Obras, deuda y velocidad, pero ¿y las vidas? 

SANTO DOMINGO, R.D.

La Fuerza del Pueblo lanzó una fuerte crítica contra la política de movilidad del Gobierno y advirtió que construir carreteras, elevados, puentes y sistemas de transporte no es suficiente si los ciudadanos continúan muriendo o resultando gravemente lesionados en las vías.

Mario Holguín, titular de la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo (SESVIALFP), sostuvo que, después de seis años de gestión, las millonarias inversiones realizadas en infraestructura y transporte deben comenzar a medirse por sus resultados sobre la seguridad de las personas y no únicamente por la cantidad de obras inauguradas o kilómetros construidos.

Holguín reconoció la importancia de mejorar la conectividad nacional, reducir los tiempos de desplazamiento y ampliar los sistemas modernos de transporte colectivo. Sin embargo, advirtió que aumentar la capacidad vial y acelerar el tránsito no puede ser el objetivo final de una política pública.

“Una infraestructura que permite llegar más rápido, pero no garantiza llegar con vida, no puede constituir el objetivo final de una política pública de movilidad”, afirmó.

El dirigente político reaccionó a la presentación realizada por el Gobierno durante La Semanal, donde fueron destacados 957 kilómetros de carreteras en construcción, 220 puentes, circunvalaciones, elevados y otras soluciones destinadas a descongestionar el tránsito, además de la expansión del Metro, los teleféricos y el Monorriel de Santiago.

Para Holguín, el país necesita una política de movilidad que coloque a las personas en el centro de las decisiones y que incorpore velocidades seguras, cruces protegidos, tratamiento adecuado de las intersecciones, protección efectiva para peatones y motociclistas, accesibilidad universal y mecanismos capaces de reducir las consecuencias del error humano.

Consideró, por tanto, insuficiente medir los avances únicamente por kilómetros de carreteras, cantidad de puentes, elevados, estaciones o capacidad instalada.

A su juicio, después de seis años también corresponde responder preguntas incómodas: ¿cuánto han disminuido las muertes en las vías?, ¿cuántas lesiones graves se han evitado?, ¿cuántos puntos críticos han sido corregidos y cuánto ha mejorado realmente la protección de peatones, motociclistas y demás usuarios vulnerables?

Holguín señaló que la persistencia de problemas estructurales también ha quedado reflejada en recientes reclamos de organizaciones vinculadas al sector transporte, que han planteado la necesidad de establecer horarios escalonados, ampliar corredores, fortalecer la educación vial, impulsar la movilidad eléctrica, renovar el parque vehicular, mejorar el transporte colectivo, regular el transporte pesado y adoptar medidas más efectivas para reducir las muertes en las carreteras.

Consideró significativo que actores del propio sector continúen reclamando en 2026 medidas que durante años han aparecido en planes, anuncios y programas oficiales.

Para el dirigente de la Fuerza del Pueblo, esto evidencia que todavía no se ha logrado consolidar una política integral, articulada y sostenible de movilidad segura.

Más de US$2,460 millones bajo la lupa

Uno de los principales cuestionamientos de Holguín está relacionado con el volumen de recursos destinados al sector.

El titular de SESVIALFP afirmó que un levantamiento realizado por esa secretaría identifica aproximadamente US$2,209.7 millones en préstamos internacionales contratados desde 2020 hasta agosto de 2026, vinculados directamente con movilidad, transporte, seguridad vial e infraestructura vial.

Explicó que, si se incorpora un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$250 millones, firmado a finales de 2019, pero aprobado y vigente durante 2020, el universo de recursos externos asociados al sector ascendería aproximadamente a US$2,460 millones.

“El país necesita conocer qué resultados concretos está comprando con más de US$2,460 millones de financiamiento internacional”, afirmó Holguín.

Planteó que los grandes proyectos deben transparentar sus presupuestos originales y costos actualizados, financiamientos, modificaciones contractuales, plazos de ejecución, ahorro efectivo de tiempo y, sobre todo, la reducción verificable de siniestros, fallecidos y lesionados graves.

Holguín aclaró que la Fuerza del Pueblo no cuestiona el endeudamiento simplemente porque exista. Reconoció que el financiamiento externo puede ser conveniente cuando permite construir infraestructura necesaria y generar beneficios sociales superiores a su costo.

El problema, explicó, está en evaluar la combinación de deuda, retrasos, modificaciones, aumentos de costos y resultados obtenidos.

Inestabilidad institucional

Holguín también puso el foco sobre la institucionalidad encargada de regular el tránsito y el transporte.

Recordó que durante este período han pasado cinco directores por el organismo responsable de regular el tránsito y el transporte, situación que, según afirmó, constituye una señal de inestabilidad institucional y afecta la continuidad de los procesos de reforma.

A su entender, esa rotación ayuda a explicar por qué determinadas iniciativas vuelven a ser anunciadas, reformuladas o reiniciadas sin alcanzar la continuidad necesaria para producir resultados sostenibles.

El dirigente aseguró que la Fuerza del Pueblo respalda la construcción de las infraestructuras necesarias para el desarrollo nacional, la modernización del transporte colectivo y las inversiones que generen beneficios comprobables para la población.

Sin embargo, insistió en que las obras terminadas, los proyectos en ejecución y las metas futuras deben evaluarse no solo por lo que cuestan, sino por lo que realmente producen para los ciudadanos.

“Después de seis años ya no basta decir cuánto se construye. El Gobierno debe explicar qué se prometió, qué se terminó, cuánto terminó costando, cuánto se financió mediante deuda, qué continúa pendiente y qué resultados concretos recibió la población”, manifestó.

Holguín concluyó que el verdadero legado de una política de movilidad no puede medirse únicamente por la cantidad de cemento colocado, las carreteras inauguradas o la velocidad con que se mueve el tráfico.

La verdadera medida, sostuvo, está en los problemas que desaparecen, los riesgos que se eliminan y, fundamentalmente, en las vidas que se logran proteger.