La fiscalización ausente en el drama de los pacientes oncológicos
Por Margarita de la Rosa
En la República Dominicana no terminamos de salir de un escándalo en el Sistema Dominicano de Seguridad Social cuando surge otro que vuelve a colocar bajo cuestionamiento la capacidad de vigilancia, fiscalización y protección de los derechos de los afiliados.
Esta vez, la denuncia toca una de las áreas más sensibles de la salud: los tratamientos de los pacientes con cáncer.
La Asociación Dominicana de Centros Oncológicos (ASODCO) ha denunciado modificaciones de prescripciones médicas, sustitución de medicamentos y cambios en los mecanismos de suministro de tratamientos especializados por parte del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
No estamos hablando de una simple diferencia administrativa entre una aseguradora y los prestadores de servicios. Estamos hablando de medicamentos que forman parte de tratamientos complejos, indicados por especialistas que conocen la historia clínica, la evolución y las condiciones particulares de cada paciente.
Y ante semejante denuncia surge una pregunta inevitable: ¿dónde estaba la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), organismo llamado a supervisar y fiscalizar el funcionamiento del sistema?
¿Dónde estaban el Ministerio de Salud Pública y las demás instancias responsables de garantizar que los intereses económicos y administrativos nunca se coloquen por encima de la seguridad del paciente?
La preocupación adquiere mayor dimensión cuando los representantes de los centros oncológicos afirman que vienen planteando estas situaciones desde 2023. Si esas advertencias llegaron oportunamente a los organismos competentes, corresponde conocer qué investigaciones se realizaron, cuáles fueron sus resultados y qué medidas se adoptaron.
Porque la función de un organismo regulador no puede limitarse a intervenir cuando las denuncias ocupan los titulares de los periódicos. Su responsabilidad fundamental es prevenir, detectar, investigar y corregir oportunamente las irregularidades.
El paciente no puede quedar atrapado entre intereses
Los representantes de ASODCO, encabezados por los doctores José Ramírez y Claudia Santos, han expresado preocupación no solamente por las presuntas modificaciones de tratamientos, sino también por los mecanismos de adquisición, conservación, transporte y entrega de medicamentos oncológicos.
Se trata de una advertencia que merece toda la atención de las autoridades.
Muchos medicamentos utilizados contra el cáncer requieren condiciones específicas de almacenamiento, transporte, administración y seguimiento clínico. Cualquier deficiencia en esos procesos puede comprometer su seguridad y eficacia.
SeNaSa, por su parte, ha rechazado implícitamente los cuestionamientos al defender sus protocolos de evaluación médica y adquisición de medicamentos.
La aseguradora sostiene que toma en cuenta las prescripciones de los especialistas, utiliza guías clínicas internacionales y adquiere productos con las autorizaciones regulatorias correspondientes.
Mientras tanto, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) ha respaldado la eliminación de intermediarios en la adquisición de medicamentos, argumentando que esa medida busca reducir costos sin alterar las prescripciones.
Reducir gastos, evitar intermediaciones innecesarias y procurar mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos son objetivos legítimos. Pero ninguna política de ahorro puede justificar que se comprometa la continuidad de un tratamiento o se desconozca, sin una justificación clínica debidamente sustentada, el criterio del médico tratante.
La discusión no puede reducirse a quién compra más barato o quién distribuye los medicamentos. Lo esencial es determinar si el paciente recibe exactamente el tratamiento que necesita, en las condiciones adecuadas y sin interrupciones.
