Los casos de Baní, San Juan de la Maguana y el ensanche La Paz reavivan las dudas sobre las versiones oficiales de supuestos enfrentamientos. Familiares y ciudadanos cuestionan que las víctimas hayan disparado contra los agentes, mientras crece la presión para que el Ministerio Público investigue los hechos de manera exhaustiva, independiente y transparente.

SANTO DOMINGO, R.D. 

Tres muertes ocurridas en menos de 48 horas, entre el martes y el miércoles, vuelven a colocar bajo el escrutinio público los llamados «intercambios de disparos» en los que miembros de la Policía Nacional reportan la muerte de personas señaladas como presuntos delincuentes.

En los casos registrados en Baní, San Juan de la Maguana y el ensanche La Paz, en el Distrito Nacional, las versiones ofrecidas por familiares y ciudadanos que conocían a las víctimas cuestionan las circunstancias descritas por las autoridades.

En uno de los sucesos, además, circula un video que, según las imágenes difundidas, muestra el momento en que un agente dispara contra un hombre que caminaba tranquilamente por una calle.

Las denuncias y los testimonios, por sí solos, no establecen todas las circunstancias de cada muerte. Sin embargo, constituyen elementos que deben ser examinados junto con las grabaciones, los informes de balística, las armas ocupadas, las autopsias y las declaraciones de los agentes participantes.

La responsabilidad de esclarecer los hechos corresponde al Ministerio Público, que debe determinar si realmente hubo enfrentamientos, si las víctimas dispararon contra las patrullas y si el uso de la fuerza letal estuvo justificado.

La cuestión central es sencilla. Si hubo intercambios de disparos, las investigaciones deben demostrarlo; si no los hubo, las responsabilidades deben establecerse conforme a la ley.

Baní: versión PN es cuestionada 

Un hombre identificado como José Miguel Medina, conocido como «Miguel Nariz» y señalado por las autoridades como «el encapuchado de la noche», murió tras resultar herido durante un supuesto enfrentamiento con miembros de la Subdirección Regional Sur Central de Investigaciones (DICRIM), en una cabaña del municipio de Baní, provincia Peravia.

Según la versión policial, Medina era buscado por su presunta vinculación con un robo por ruptura cometido el pasado 2 de octubre en un establecimiento de Promipyme, Banca Solidaria, ubicado en la calle 16 de Agosto, en el centro de Baní.

Las autoridades sostienen que las investigaciones, el análisis de cámaras de vigilancia y las labores de inteligencia permitieron identificarlo como supuesto implicado en ese hecho y en otros robos a establecimientos comerciales y viviendas de la zona.

De acuerdo con el informe de investigación, del establecimiento habrían sido sustraídos RD$30,000 en efectivo, dos tabletas, tres relojes, un abanico y un termo de café.

Sin embargo, la versión sobre las circunstancias de su muerte ha sido cuestionada por su hermana y por residentes que aseguran conocerlo. Estos rechazan que estuviera armado o que hubiera enfrentado a los agentes.

Los testimonios contrastan con la versión policial de que el hombre disparó contra una patrulla. Las imágenes que circulan en las redes sociales también han generado interrogantes, aunque su contenido y secuencia deben ser examinados íntegramente para establecer qué ocurrió.

Los señalamientos de que Medina era un presunto delincuente no responden, por sí mismos, a la pregunta fundamental: ¿disparó contra los agentes o fue abatido sin que existiera un enfrentamiento?

Esa es una de las cuestiones que el Ministerio Público debe esclarecer mediante una investigación rigurosa, sin dar por probada ninguna de las versiones antes de examinar las evidencias.

SJM: una denuncia que exige investigación

Otro caso que ha provocado cuestionamientos ocurrió el miércoles en San Juan de la Maguana, donde murió un hombre identificado únicamente por el apodo de «Tojunto».

La Policía lo vinculaba con la presunta comisión de varios delitos. Sin embargo, familiares de la víctima ofrecieron una versión diferente sobre sus actividades y denunciaron supuestos vínculos entre el negocio de venta de drogas que operaba y miembros de la institución policial.

De acuerdo con las declaraciones atribuidas a un familiar, el fallecido administraba un punto de venta de sustancias narcóticas y supuestamente entregaba RD$125,000 semanales a agentes policiales.

El pariente también afirmó que «Tojunto» habría intentado retirarse de esa actividad, pero que recibió amenazas de mandos policiales de la zona, quienes presuntamente le advirtieron que atentarían contra su vida si abandonaba el negocio.

El hombre residía en la calle Proyecto número 7, del sector Villa Flores.

Se trata de acusaciones graves que deben ser investigadas y corroboradas. No pueden considerarse hechos probados únicamente porque las haya denunciado un familiar, pero tampoco deben descartarse sin una investigación independiente.

El Ministerio Público debe determinar si existían pagos ilegales, quiénes podrían haberlos recibido, si hubo amenazas previas y cuáles fueron las circunstancias concretas en que murió el hombre.

