El caso Senasa: ¿quién falló antes del fraude?

Por Margarita de la Rosa

Mientras la justicia continúa conociendo el proceso por el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (Senasa), y comentaristas de distintos medios de comunicación se hacen eco de versiones sobre posibles negociaciones procesales con algunos de los imputados, hay una pregunta que, a mi juicio, merece tanta atención como el propio expediente judicial: ¿quién falló antes de que todo esto ocurriera?

Si esas versiones sobre eventuales acuerdos llegaran a confirmarse, corresponderá a las autoridades explicarlas y a los tribunales decidir conforme a la ley. Pero, independientemente de ese desenlace, el país no puede perder de vista el fondo del problema.

Porque un presunto fraude de semejante magnitud no aparece de la noche a la mañana. Crece durante años. Se alimenta de controles débiles, de supervisiones ineficaces o de mecanismos que, por la razón que sea, no cumplieron oportunamente su función.

Como ciudadana y como periodista, esa es la pregunta que más me inquieta.
Y también me inquieta como paciente.

Mientras enfrentaba un cáncer de mama, viví en carne propia las dificultades para acceder a coberturas que entendía me correspondían. Recorrí oficinas, solicité revisiones y acudí a los mecanismos institucionales buscando una solución. En lugar de encontrar respuestas satisfactorias, enfrenté negativas, retrasos y decisiones administrativas que chocaban con el criterio de los especialistas que llevaban mi tratamiento.

Llegó un momento en que tuve que tomar una decisión que ninguna persona enferma debería verse obligada a tomar: asumir con recursos propios procedimientos médicos para que mi doctora pudiera actuar conforme a su criterio profesional y no bajo restricciones administrativas que, a mi entender, comprometían la atención que necesitaba.

Cuando hice pública mi situación, lejos de sentir que mi caso sería investigado, fui desmentida públicamente por el director de Senasa de entonces, y que hoy guarda prisión. Sin embargo, el tiempo colocó al propio Senasa en el centro de una investigación por un presunto fraude de miles de millones de pesos, proceso que hoy conoce la justicia.

No establezco una relación entre mi caso y el expediente judicial. Sería irresponsable hacerlo. Pero sí resulta inevitable preguntarse si las fallas que muchos afiliados percibían eran señales de un sistema que necesitaba una vigilancia mucho más rigurosa.
Por eso, además de la responsabilidad que los tribunales determinen respecto de los imputados, el país merece respuestas sobre otro aspecto igualmente importante.

¿Qué hicieron los organismos llamados a supervisar el manejo de esos recursos?

¿Qué controles funcionaron y cuáles fallaron?

¿Qué informes de auditoría se realizaron?

¿Se detectaron alertas que no fueron atendidas oportunamente?

¿Dónde estuvieron las instituciones responsables de velar por la transparencia, la fiscalización y la correcta administración de los recursos destinados a la salud?

Estas preguntas no buscan sustituir el trabajo de los jueces. Buscan fortalecer la confianza ciudadana. Porque cuando un presunto fraude alcanza dimensiones tan grandes, la sociedad también tiene derecho a saber si los mecanismos de control cumplieron con su deber o si, por el contrario, resultaron insuficientes para impedir que el daño creciera.

Recuperar dinero público siempre será importante. Pero recuperar la confianza de los ciudadanos es todavía más difícil.
La verdadera lección de este caso no terminará con una sentencia.

Comenzará cuando el país conozca qué ocurrió, quiénes deberán responder ante la justicia y, sobre todo, qué cambios se introducirán para que nunca más los recursos destinados a proteger la salud de los dominicanos puedan quedar expuestos a una situación semejante.

Porque cuando se administra el dinero de la salud, no se manejan simples cifras. Se administra la esperanza, la tranquilidad y, muchas veces, la vida de miles de personas.