La presidenta de la entidad, Rebeca Henríquez, expresó su “profunda impotencia” al ver cómo se destinan recursos millonarios a promoción institucional, mientras sectores vulnerables continúan enfrentando graves carencias en servicios básicos como calles en mal estado, deficiencias en el alumbrado público, limitaciones en salud y educación, y falta de apoyo social.
“Resulta doloroso e inaceptable que se priorice la difusión de mensajes por encima de la mejora real de la calidad de vida de los ciudadanos, quienes son los verdaderos dueños de esos fondos”, afirmó Henríquez.
La activista también cuestionó la falta de transparencia en la aprobación del gasto, señalando que no existen detalles claros sobre su ejecución ni justificación suficiente que respalde el desembolso.
Pero el señalamiento más contundente fue dirigido a las autoridades responsables de supervisar el uso de los recursos públicos. “Lo que más nos preocupa es la actitud indolente y pasiva de quienes deben garantizar que el dinero del pueblo se utilice correctamente. Permitir este tipo de gastos refleja una desconexión total con la realidad de la gente”, enfatizó.
Henríquez sostuvo que este tipo de decisiones debilitan la confianza ciudadana y evidencian una preocupante falta de compromiso con el bienestar colectivo.
En ese sentido, la Fundación Derechos Humanos Global exigió explicaciones detalladas sobre el uso de los fondos, la revisión de los procesos que permitieron su aprobación y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
“Los recursos del Estado no son patrimonio de los funcionarios. Son herramientas para garantizar derechos y oportunidades. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se repiten estas prácticas sin consecuencias”, advirtió.
Finalmente, la organización reiteró que continuará denunciando lo que considera un uso indebido del dinero público, al tiempo que llamó a fortalecer la transparencia y la responsabilidad en la gestión municipal.
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