Si las denuncias tienen fundamento, el caso no se limitaría a esclarecer una muerte: también podría revelar una presunta red de complicidad entre servidores públicos y el negocio ilícito de las drogas.

Ensanche La Paz: video aumenta cuestionamientos

Mientras se conocían las denuncias procedentes de San Juan de la Maguana, otro hecho provocaba indignación en el Distrito Nacional.

Aneury Santiago Cabrera Estévez, conocido por el alias de «Lucifer», murió el martes luego de que agentes policiales le dispararan en una calle del ensanche La Paz.

En las imágenes difundidas públicamente se observa al hombre caminando por la vía cuando llega una patrulla. Uno de los agentes se desmonta del vehículo y le dispara a corta distancia, según la secuencia que circula en los medios de comunicación.

La grabación ha generado fuertes cuestionamientos sobre las circunstancias del hecho y sobre si existió alguna amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal.

En el video también se observa al hombre caer al suelo y, posteriormente, a los agentes levantarlo y colocarlo en el vehículo policial utilizado por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos (Dicrim).

La grabación constituye una evidencia que debe analizarse en su totalidad, con atención a lo ocurrido antes, durante y después de los disparos. También es necesario establecer si existían otras cámaras, identificar a todos los agentes participantes y determinar si se preservaron adecuadamente las pruebas.

La posible vinculación de la víctima con actividades delictivas no sustituye la obligación de investigar las circunstancias de su muerte. Incluso cuando una persona es sospechosa de cometer delitos, la actuación policial debe ajustarse a la ley y al respeto de la vida.

Por ello, el Ministerio Público debe esclarecer si hubo una amenaza real, si el uso de la fuerza fue necesario y proporcional y si la actuación de los agentes se ajustó a los protocolos y a las normas legales.

Cifras de muertes aumentan preocupación

Los tres casos se producen en medio de la controversia nacional sobre las muertes ocurridas durante intervenciones policiales.

Los balances citados en las denuncias públicas sitúan entre 47 y 55 las personas fallecidas durante intervenciones policiales en septiembre. Para octubre también se han difundido cifras preocupantes, aunque es necesario precisar el período contabilizado y verificar los registros oficiales antes de establecer un total definitivo.

La diferencia entre las cifras reportadas evidencia la necesidad de contar con estadísticas públicas, verificables y desglosadas por fecha, lugar, circunstancias y resultado de las investigaciones.

Cada muerte debe examinarse individualmente. No es correcto asumir que todas constituyen ejecuciones ilegales, pero tampoco resulta aceptable que la expresión «intercambio de disparos» cierre anticipadamente el debate sobre lo ocurrido.

La pregunta que debe responderse en cada expediente es si hubo un enfrentamiento real, qué evidencias lo demuestran y si la actuación policial se ajustó a la ley.

Entregas de prófugos y muertes policiales

Mientras se han divulgado informaciones sobre decenas de personas prófugas que se habrían entregado por distintas vías, después de que el presidente de la República exhortara a quienes son perseguidos por la justicia a entregarse y advirtiera sobre las consecuencias de no hacerlo, que serían peores.

También circulan cifras acumuladas de personas fallecidas en intervenciones policiales posteriores a ese llamado. Se hablan de entre 47 y 55. Pero si un registro consolidado y verificado, no debe atribuirse un total definitivo ni establecerse una relación causal automática entre ambos acontecimientos.

La entrega voluntaria de una persona perseguida debe ser una oportunidad para ponerla a disposición de la justicia, investigar los hechos que se le atribuyen y garantizar el debido proceso.

El combate a la delincuencia no puede convertirse en una autorización para matar, así como la denuncia de posibles abusos no debe utilizarse para desconocer la obligación del Estado de perseguir los delitos.

El Ministerio Público tiene la última palabra

Los casos de Baní, San Juan de la Maguana y el ensanche La Paz plantean interrogantes que no pueden resolverse únicamente con comunicados policiales ni con testimonios difundidos en las redes sociales.

Se necesitan investigaciones independientes, peritajes balísticos, autopsias, análisis completos de los videos, identificación de los agentes participantes y determinación de las circunstancias en que se produjo cada disparo.

La sociedad tiene derecho a conocer la verdad. Las víctimas tienen derecho a que sus muertes sean investigadas, sus familiares merecen respuestas y los agentes policiales también tienen derecho a que su actuación sea evaluada con pruebas y garantías legales.

La seguridad ciudadana y el respeto a la vida no son objetivos incompatibles. La Policía debe perseguir a los delincuentes; el Ministerio Público debe investigar los hechos, y los tribunales deben establecer las responsabilidades.

Cuando una versión oficial es cuestionada por testimonios o imágenes, la respuesta no puede ser el silencio ni la aceptación automática de una sola versión. La respuesta debe ser una investigación transparente que permita establecer qué ocurrió y aplicar la ley, sin privilegios ni impunidad.