¡SENASA en llamas! Expediente destapa «saqueo» a la salud de los pobres
La PEPCA pone bajo la lupa una presunta trama de autorizaciones falsas, firmas cuestionadas y millonarios cobros; ahora la justicia tiene la palabra y el pueblo espera resultados.
- Expediente PEPCA: 526 páginas
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Por Plinio De Oleo
SANTO DOMINGO, R.D.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) depositó un expediente de 525 páginas contra 25 nuevos imputados en la segunda fase de la Operación Cobra 2.0-A, investigación que atribuye a una estructura integrada por empleados y exempleados de SeNaSa, médicos y particulares un presunto fraude mediante autorizaciones y cobros por servicios médicos que, según el Ministerio Público, no fueron solicitados ni realizados.
La investigación identifica 4,363 autorizaciones fraudulentas, correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, por un monto de RD$41,125,551.02, entre enero de 2021 y febrero de 2025.
Víctimas señaladas por el Ministerio Público: El Estado dominicano y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Delitos atribuidos en la investigación: Asociación de malhechores, estafa, delitos de alta tecnología y lavado de activos, entre otras infracciones que deberán ser determinadas por los tribunales.
CÓMO OPERABA EL PRESUNTO ESQUEMA
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, integrantes de la estructura utilizaban datos reales de afiliados del Régimen Subsidiado para gestionar autorizaciones médicas que estos no habían solicitado ni recibido.
El Ministerio Público sostiene que se utilizaban nombres ficticios en llamadas al centro de atención de SeNaSa y que posteriormente se generaban autorizaciones para procedimientos médicos. Algunos médicos habrían facturado servicios que, según la investigación, nunca fueron prestados.
La acusación también sostiene que se utilizaron formularios y firmas cuestionadas y que, una vez efectuados los pagos, algunos médicos entregaban entre 40 % y 60 % de lo cobrado a integrantes de la estructura, mediante efectivo o transferencias bancarias.
LOS 25 IMPUTADOS DE COBRA 2.0-A
La lista oficial divulgada en relación con la solicitud de coerción está integrada por:
- Angeury Guzmán Vásquez
- Heidy Coronado Paulino
- Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova
- Lucreisy Polanco Núñez
- Einstein Rafael Borromé Valdez
- Juan Henry Poueriet
- Hanna Rashell Rodríguez Almánzar
- Luz Esther Reyes Durán de Ramírez
- Edwin Alberto Batista Cruz
- José Luis Díaz Hernández
- Carlos Job Ynoa Olivero
- Guillermo Enrique Dicló Garabito
- Griselda Altagracia Basora Ramírez
- Juan Gabriel Rodríguez Ravelo
- Martha María Saldaña Saldaña
- Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez
- Engels Federico Díaz Mendoza
- Keila Beatriz Acosta Leonardo
- Rafael Mauricio Cabral González
- Laura Altagracia Santana Evangelista
- Víctor Felipe Rodríguez García
- Wander Manuel Díaz Encarnación
- Yocaira Antonia Méndez Beltré
- Marcelino Eusebio Figuereo
- Ray Ernesto Mercedes Lugo
ÁNGEL LUIS, EN EL CENTRO DE LA INVESTIGACIÓN
Ángel Luis Guzmán Vásquez no debe aparecer nuevamente entre los 25 imputados de esta fase, porque ya figura en el proceso anterior de SeNaSa.
De acuerdo con el Ministerio Público, Guzmán Vásquez, quien fue empleado de SeNaSa, habría utilizado su conocimiento de los protocolos internos para obtener autorizaciones médicas con datos reales de afiliados que no habían solicitado los servicios. La acusación también señala la participación de familiares y otras personas vinculadas a esa estructura.
En el expediente anterior figuran, entre otros:
- Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa.
- Gustavo Enrique Messina Cruz.
- Francisco Iván Minaya Pérez.
- Germán Rafael Robles Quiñones.
- Rafael Luis Martínez Hazim.
- Ramón Alan Speakler Mateo.
- Cinty Acosta Sención.
- Heidi Mariela Pineda Perdomo.
- Eduardo Read Estrella.
- Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Estos nombres corresponden al proceso anterior y no deben mezclarse con los 25 imputados de Cobra 2.0-A.
LA PELOTA EN LA CANCHA DE LA JUSTICIA
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra los 25 imputados y que el proceso sea declarado complejo. La audiencia de medida de coerción está prevista para este lunes.
Por tratarse de una investigación en curso, los señalados deben ser identificados como imputados o personas acusadas por el Ministerio Público, no como culpables. La responsabilidad penal deberá determinarse mediante una decisión judicial.
El caso vuelve a colocar bajo el reflector el manejo de los recursos destinados a la salud de los afiliados de SeNaSa y plantea una pregunta de fondo: ¿quién responderá por cada peso que, de comprobarse judicialmente el fraude, haya salido indebidamente de los fondos públicos?
El expediente está sobre la mesa. Ahora le toca hablar a la justicia.
Expediente: 526 páginas
