Los llamados «intercambios de disparos» vuelven a disparar las alarmas, cuando el martes, dos hombres cayeron abatidos en Santiago y elevan a cinco las víctimas reportadas por la Policía en apenas seis días de octubre.

SANTO DOMINGO, R.D.

La sangre sigue corriendo en República Dominicana, y el martes, dos hombres fueron abatidos en Santiago durante alegados intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional, elevando a cinco las personas fallecidas en hechos de este tipo en los primeros días de octubre, luego de que organismos de derechos humanos contabilizaran 37 muertes a manos de agentes policiales durante septiembre.

La llamada «cacería» de supuestos delincuentes continúa y, con ella, los cuestionamientos sobre los denominados «intercambios de disparos», una versión policial que comienza a convertirse, para amplios sectores de la ciudadanía, en una especie de historieta repetida: delincuente localizado, supuesto enfrentamiento, arma ocupada y sospechoso muerto.

Durante septiembre, entidades defensoras de los derechos humanos contabilizaron 37 hombres muertos en hechos en los que la Policía alegó enfrentamientos a tiros. En prácticamente todos los casos, las víctimas fueron señaladas por la institución como presuntos delincuentes.

La cifra ha provocado críticas de abogados, defensores de los derechos humanos y otros sectores de la sociedad que cuestionan el uso letal de la fuerza y reclaman investigaciones independientes que permitan determinar qué ocurrió realmente en cada caso.

La Constitución garantiza la vida

El artículo 37 de la Constitución dominicana establece el derecho a la vida y señala que esta es inviolable desde la concepción hasta la muerte. En República Dominicana no existe la pena de muerte ni la cadena perpetua.

Con el nuevo Código Penal, la pena máxima de prisión alcanza los 60 años.

Por ello, una pregunta resulta inevitable: si una persona es buscada por la comisión de un delito, ¿corresponde capturarla y someterla a la Justicia o terminar con su vida durante un supuesto intercambio de disparos?

La respuesta constitucional debería ser clara: la Policía está llamada a proteger la vida, perseguir el delito, arrestar a los sospechosos y ponerlos a disposición de los tribunales.

Al asumir la Presidencia de la República, Luis Abinader juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, así como respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Pero en su gobierno, ese juramento no se cumple.

Dos muertos en Santiago

El martes, en pocas horas, dos hombres fueron abatidos en hechos separados ocurridos en la provincia de Santiago durante alegados intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional.

Uno de los casos ocurrió en el sector El Caimito, municipio Sabana Iglesia.

El occiso fue identificado como Estarlin Emilio Rodríguez Ramos, alias «Chicho», quien era buscado por su presunta vinculación con varios hechos delictivos.

«Enfrentamiento» con la Policía

Según el informe preliminar de la Policía, Rodríguez Ramos se habría resistido al arresto y, al percatarse de la presencia de los agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), habría disparado contra estos, por lo que los policías repelieron la agresión.

Rodríguez Ramos resultó herido y fue trasladado a un centro de salud de la zona, donde murió mientras recibía asistencia médica.

Durante el procedimiento, los agentes dijeron ocupar un arma de fuego que, según la Policía, habría sido utilizada por el fallecido para atacar a los efectivos.

Policía pone en «29» a otro presunto delincuente

El segundo caso ocurrió en el municipio de Tamboril, donde murió Fernando Arturo Tavárez Muñoz, alias «Fernandito», de 33 años.

La Policía Nacional lo señalaba como un reconocido delincuente y lo buscaba mediante dos órdenes judiciales por presunta asociación de malhechores y robo agravado.

El supuesto enfrentamiento ocurrió durante un operativo realizado en la calle Ceo, del sector La Tierra Prometida, de Tamboril.

De acuerdo con el informe preliminar, Tavárez Muñoz habría disparado contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

Durante el operativo, los investigadores ocuparon una pistola cuya marca y numeración no pudieron ser legibles. El arma fue enviada a los procedimientos de verificación correspondientes.

Cinco muertos en seis días

Con estos dos nuevos casos de Santiago, ya suman cinco los hombres muertos en alegados intercambios de disparos con agentes policiales durante los primeros días de octubre.

Las otras tres víctimas fueron reportadas en Santo Domingo Este, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

El jueves 1 de octubre murió Samuel Antonio Brook de los Santos, alias «Bombita» o «Piti», de 22 años, durante un operativo realizado en el sector El Brisal, de San Pedro de Macorís.

El sábado 3 de octubre, la Policía Nacional informó la muerte de otros dos hombres en hechos separados ocurridos en Villa Duarte, Santo Domingo Este, y San Cristóbal.

En Villa Duarte murió Juan Carlos Ventura García, de 39 años.

La institución informó que Ventura García murió mientras recibía atenciones médicas en el hospital Dr. Darío Contreras, después de un supuesto enfrentamiento con agentes de la DICRIM.

Sin embargo, fuentes de ese centro de salud informaron que el hombre habría llegado muerto al hospital.

En San Cristóbal murió Edgar Yomerbi Pinales, alias «El Jefe», de 26 años.

La pregunta que nadie puede esquivar

Cinco muertos en los primeros seis días de octubre, después de 37 en septiembre, obligan a formular una pregunta que no puede ser despachada simplemente con la expresión «intercambio de disparos»:

¿Cuántos de esos hombres realmente dispararon contra la Policía y cuántos pudieron ser capturados con vida?

No se trata de defender delincuentes ni de desconocer el peligro al que se enfrentan los agentes policiales.

Se trata de algo mucho más elemental: la vida humana tiene protección constitucional y ningún sospechoso puede recibir una sentencia de muerte en la calle.

• Si hubo disparos contra los agentes, que las investigaciones y las evidencias lo establezcan.

• Si hubo armas, que sean sometidas a peritajes.

• Si hubo enfrentamientos, que se reconstruyan los hechos.

• Y si hubo ejecuciones extrajudiciales, que también se establezcan responsabilidades.

Porque en una democracia, la Policía debe combatir el crimen, pero no puede convertirse en tribunal, fiscalía y verdugo al mismo tiempo.