SANTO DOMINGO, R.D.

La secretaria de Seguridad Ciudadana de Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso, cuestionó la tasa de 6.98 homicidios por cada 100 mil habitantes presentada por el Gobierno durante la más reciente reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana y afirmó que esa cifra es el resultado de ajustes metodológicos que, según denunció, reducen artificialmente los indicadores de violencia.

Basándose en datos de la Policía Nacional y de la Procuraduría General de la República, Reynoso sostuvo que las autoridades han modificado progresivamente los criterios de medición para acercarse a la meta oficial de 4.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Lo anunciado por el Gobierno no corresponde a la tasa real de homicidios. Es una cifra construida a partir de una serie de exclusiones y reclasificaciones que reducen el resultado final”, afirmó.

La dirigente opositora señaló que una de las principales distorsiones radica en la exclusión de víctimas extranjeras de los cálculos divulgados públicamente. Explicó que organismos internacionales especializados recomiendan incluir todas las muertes violentas ocurridas dentro del territorio nacional, sin importar la nacionalidad de las víctimas.

Otro punto que consideró preocupante es el aumento de los homicidios registrados bajo la categoría de “Acción Legal”, utilizada para clasificar muertes provocadas por agentes del Estado durante operativos o intervenciones.

Según los datos analizados por la dirigente, estos casos representaron el 16.4 % de los homicidios registrados durante 2025 y alcanzaron el 37.1 % durante la primera semana de junio de 2026.

“La Acción Legal no puede interpretarse automáticamente como un logro en materia de seguridad. Se trata de muertes ocasionadas por el uso de la fuerza estatal y cada caso debe ser investigado de manera independiente para determinar si estuvo plenamente justificado”, indicó.

Reynoso también rechazó la explicación oficial que atribuye una parte importante de los homicidios a los llamados “conflictos sociales”.

“Si el propio Gobierno reconoce que gran parte de los homicidios proviene de conflictos sociales, entonces también está admitiendo el fracaso de las políticas de prevención, mediación comunitaria y presencia institucional en los sectores más vulnerables”, sostuvo.

Asimismo, denunció que una proporción significativa de los homicidios permanece bajo investigación al momento de publicarse los informes oficiales. Según afirmó, entre un 11 % y un 18 % de los casos continúan sin clasificación definitiva cuando las estadísticas son presentadas a la opinión pública.

La dirigente calificó además como preocupante la paralización del Observatorio de Seguridad Ciudadana, organismo creado en 2012 para recopilar, verificar y analizar información sobre criminalidad y violencia desde una perspectiva técnica e independiente.

“Un Gobierno que asegura haber logrado avances históricos en seguridad no debería temer a la verificación independiente de sus cifras. La transparencia fortalece la credibilidad; el ocultamiento genera dudas”, expresó.

Entre las propuestas planteadas por Fuerza del Pueblo figuran la reactivación inmediata del Observatorio de Seguridad Ciudadana, la publicación periódica de estadísticas consolidadas con datos del Ministerio Público y del sistema de salud, la divulgación de la serie histórica completa de homicidios y la adopción de estándares internacionales para la medición de la violencia.

Reynoso concluyó afirmando que la población tiene derecho a conocer con precisión la verdadera situación de la seguridad ciudadana.

“El Gobierno tiene derecho a destacar cualquier reducción real de la violencia. Pero la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se construyen esas cifras. La transparencia no puede ser opcional; debe ser una obligación del Estado”, puntualizó.