Sigue la represión política en Venezuela; detienen al exalcalde Javier Oropeza
Alianza Bravo Pueblo denuncia una detención arbitraria y violenta del exalcalde de Torres, quien fue liberado horas después, y exige garantías para su libertad y sus derechos políticos.
CARACAS, Venezuela
Alianza Bravo Pueblo (ABP) condenó la detención del exalcalde del municipio Torres, estado Lara, Javier Oropeza, ocurrida este jueves 17 de septiembre, y calificó el procedimiento de “arbitrario y violento”, al tiempo que exigió el respeto de sus derechos y denunció la permanencia de estructuras de persecución política en Venezuela.
Según el comunicado difundido por la organización, Oropeza intentó impedir lo que ABP describe como un “secuestro” en plena vía pública y fue sometido a una actuación policial que, de acuerdo con la denuncia, afectó su integridad y su libertad personal.
La organización sostiene que el hecho debe ser investigado y responsabiliza a las autoridades por lo ocurrido.
Oropeza había regresado a Venezuela apenas un día antes, después de permanecer aproximadamente dos años en el exilio.
El jueves fue interceptado en Barquisimeto después de ofrecer una entrevista en el diario El Informador, según medios venezolanos. Posteriormente fue llevado ante un tribunal y quedó en libertad tras unas seis horas de detención, aunque con medidas cautelares, de acuerdo con reportes publicados este viernes.
ABP invoca a la misión de determinación de los hechos de la ONU
En su pronunciamiento, Alianza Bravo Pueblo relacionó el caso con los señalamientos realizados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, mecanismo de Naciones Unidas que ha documentado denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos en el país.
La organización opositora sostiene que las estructuras de represión continúan activas y reclama que las denuncias sobre violaciones de derechos humanos sean investigadas, estableciéndose responsabilidades y garantizando reparación a las víctimas.
ABP también cuestionó que, mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez anuncia su participación ante Naciones Unidas, continúen —según la organización— acciones contra las libertades políticas, individuales y de expresión.
Pide la liberación de 344 presos políticos
Otro de los reclamos centrales del comunicado está dirigido al Gobierno de Estados Unidos y, particularmente, a la administración del presidente Donald Trump, a la que ABP atribuye un papel en el proceso político venezolano.
La organización pidió que Washington exija la liberación inmediata de las personas que identifica como presos políticos y que, según el registro del Foro Penal actualizado al 14 de septiembre de 2026, sumaban 344 personas: 330 hombres y 14 mujeres; 200 civiles y 144 militares. De ese total, 153 habían sido condenados y 191 permanecían sin condena, según la ONG.
ABP también reclamó el fin del hostigamiento contra medios de comunicación y periodistas.
Reclama desbloqueo permanente de medios y plataformas
El comunicado hace referencia, además, al anuncio de Conatel sobre el restablecimiento del acceso a determinados portales informativos.
Para ABP, esa medida constituye un reconocimiento de que durante años se produjeron bloqueos contra medios de comunicación y plataformas digitales.
La organización exige que el acceso sea restablecido de manera permanente y sin restricciones a todos los medios, plataformas y emisoras de radio afectados, independientemente del operador de telecomunicaciones utilizado.
También reclama el fin de las medidas cautelares
ABP incluyó entre sus exigencias el sobreseimiento definitivo de las causas y el levantamiento de las medidas cautelares que afectan a miles de personas sometidas a regímenes de presentación u otras restricciones judiciales.
La organización considera que esas medidas mantienen a numerosos ciudadanos bajo presión judicial aun cuando no se encuentren privados de libertad.
El planteamiento se produce en un contexto en el que el Foro Penal reporta, además de los 344 presos políticos actualmente registrados, más de 11.472 personas sometidas a medidas restrictivas de libertad, según sus cifras actualizadas al 14 de septiembre.
ABP anuncia seguimiento del caso
Finalmente, Alianza Bravo Pueblo informó que dará seguimiento al caso de Javier Oropeza a través de sus diputados, encabezados por Richard Blanco, y de la Dirección de Derechos Humanos de la organización, dirigida por Vilca Fernández.
La agrupación anunció igualmente actividades de solidaridad en el estado Lara y reiteró su respaldo a la renovación y continuidad de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
El caso de Oropeza se produjo, además, en medio de la segunda ronda de conversaciones entre representantes del Gobierno venezolano y sectores de la oposición. La detención fue denunciada públicamente por dirigentes opositores y posteriormente el exalcalde fue liberado.
ABP sostiene que el episodio demuestra la necesidad de mantener la atención internacional sobre la situación de los derechos humanos, las libertades políticas y la libertad de expresión en Venezuela.
