¡Cuba contra las cuerdas! Hegseth amenaza con fuerza y RD se alinea con EE. UU.
El jefe del Pentágono exige mayor cooperación a Cuba y deja abierta la posibilidad de una respuesta militar; Trump endurece sanciones y presión energética en busca de cambios políticos en la isla. La Habana denuncia una estrategia de asfixia y acusa a República Dominicana de sumarse a la ofensiva de Washington.

Por la Redacción
La confrontación entre Estados Unidos y Cuba vuelve a subir peligrosamente de temperatura.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió que Washington mantiene abiertas “todas las opciones”, incluida la militar, para enfrentar al Gobierno cubano, mientras la Administración del presidente Donald Trump profundiza las sanciones económicas y la presión sobre las fuentes de financiamiento y energía de la isla.
Durante su reciente gira por América Latina, Hegseth exigió una mayor cooperación de La Habana y lanzó una advertencia que deja poco espacio para la diplomacia convencional:
“Me gustaría ver una mayor cooperación por parte de Cuba, la quieran o no. Llevan mucho tiempo amenazando a Estados Unidos.”
El jefe del Pentágono confirmó así que Washington mantiene sobre la mesa diferentes escenarios frente a La Habana, incluido el empleo de recursos militares. La declaración se produce en un momento de creciente presión estadounidense sobre la isla y después de la visita de Hegseth a la base naval de Guantánamo.
Washington habla de democracia y La Habana de asfixia
La Administración Trump sostiene que su política busca presionar al Gobierno cubano para que avance hacia mayores libertades políticas, respeto a los derechos humanos, Estado de derecho y una apertura democrática.
En enero, Trump declaró que las políticas del Gobierno cubano constituyen una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense y vinculó su estrategia hacia la isla con la promoción de “cambio pacífico”, democracia, libertad de expresión y prensa y respeto a los derechos humanos.
Pero Washington no se ha limitado a declaraciones.
En mayo, Trump amplió las sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al aparato de seguridad cubano y autorizó nuevas medidas contra personas, empresas e instituciones que apoyen al Gobierno de La Habana.
Y en julio, el Departamento de Estado volvió a ampliar la lista de sancionados, incluyendo entidades relacionadas con las finanzas, la energía y otras fuentes de ingresos del Gobierno cubano.
El objetivo de Washington es claro: aumentar el costo económico y político para La Habana y utilizar esa presión como palanca para forzar cambios democráticos.
El petróleo se convirtió en arma política
Uno de los puntos más sensibles de la nueva estrategia estadounidense es el combustible.
La Casa Blanca estableció en enero un mecanismo para imponer aranceles adicionales a países que suministren petróleo directa o indirectamente a Cuba, buscando cortar una de las principales vías de abastecimiento energético de la isla.
La presión energética ha tenido consecuencias severas.
Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética, con prolongados apagones, escasez de combustible, dificultades en el transporte y problemas para garantizar servicios básicos. Reuters reportó esta semana que algunos apagones han superado las 20 horas diarias en determinadas zonas.
Paradójicamente, mientras Washington endurece el cerco, Estados Unidos ha permitido determinadas exportaciones de combustible hacia empresas privadas cubanas. Esa excepción ha generado un mercado paralelo de combustible dentro de la isla, con precios que muchos ciudadanos no pueden pagar.
¿Presión por la democracia o estrategia de estrangulamiento?
Aquí está el punto que abre el debate.
Washington sostiene que está utilizando sanciones y presión económica para obligar al Gobierno cubano a liberar espacio político, respetar derechos fundamentales y avanzar hacia una transformación democrática.
La Habana, por el contrario, sostiene que Estados Unidos intenta estrangular económicamente a Cuba para provocar el colapso del Gobierno.
De hecho, un análisis publicado en mayo señalaba que la Administración Trump contemplaba escenarios ante un posible colapso del Gobierno cubano y que su estrategia privilegiaba una presión económica progresiva, aunque sin que Trump hubiera autorizado una invasión.
La realidad es que las dos cosas pueden coexistir como objetivos políticos de Washington: promover una transición política y, al mismo tiempo, utilizar la presión económica para hacerla inevitable o acelerar su llegada.
El problema es el costo.
Cuando el castigo económico golpea al Estado, también termina golpeando al ciudadano común.
Y ahí está una de las grandes controversias de esta política: si el objetivo es debilitar a la élite gobernante, pero el resultado inmediato es escasez, apagones, inflación y deterioro de los servicios, la presión puede terminar afectando mucho más al pueblo que a quienes controlan el poder.
La Habana no cede y denuncia una política de “asfixia”
El Gobierno cubano rechaza categóricamente las acusaciones estadounidenses y sostiene que no representa una amenaza militar para Washington.
La Habana insiste en que está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, pero en condiciones de igualdad y sin aceptar amenazas ni imposiciones.
Al mismo tiempo, acusa a Washington de utilizar el bloqueo económico, las sanciones financieras y la presión sobre el suministro de combustible como instrumentos para provocar una crisis interna.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado que las medidas estadounidenses han agravado la crisis energética, los apagones y la escasez de combustible en la isla.
Y en medio del fuego aparece República Dominicana
Como si el escenario no fuera suficientemente tenso, Cuba acaba de abrir otro frente diplomático con República Dominicana.
La Habana denunció la expulsión de diez funcionarios diplomáticos cubanos y sus familiares y calificó la decisión del Gobierno del presidente Luis Abinader como un “acto de subordinación” a la política agresiva de Estados Unidos contra Cuba.
Y, ¡ojo!, la decisión del Gobierno del presidente Luis Abinader de expulsar a un grupo de diplomáticos cubanos se produce precisamente cuando Washington aprieta la tuerca al máximo sobre el régimen de La Habana, elevando la presión económica, energética y política hasta niveles que mantienen a Cuba al borde de una explosión social y política. La coincidencia temporal resulta demasiado llamativa como para pasarla por alto: mientras Estados Unidos endurece el cerco contra La Habana, Santo Domingo también mueve ficha.
El Gobierno dominicano, por su parte, comunicó que solicitó el retiro de nueve funcionarios cubanos y sus familiares, sin ofrecer públicamente las razones específicas de la medida.
La diferencia entre ambas cifras —diez según La Habana y nueve según Santo Domingo— permanece sin una explicación pública definitiva.
El episodio agrega una nueva dosis de tensión a una relación históricamente estrecha entre los pueblos dominicano y cubano.
El avispero está encendido
Estados Unidos aumenta la presión.
Cuba resiste.
Washington habla de democracia, seguridad y derechos humanos.
La Habana responde denunciando bloqueo, asfixia económica y amenaza militar.
Y mientras ambos gobiernos intercambian acusaciones, los cubanos siguen pagando el precio de una confrontación que lleva más de seis décadas y que ahora entra en una de sus etapas más peligrosas.
La gran pregunta es inevitable:
¿Busca Washington realmente una transición democrática pacífica en Cuba o está dispuesto a llevar la presión económica y militar hasta provocar el colapso del sistema?
Porque una cosa es presionar por democracia.
Y otra muy distinta es apretar el cuello de una nación hasta dejarla sin oxígeno.
Ahí está el verdadero dilema.



