo nacional o internacional.

El periodismo está para informar, no para guardar secretos. La transparencia es un deber.

Y cuando alguien asegura tener pruebas y no las presenta, abre espacio a interpretaciones que pueden ir desde la irresponsabilidad hasta la sospecha de presiones o intereses ocultos.

Y ya que hablamos de coherencia… Cuando el PRM y Luis Abinader estaban en la oposición, exigían que se aplicaran correctamente las leyes de hidrocarburos y de electricidad para que las reducciones en los costos internacionales se reflejaran en los bolsillos de la población.

Era un reclamo justo. Era una demanda legítima. Hoy el PRM gobierna. Hoy Luis Abinader dirige los destinos de la República Dominicana. Y el pueblo espera exactamente lo mismo que el entonces opositor reclamaba desde las calles y los medios de comunicación, que si baja el petróleo, deben bajar los combustibles.

Así de simple. Así de claro. Así de coherente. Porque las promesas no cambian de valor cuando se pasa de la oposición al poder.

Y ojalá que, si los ciudadanos se ven obligados a protestar por los apagones, el alto costo de la vida o los combustibles, nadie resulte herido. La semana pasada, un adolescente de 17 años terminó lesionado durante una protesta en Santo Domingo Este contra los apagones.

Según denuncias, agentes policiales realizaron disparos para dispersar la manifestación. Una reacción desproporcionada frente a ciudadanos que reclamaban servicios básicos que también afectan a las familias de esos mismos agentes.

Presidente, el pueblo tiene derecho a protestar. Ese derecho no desaparece cuando cambia el partido de gobierno.

Ustedes lo ejercieron cuando estaban en la oposición. Entonces, ¿por qué ahora las protestas parecen molestar tanto? Esta es una pregunta que merece respuesta.