La desaparición de armas, municiones y pertrechos de la Policía Nacional no puede cerrarse con un par de expedientes, hay que investigar quién autorizaba, quién sacaba, quién recibía y quién terminó haciendo negocio.

Buenos días…

En diversas ocasiones señalamos, por esta misma vía, que la investigación sobre la desaparición —o el robo— de municiones y pertrechos de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional estaba coja.

Sí, coja. Porque no estaban, ni están, todos los que realmente participaron en ese hurto, según las denuncias que han salido a relucir desde lo interno de la misma Policía.  Faltaban más. Y, según esas mismas denuncias, algunos con rangos altos.

Entonces, vamos al grano, porque aquí no estamos hablando de caramelos. 

Para recibir o sacar armas, municiones o pertrechos de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional existen controles y autorizaciones. Por eso hay que determinar quién autorizaba, quién firmaba, quién retiraba, quién recibía y dónde terminaba cada cargamento.

¿Escucharon? Eso es lo que debe investigar el Gobierno. Y el presidente Luis Abinader debe ordenar una investigación transparente, pero transparente de verdad, sin maquillaje, sin amigos, sin padrinos y sin aquello de que aquí no pasó nada.

Porque, de lo contrario, cuando baje el telón, ¡ay, papá!, viene el lío. Ese desastre, esa mafia y esa posible traición a la patria no pueden convertirse en una simple carpeta archivada y llena de polvo.

Y que nadie pretenda tapar el sol con un dedo. Aquí, al pan, pan; al café, café; y al vino, vino… pero si lo traen.

Que se investigue a un general de la Policía que fue intendente y que, según las denuncias, habría cargado armas de manera ilegal a oficiales puestos en retiro forzoso, algo que también debe ser esclarecido. Porque esa acción es ilegal.

Que se investigue también qué ocurrió en la cadena de mando cuando en Haití explotó el lío de las municiones, con etiqueta de «Policía Nacional de República Dominicana», encontradas en poder de criminales haitiano, de pandilleros haitianos.

Que se determine, igualmente, si hubo participación o complicidad de funcionarios, oficiales, asistentes, ayudantes o cualquier otra persona allegada al entonces director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, que pudiera haber facilitado la salida irregular de esos pertrechos. porque fue en esa Jefatura que se detectó la mafia de las municiones.

Aquí no hay santos con uniforme ni demonios sin expediente.

• Que investiguen.
• Y que investiguen hasta abajo.
• Pero también hasta arriba.

Porque si las municiones de la Policía terminaron, como se ha denunciado, en manos de grupos criminales haitianos, estamos hablando de algo mucho más grave que un simple faltante de inventario.

Estamos hablando de seguridad nacional. Y una investigación de esa naturaleza no puede archivarse para lavarle la cara a nadie. Tiene que haber resultados.

Y si la justicia determina responsabilidades, que haya consecuencias.

• Nada de discursos.

• Nada de politiquería.

• Nada de vamos a crear una comisión para estudiar otra comisión que investigue la primera comisión.

¡No, señor! Aquí hace falta investigación, expediente, pruebas, acusaciones cuando correspondan y justicia. Porque con la seguridad nacional no se juega.

La frontera es otro capítulo negro . Y lo hemos denunciado una y mil veces.  Por ahí entra y sale de todo, y eso no lo ignoran ni los chinos de Bonao.

Por eso, que investiguen a quienes controlan el tráfico ilegal de personas, mercancías, armas y otros negocios ilícitos. Y que nadie se haga el loco.

En esas redes pueden existir civiles, policías, militares y hasta personas con conexiones políticas. Si existen pruebas, que aparezcan. Y si no existen, que se investigue hasta encontrarlas o descartarlas.

Lo que no puede ocurrir es que unos cuantos se hagan millonarios mientras el Estado mira para otro lado.

¿Control migratorio? Bueno… ¡Cuéntenme otra! Y atención, Gobierno. No vengan solamente con el discurso del control migratorio.

Porque si se deportan 100 personas y después regresan 150, con familiares, vecinos y hasta el perro de la casa, entonces hay algo que no está funcionando.

• ¿Quién los deja entrar?
• ¿Quién los transporta?
• ¿Quién cobra?
• ¿Quién organiza esas redes?
• ¿Quién protege el negocio?

¡Que investiguen! Porque deportar es una cosa y controlar la frontera es otra. Si realmente existe una mafia dedicada al tráfico de indocumentados, desmantélenla. Y si dentro de ella hay civiles, policías, militares o políticos, que las investigaciones determinen responsabilidades.

Aquí no se trata de nacionalidad. Se trata de legalidad.  Y que los críticos de República Dominicana dejen de repetir como papagayos que este país es racista cada vez que se habla de control migratorio. Eso es una salida fácil.

República Dominicana tiene el derecho soberano de controlar sus fronteras y aplicar sus leyes. Pero también tiene la obligación de hacerlo con respeto a los derechos humanos y sin corrupción. Una cosa no elimina la otra. 

Y mientras tanto… ¡apagones, dólar y comida! Atención, presidente Abinader. Mientras unos están hablando de grandes discursos, el ciudadano común está con el grito de los apagones metido en la cabeza.

Las EDES tienen a la población, como dicen en buen dominicano, al coger la loma. Y cuando llega la factura, ¡ay, mamá!

¡Presidente… ! El dólar vuelve a ponerse comparón y se acerca nuevamente a los RD$62 por US$1, mientras los precios de los alimentos no retroceden.

• ¡Suben!
• Sube el dólar.
• Sube la comida.
• Sube el costo de vivir.

Y cuando llega la luz, hay que dar gracias como si hubiera llegado el Niño Jesús.

Así no. Este país necesita menos discursos y más resultados. Porque, de seguir así, a este país se lo llevará quien lo trajo. ¡Y al que le pique, que se rasque!