La inseguridad, la tensión social y los problemas que golpean a los dominicanos encienden las alarmas. El país necesita respuestas concretas, no discursos, promesas ni más allante y movimiento.

Buenos días…

Hemos dicho una y mil veces que el horno no está para galletitas. Que con figureo, redes sociales, cámaras y discursos de espuma no se combate la delincuencia, y mucho menos se fortalece la seguridad ciudadana.

La seguridad no se construye posando para la foto ni convirtiendo los medios en una pasarela de uniformes. Se construye trabajando 24/7 en prevención, inteligencia, investigación y acercamiento real con las comunidades. Y eso no se consigue ejecutando ciudadanos, sean delincuentes o no, ni confundiendo la autoridad con una licencia para disparar.

La Policía está para proteger vidas, no para fabricar cadáveres y después pretender que las explicaciones sobren.

La muerte del joven Amauris Rodríguez (Tojunto),  en San Juan de la Maguana, necesita una explicación seria. No un cuento de camino, no un comunicado de rutina y mucho menos una versión cocinada para que todo el mundo se acueste tranquilo.

Según versiones atribuidas a familiares, amigos y conocidos, el joven se dedicaba al microtráfico, tenía un punto de drogas y presuntamente pagaba semanalmente por protección policial. También se afirma que quería abandonar ese negocio, que habría recibido amenazas de que lo pondrían «en 29» si se retiraba y que, después de insistir en dejar esa actividad, terminó muerto.

¡Cuidado! Estamos hablando de señalamientos que necesitan ser investigados y comprobados. Precisamente por eso, la ciudadanía merece saber qué ocurrió, quiénes conocían la situación y si hubo agentes que, en lugar de combatir el negocio ilegal, lo protegían.

¿Existía esa supuesta protección? ¿Quién la cobraba, si realmente se pagaba? ¿Hubo amenazas? ¿Qué pasó antes de la muerte del joven? ¿Se investigará la cadena completa o solamente se buscará una explicación que cierre el expediente?

Esas son las preguntas que deben responder las autoridades. Y que las responda el Ministerio Público con una investigación seria, independiente y sustentada en pruebas, no con rumores ni con un expediente armado a la carrera.

Porque si las denuncias tienen fundamento, el problema sería mucho más grave que la muerte de un presunto microtraficante, pues estaríamos hablando de posibles vínculos entre quienes deben perseguir el delito y quienes se lucran de él.

Y si las versiones son falsas, que también se demuestre. La verdad no debe tener padrinos ni enemigos.

Por cierto, nos llamó la atención una pregunta de un lector: ¿quién dirige las operaciones de la Policía?

Unos dicen que la propia institución. Otros señalan al presidente Luis Abinader. Algunos mencionan a la ministra de Interior y Policía. Y hay quienes miran hacia la procuradora Yeni Berenice Reynoso, como si desde su despacho se estuviera moviendo cada pieza del tablero.

La pregunta no es para adornar una conversación de esquina. Es para que se aclare dónde terminan las responsabilidades de cada institución y quién responde cuando una operación acaba en tragedia.

La Policía tiene su cadena de mando; el Poder Ejecutivo tiene sus atribuciones, y el Ministerio Público debe investigar los hechos que puedan constituir delitos. Cada cual debe cumplir su función y responder por sus actuaciones, sin esconderse detrás del uniforme, el cargo o la firma de otro.

Porque cuando todo el mundo manda, pero nadie responde, el ciudadano termina pagando la factura.

Lo que nosotros creemos es que este festival de operaciones, declaraciones y exhibiciones podría dar mucha agua a beber más adelante. Y que nadie se haga el distraído.

No todos los mandatos se cumplen. Y no todo el que cumple una orden queda libre de responsabilidad.

Figurín debe entender que el poder es como una silla prestada: hoy te sientas, mañana te la quitan. El problema comienza cuando, por conservarla, se confunde obediencia con impunidad y se cree que una orden borra las consecuencias de los actos.

Quien se brinda para cualquier cosa, puede terminar pagando una cuenta que no calculó. Quien se niega a cometer una ilegalidad quizás pierda el puesto, pero puede conservar algo mucho más valioso, la tranquilidad de no cargar con una responsabilidad penal o moral.

Y quien ejecuta una orden contraria a la Constitución o a la ley no puede dar por seguro que el rango, el cargo o el silencio de sus superiores lo protegerán para siempre.

Puede que hoy se marche entre aplausos; mañana podría vivir mirando por encima del hombro, esperando que la cuenta llegue con nombre y apellido.

El uniforme no convierte lo ilegal en legal, ni el mandato borra la responsabilidad individual. El que tenga ojos, que vea, y el que tenga oídos, que escuche.

Cambiando de escenario, pero no de espectáculo, Kim Jong-un parece haberse convertido en un fenómeno de los rumores internacionales. Cada cierto tiempo lo dan por muerto, lo colocan en coma o le atribuyen una hemorragia cerebral, y después reaparece ante las cámaras.

¡Al hombre lo matan en las redes y lo resucitan las fotografías!

Esta vez, los medios oficiales norcoreanos difundieron imágenes del líder durante una visita a una exposición de ropa y calzado, acompañado de su hija, Kim Ju-ae, y de su esposa, Ri Sol-ju. Las imágenes contradicen los rumores de su muerte, aunque su difusión oficial no equivale a una verificación independiente de su estado de salud.

Volvamos a casa, que aquí tampoco faltan motivos para preocuparse.

Las muertes violentas continúan y la pregunta sigue sobre la mesa: ¿se presentarán las estadísticas tal como son o aparecerán especialistas en maquillaje para convertir el desastre en una maravillosa  estadística?

Porque para pintar resultados, cuadrar números y vender éxitos siempre parece haber manos disponibles. Pero para prevenir la violencia, investigar cada muerte y ofrecer respuestas convincentes, el trabajo es otro.

La seguridad no se mide por la cantidad de ruedas de prensa, ni por el número de cadáveres que aparecen en los informes. Se mide por las vidas que se protegen, los delitos que se previenen y las responsabilidades que se establecen.

Al final, las cifras podrán maquillarse… pero, la realidad, tarde o temprano, termina quitándose el maquillaje.

¡Hasta la próxima, y que nadie se confunda, pues una cosa es combatir el delito y otra muy distinta es pretender que el ruido de los disparos sustituya a la justicia!