SAN JUAN, Puerto Rico.

La madre de una adolescente que falleció luego de que médicos en la República Dominicana retrasaran su tratamiento contra el cáncer debido a que estaba embarazada, ha decidido impugnar ante la justicia la estricta prohibición del aborto vigente en el país.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, incluida una entidad de orientación cristiana, se sumaron al recurso legal, alegando que la prohibición absoluta del aborto vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud, la dignidad y la igualdad de las mujeres y niñas embarazadas.

La acción judicial fue depositada el pasado miércoles ante el Tribunal Constitucional.

La República Dominicana mantiene una de las legislaciones más restrictivas de América Latina en materia de aborto, al penalizarlo en todas las circunstancias, sin excepciones. Las mujeres que interrumpen un embarazo pueden enfrentar hasta dos años de prisión, mientras que médicos y parteras se exponen a condenas de entre cinco y 20 años.

“Mi hija murió porque se le negó la atención médica que necesitaba. Ninguna otra madre debería tener que pasar por esto”, expresó Rosa Herminia Hernández en un comunicado.

Su hija, Rosaura Almonte, falleció en 2012 a causa de leucemia cuando tenía apenas 16 años y cursaba un embarazo de tres semanas, según consta en el expediente judicial.

La demanda busca que se reconozcan excepciones a la prohibición del aborto en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de la mujer o niña esté en peligro, o cuando el feto presente anomalías incompatibles con la vida.

“Esta acción busca algo muy simple: que ninguna mujer o niña tenga que elegir entre su vida, su salud y la ley”, afirmó la abogada Patricia Santana Nina.

Datos oficiales indican que entre 2019 y finales de 2024 se registraron al menos 67,455 abortos en el sistema público de salud. Sin embargo, las estadísticas no distinguen entre abortos espontáneos e inducidos.

Asimismo, entre junio de 2017 y octubre de 2022, el Ministerio Público sometió 62 casos penales por aborto y otros 16 por tentativa de aborto. La Procuraduría General de la República dejó de publicar estas cifras a partir de noviembre de 2022.

La impugnación plantea una interrogante central: “¿Es legítimo mantener una amenaza penal permanente contra las mujeres en emergencias médicas únicamente para expresar legalmente una postura moral?”.

El recurso también expone el caso de una mujer que, en 2023, sufrió un aborto espontáneo e incompleto mientras cursaba un embarazo. Según los demandantes, la mujer fue detenida durante diez días en condiciones inhumanas y no recibió la atención médica adecuada. Uno de sus tres hijos había sido concebido como resultado de una violación.

“La mujer acudió a un centro de salud en busca de asistencia médica y terminó siendo privada de su libertad”, señala el documento.

Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que, con frecuencia, son los propios proveedores de servicios de salud quienes notifican a las autoridades sobre mujeres que llegan a los hospitales con complicaciones relacionadas con abortos.

Actualmente no existen estadísticas oficiales confiables que permitan determinar cuántas mujeres han fallecido en el país durante o después de abortos clandestinos.

De acuerdo con datos gubernamentales, durante 2024 al menos 585 niñas de entre 11 y 14 años se convirtieron en madres. Asimismo, entre enero y julio de 2025 fueron denunciadas al menos 681 violaciones sexuales, aunque organizaciones sociales advierten que el número real podría ser significativamente mayor debido al subregistro.

La acción legal sostiene que la prohibición absoluta del aborto profundiza las desigualdades sociales, ya que las mujeres con mayores recursos económicos pueden acceder a servicios médicos privados dentro o fuera del país, mientras que las más pobres enfrentan mayores riesgos para su salud y una mayor posibilidad de ser procesadas penalmente.

“Las mujeres perseguidas suelen compartir condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, precariedad laboral, bajos niveles educativos o estatus migratorio vulnerable”, concluye el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.

Fuente: Tony Pichardo