Oficiales activos y retirados, organismos de derechos humanos, legisladores y abogados cuestionan el aumento de muertes en supuestos intercambios de disparos y reclaman investigaciones independientes.

SANTO DOMINGO, R.D.

El incremento de personas muertas durante intervenciones de agentes de la Policía Nacional ha generado preocupación entre oficiales activos y retirados, organismos de derechos humanos, legisladores y abogados, quienes coinciden en reclamar investigaciones independientes que permitan determinar las circunstancias de cada fallecimiento.

Oficiales generales y coroneles consultados por Relámpago Informativo, bajo reserva de sus identidades, consideran que la delincuencia debe ser enfrentada con firmeza, pero expresaron preocupación por el número de muertes registradas en los llamados «intercambios de disparos».

Al menos 14 de los 15 oficiales consultados coincidieron en que el aumento de las muertes requiere una revisión de los procedimientos utilizados durante las operaciones policiales y de los mecanismos de investigación posteriores.

Algunos de estos oficiales también plantearon dudas sobre determinadas muertes y la posibilidad de que algunas personas hayan muerto con información relacionada con estructuras delictivas y eventuales complicidades dentro de la propia institución, una denuncia que, por su gravedad, requiere ser establecida mediante investigaciones y pruebas.

Septiembre cerró con 55 muertes

Las cifras citadas en torno a los operativos policiales muestran un incremento significativo. Septiembre habría cerrado con 55 personas fallecidas durante intervenciones policiales, mientras que en los nueve primeros días de octubre se reportaron nuevas muertes.

El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, informó que esa organización contabiliza 23 muertes durante octubre en supuestos intercambios de disparos y advirtió que la cifra podría ser superior a la reportada públicamente.

Almánzar cuestionó que en algunos casos las muertes se produzcan sin la presencia del Ministerio Público y reclamó investigaciones independientes.

El dirigente de derechos humanos aclaró, además, que la defensa de los derechos de las personas señaladas como delincuentes no significa justificar sus acciones, sino garantizar que sean detenidas y sometidas a los tribunales mediante el debido proceso.

Senador reclama explicaciones

Ante el incremento de las muertes, el senador Antonio Taveras Guzmán depositó una resolución para que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, comparezcan ante el Senado.

La iniciativa busca que ambos funcionarios expliquen los protocolos utilizados para el empleo de la fuerza letal, los mecanismos de control y las investigaciones realizadas cuando una intervención policial termina con una persona muerta.

Taveras Guzmán advirtió que el país debe garantizar el Estado de derecho y recordó que en República Dominicana no existe la pena de muerte.

El legislador sostuvo que las personas perseguidas por la comisión de delitos deben ser conducidas ante la Justicia y juzgadas conforme a la ley, en lugar de que las muertes durante operativos sean asumidas automáticamente como resultado legítimo de un intercambio de disparos.

Abogados exigen investigaciones independientes

La posición más contundente ha sido planteada por un grupo de abogados, encabezado por Carlos Balcácer, que solicitó al Ministerio Público una investigación inmediata e independiente sobre al menos 47 muertes ocurridas entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre.

Los juristas reclamaron que cada caso sea sometido a una investigación que incluya autopsias, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales, testimonios de testigos y familiares, actas procesales y revisión de las actuaciones de los agentes policiales y representantes del Ministerio Público involucrados.

Los abogados sostienen que la lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una justificación para actuaciones arbitrarias y que toda muerte ocurrida durante una intervención policial debe ser investigada con independencia.

También cuestionaron que las versiones oficiales sobre supuestos intercambios de disparos puedan cerrar, por sí solas, el debate sobre la legalidad de las actuaciones policiales.

La investigación, el punto pendiente

El reclamo común de los distintos sectores es que cada muerte sea esclarecida mediante procedimientos técnicos y legales que permitan establecer quién disparó, en qué circunstancias ocurrió el enfrentamiento, si existió una amenaza real contra los agentes y si el uso de la fuerza letal se ajustó a los protocolos y a la legislación vigente.

Las autopsias, pruebas de balística, residuos de disparos, grabaciones, testimonios y demás evidencias resultan fundamentales para establecer lo ocurrido en cada caso.

Mientras los organismos de derechos humanos y abogados demandan investigaciones independientes, sectores policiales consultados por Relámpago Informativo advierten que el incremento de las muertes tampoco se corresponde necesariamente con una reducción de la criminalidad que preocupa a la población.

El debate, por tanto, no gira en torno a si la Policía debe combatir la delincuencia —una obligación que nadie discute—, sino sobre los límites legales del uso de la fuerza y la obligación de investigar cada muerte producida durante una intervención policial.

Una Policía eficaz debe perseguir y capturar a los delincuentes, pero también debe garantizar que sus actuaciones puedan ser sometidas al escrutinio de la Justicia.

En una democracia, combatir el crimen y proteger la vida no son objetivos contradictorios: son obligaciones del Estado.

Fallecidos reportados en octubre

Entre las personas reportadas como fallecidas durante intervenciones de agentes de la Policía Nacional en octubre figuran:

• José Agustín Piña, «Boboli».
• Wander Cuevas, «El Poli».
• Adolfo María Bello Heredia, de 39 años, «Jhonathan».
• Samuel Antonio Brook de los Santos, de 22 años, «Bombita».
• Juan Carlos Ventura García, de 39 años.
• Edgar Yomerbi Pinales, de 26 años, «El Jefe».
• Fernando Arturo Tavárez Muñoz, «Fernandito».
• Yunior Alfonso Tineo, «La Changa».
• Malvin Ferreras Matos, «Bebo».
• Estarlin Emilio Rodríguez Ramos, «Chicho».
• Erickson Cabrera Guerrero, «Amo Rompe Banca».
• Esteban Muñoz, «Valentín».
• Alexis Eusebio Torres.
• Joel Féliz Cuevas, «La Liebre».
• Carlos Alfredo Sánchez Robles, «Chuky» o «Jeison».
• Ángel Luis González, «Piro Caco de Muñeca».
• Isaac de Jesús Fernández Reyes, «Guccito».
• Al«Bobo».

• «Skari Mecánico».