El país espera respuestas. Las auditorías que revelan irregularidades no pueden terminar engavetadas, mientras los responsables, en lugar de rendir cuentas, aparecen premiados con ascensos y designaciones.

Buenos días…

La no publicación de auditorías internas realizadas en instituciones públicas por parte de la Contraloría General de la República puede convertirse en un serio problema de transparencia.

Si se audita al Estado con dinero de los contribuyentes, el país tiene derecho a saber qué se encontró y qué consecuencias produjo.

Lo hemos venido diciendo, en República Dominicana, la transparencia, que una vez parecía verde, se la comieron los burros.

Y hablando de transparencia, la Procuraduría General de la República recibió auditorías realizadas a organismos policiales —Hospital, DIGESETT, POLITUR e IPE— que, según las informaciones conocidas, habrían detectado irregularidades por cientos de millones de pesos en perjuicio del Estado. ¿Y qué ha pasado? Silencio. Ni pío.

Las auditorías también habrían sido remitidas a la Embajada de Estados Unidos y a la Presidencia de la República. Entonces la pregunta es obligatoria: ¿qué hicieron las autoridades con esos informes?

Recordemos que las auditorías en la Policía Nacional fueron anunciadas con bombos y platillos por el presidente Luis Abinader durante un discurso de rendición de cuentas, presentándolas como un hecho relevante de su gestión.  

Pero después vino el black, black, black.

Si hubo irregularidades, el país espera investigaciones, responsabilidades y consecuencias. Lo que no puede ocurrir es que, mientras se habla de combatir la corrupción, algunos funcionarios cuestionados terminen premiados con ascensos o nuevas designaciones. Así no se construye confianza. Así no se combate la corrupción.

Y en el PRM también se mueve el avispero. Se comenta que el presidente Abinader, líder de esa organización política, estaría apoyando entre bastidores a su ministro de Turismo como eventual candidato presidencial. Si esa versión termina confirmándose, podría provocar un choque frontal con las aspiraciones de Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional e hija del expresidente Hipólito Mejía.

La política tiene memoria y los partidos tienen cuchillos.

Y hablando de alcaldes, Dio Astacio está dejando mucho que desear en Santo Domingo Este. Los hoyos en calles y avenidas siguen siendo una amenaza para conductores y peatones. Cuando llueve, muchos se convierten en trampas mortales para los vehículos. Un ayuntamiento no puede acostumbrarse a gobernar mirando hacia otro lado, mientras las calles se deterioran.

El director de la Policía Nacional, que en ocasiones parece haberse convertido en su propio vocero, debe ordenar una investigación seria, transparente y sin favoritismos sobre las denuncias formuladas por Juan Hubieres acerca del incremento de la delincuencia en Bayaguana y zonas adyacentes.

La denuncia fue fuerte. Hubieres es un dirigente conocido en esa zona y, precisamente por eso, sus señalamientos deben ser investigados con seriedad. Si tiene razón, que haya consecuencias. Si está equivocado, que también quede demostrado. Lo que no sirve es el silencio.

En el plano internacional, Cuba continúa hundida en una crisis que parece no tener fondo. Allí falta casi de todo y sobran los problemas. Cuba necesita libertad, oportunidades, producción y esperanza, no una población condenada a sobrevivir entre carencias.

Y cuando las hormigas se quieren perder, alas les han de nacer.

Mientras tanto, el petróleo venezolano vuelve a colocarse en el centro de una disputa geopolítica donde Estados Unidos y China tienen intereses enormes. Venezuela no es solamente petróleo, es territorio, influencia, recursos y poder. Por eso el pulso puede ser grande.

Y hablando de Venezuela, si los venezolanos reclaman elecciones, hay que preparar las condiciones para que puedan celebrarse comicios libres, transparentes y sin trampas. Elecciones de verdad, no elecciones de utilería.

En Haití, el asunto es todavía más complicado. Primero hay que recuperar el control territorial, enfrentar a las pandillas criminales y perseguir a quienes las financien o protejan, desde dentro y fuera del país. Después podrá hablarse seriamente de elecciones.

Porque Haití corre el riesgo de convertirse en un barril sin fondo: entra dinero, llegan ayudas y las pandillas siguen ganando fuerza.

La comunidad internacional debe preguntarse si continuar enviando recursos sin controlar previamente quién los administra y quién termina beneficiándose de ellos. no está alimentando, indirectamente, el mismo monstruo que pretende combatir.

El mundo está lleno de gobiernos que hablan mucho, prometen más y explican poco. Y cuando llega la hora de rendir cuentas, aparece el viejo truco, apagar la luz y esperar que nadie vea.