Por Augusto Álvarez

Juzgar la actuación de los agentes del cuerpo de orden público amerita tener en cuenta dos escenarios y una sola realidad.

Primero, la persecución y caza del joven en el sector Serrallés, donde el joven se salvó de chepa y por el esfuerzo familiar.

También la delincuencia desbordada llegó a la morada de “Julián Oro Duro”, donde quitaron la vida a su esposa a mandarriazos limpios, luego de exigirle buscar los 50 mil dólares que guardaba su esposo, y que según allegados, eran para compra de un vehículo.

Evidentemente, estamos asistiendo a un desborde delincuencial que amerita un freno urgente por parte de quienes deben garantizar la justicia y aplicarla.

Mientras tanto, regresa a empañar nuestra realidad la vieja arenga presidencial que liquidó a José Antonio Figuereo Bautista (Kiko La Quema), en Cambita, San Cristóbal, en marzo de 2024.

Objetivamente, Kiko La Quema —es la versión que circuló— disfrutó de aliados de gente de armas, y no encaja en el caso de Julián Oro Duro, donde es preciso capturar sanos y salvos a los asesinos de la esposa del artista, única forma de saber cómo se enteraron de la cantidad de dólares que poseía.

Los “intercambios” de los agentes de la PN

Dar crédito a las cifras publicadas y que las autoridades conocen, siempre que recordemos la inversión del Estado en adquirir las “cámaras corporales”… ¿26 en un abrir y cerrar de ojos?

Cualquier dato real que revelen las cámaras se extingue en el proceso investigativo, en especial cuando las víctimas carecen de dolientes.