Un joven murió de un disparo durante una intervención policial ocurrida la tarde del viernes en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran un forcejeo entre agentes y un joven, seguido de un disparo que terminó con la vida de la víctima.

En el video se escucha a uno de los jóvenes decir que los agentes podían llevarse la motocicleta durante la requisa. Sin embargo, uno de los policías intenta arrestarlo, se produce un forcejeo y, segundos después, un agente desenfunda su arma de reglamento y dispara contra otro joven que se había acercado al lugar.

Las circunstancias exactas del hecho deberán ser establecidas por una investigación independiente, pero las imágenes vuelven a colocar bajo escrutinio los protocolos sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional.

La pregunta vuelve a ser la misma: ¿qué está pasando dentro de la Policía Nacional?

Los hechos violentos en los que se han visto involucrados agentes continúan generando preocupación ciudadana y alimentan las dudas sobre el alcance real de la reforma policial.

Si existen fallas en los procedimientos, estas deben investigarse y establecerse las responsabilidades correspondientes.

Diversos sectores sostienen que uno de los problemas radica en la formación de los nuevos agentes. Cuestionan que muchos egresen de la escuela de entrenamiento de Gaspar Hernández, la cual —afirman— no reúne las condiciones adecuadas para garantizar una preparación profesional de calidad.

También critican que, en lugar de invertir recursos en fortalecer la infraestructura de formación policial, construir nuevas escuelas de cadetes o ampliar las instalaciones de Hatillo, en San Cristóbal, se hayan destinado fondos al alquiler de instalaciones que consideran inadecuadas para ese propósito.

A esas críticas se suman denuncias sobre deficiencias en la selección de instructores y en la calidad del entrenamiento impartido a los nuevos reclutas.

Una verdadera reforma policial no se mide por discursos ni por anuncios. Se mide por agentes mejor preparados, por el estricto respeto a la ley, por el uso proporcional de la fuerza y por la confianza que la ciudadanía pueda depositar en quienes tienen el deber de protegerla.