PICANTE

Museo de Abril, Policía bajo fuego y ley mordaza… el Gobierno no puede seguir mirando para otro lado!

Mientras el Museo de Abril continúa sin sede, la Policía enfrenta una creciente crisis de credibilidad por muertes en supuestos intercambios de disparos y el Gobierno impulsa un Código Penal que, según sus críticos, amenaza la libertad de expresión. Tres temas distintos, pero con un mismo reclamo: transparencia, voluntad política y respeto a la democracia.

Buenos días…

Creemos en la Comisión creada para rescatar el honor de los héroes de Abril. Está integrada por personas de reconocida trayectoria, pero, sobre todo, encabezada por un profesional cuya hoja de vida habla por sí sola: Jottin Cury hijo.

Jottin no necesita presentación. Su paso por el Tribunal Constitucional dejó como legado independencia, capacidad y honestidad. Nadie puede cuestionar una trayectoria construida con transparencia y respeto al derecho.

Ahora bien, la comisión tiene un reto enorme. El Museo de Abril sigue sin hogar. Y la ley es clara: el camino conduce al Edificio Copello.

No hablamos de cualquier inmueble. Hablamos del edificio que sirvió de Casa Presidencial al Gobierno Constitucional encabezado por el héroe nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó durante la Revolución de Abril de 1965.

Ese edificio no puede terminar convertido en cualquier cosa. Debe ser declarado patrimonio de la memoria nacional y transformado en el Museo de Abril.

El presidente Luis Abinader tiene en sus manos la oportunidad de saldar una deuda histórica. Ya existen la ley, el decreto y el edificio. Lo único que falta es voluntad política.

Han pasado más de seis décadas desde la Revolución de Abril y resulta vergonzoso que la República Dominicana todavía no tenga un museo digno para honrar a quienes entregaron su vida defendiendo la Constitución, la soberanía y la dignidad nacional. La historia no puede seguir esperando.

Y otra cosa, el escándalo de Haina no puede quedarse debajo de la alfombra. Insistimos en que el escándalo ocurrido en Haina, provincia San Cristóbal, debe aclararse hasta las últimas consecuencias. La sociedad merece saber qué ocurrió realmente.

Y quienes incurrieron en acciones criminales deben responder ante la justicia, porque bastante golpeada está ya la imagen de la Policía Nacional.

Recuerden lo que dice el viejo refrán: «Lo que al tiempo se deja, en el tiempo se queda». Y este no es un caso al que se le pueda echar tierra con el paso de los días. El tiempo no puede convertirse en el mejor aliado de la impunidad. Ese escándalo debe esclarecerse hasta las últimas consecuencias. Y quien la hizo, que la pague. Sin privilegios, sin excusas y sin protección.

Y ojo. La Policía necesita un gerente, no un improvisado. Todo lo que ocurre dentro de la Policía Nacional no es un secreto para ¡Cógelo, Picante! Lo hemos dicho una y otra vez, esa institución necesita un verdadero gerente, un oficial con experiencia, autoridad moral y una hoja de vida limpia.

Alguien cuyo nombre jamás haya sido relacionado con corrupción ni con el narcotráfico. Porque esas dos plagas han hecho más daño a la Policía que cualquier delincuente. Han destruido la confianza ciudadana y han golpeado la imagen del país.

El Gobierno debe hacer una pausa, corregir el rumbo y poner en marcha un verdadero plan de rescate institucional. Sin una Policía creíble, la lucha contra la delincuencia comienza perdiéndose.

¿Intercambios de disparos o ejecuciones? Es una vergüenza que, en apenas tres o cuatro días, siete ciudadanos hayan muerto en supuestos enfrentamientos con agentes policiales.

Más grave aún es que, una y otra vez, las versiones oficiales sean desmentidas por comunitarios, familiares y videos que terminan circulando en las redes sociales. Cuando la versión oficial deja de ser creíble, el problema deja de ser policial y se convierte en institucional.

La ley mordaza no puede pasar. Y desde ¡Cógelo, Picante! nos unimos a los sectores que rechazan cualquier intento de limitar la libertad de expresión mediante disposiciones del nuevo Código Penal.

En democracia no puede prohibirse llamar ladrón al ladrón, corrupto al corrupto o narcotraficante al narcotraficante, siempre que existan pruebas que respalden esas afirmaciones.

Quienes ayer denunciaban sin descanso los actos de corrupción del poder no pueden pretender hoy blindarse frente a las críticas solo porque gobiernan.

Ese Código Penal merece una revisión profunda. República Dominicana no vive bajo una dictadura. Y cuidado, presidente Abinader. No desmonte las mismas herramientas -las redes sociales y los medios de comunicación- que contribuyeron a impulsar el cambio político que lo llevó al poder. 

No podemos parecernos a lo que criticamos. Hay sectores que parecen añorar un régimen de fuerza. Lo paradójico es que son los mismos que viven criticando a Venezuela, Nicaragua y Cuba. La democracia no se defiende restringiendo derechos. Se fortalece garantizando libertades.

Una aclaración necesaria. Estamos totalmente en contra de la difamación, de la injuria y de los ataques personales. También creemos que la investidura presidencial merece respeto. Pero decir la verdad, sustentada con pruebas, jamás podrá convertirse en un delito. 

El Ministerio Público debe representar a la sociedad. El país necesita un Ministerio Público firme. Que actúe con energía, pero sin abusos. Sin retaliaciones. Sin venganzas. Sin selectividad. Que investigue todas las denuncias, sin importar el apellido del denunciado. Que represente a la sociedad y no intereses políticos o personales.

San Francisco de Macorís merece respeto. Los periodistas y comunicadores de San Francisco de Macorís merecen respeto. Su deber es vigilar la actuación policial, denunciar abusos, documentar hechos violentos e informar sobre la inseguridad. Y eso no puede convertirse en un motivo de persecución.

Porque, lamentablemente, muchas informaciones policiales terminan siendo maquilladas y, en ocasiones, contradicen lo que luego muestran los videos o los testimonios.

Los ejemplos sobran:

  • El caso de los 12 de Haina.
  • El caso de La Barranquita, en Santiago.
  • El caso de La Vega.
  • Y el ocurrido en San Francisco de Macorís, donde un hombre fue abatido al salir del Palacio de Justicia. Inicialmente se informó que enfrentó a la Policía, pero posteriormente salieron a la luz imágenes en las que aparecía reducido y bajo control de los agentes.

Cuando los hechos contradicen la versión oficial, el mayor perjudicado no es un gobierno ni un funcionario. Es la credibilidad del Estado. Y un Estado sin credibilidad pierde, poco a poco, la confianza de su pueblo.

Y al cierre: Ayer miércoles, incluyendo la noche, la sobrecarga de Celso Marranzini parecía un arbolito navideño en el municipio de Miches. Apagones por todas partes. Lo que debería ser un servicio público se está convirtiendo en una verdadera pesadilla para comerciantes, amas de casa y familias que pagan la electricidad, pero viven a oscuras. El hombre esta entre las redes y no encuentra cómo salir.

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