La ofensiva contra los grupos armados se intensifica en la llanura de Cul-de-Sac, mientras el presidente salvadoreño acusa a sectores haitianos de financiar y armar a los criminales. La ONU advierte que la mayoría de los militares salvadoreños opera fuera del mandato de la fuerza internacional y un jefe de 400 Mawozo pide mediación, en medio de versiones contradictorias sobre el destino de los cuatro técnicos desaparecidos.

PUERTO PRÍNCIPE, Haití.

Haití atraviesa horas de máxima tensión.

Las operaciones contra las organizaciones criminales se intensifican en distintos sectores del territorio, mientras el contingente militar salvadoreño continúa desplegado en el país, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, en una misión que comenzó con la búsqueda de cuatro técnicos aeronáuticos de esa nación desaparecidos desde el pasado 18 de octubre.

Los acontecimientos de las últimas horas han colocado nuevamente a Haití en el centro de la atención internacional, con una ofensiva de la Policía Nacional de Haití (PNH) y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), el pronunciamiento del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, un nuevo mensaje de Bukele dirigido al pueblo haitiano y la solicitud de mediación internacional presentada por un poderoso jefe pandillero.

El escenario es explosivo

Mientras las autoridades anuncian operaciones para recuperar territorios controlados por bandas armadas, persisten interrogantes sobre la cadena de mando, las reglas de actuación de las tropas extranjeras y la protección de la población civil.

En tanto que una fuente diplomática haitiana informó que los militares salvadoreños desplegados por disposición del presidente Nayib Bukele no forman parte, en su mayoría, de la Fuerza de Represión de Pandillas respaldada por las Naciones Unidas.

La información fue confirmada por Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, quien explicó que la mayor parte del contingente salvadoreño no opera bajo el marco de esa fuerza internacional y, por tanto, queda fuera de su mandato y de sus mecanismos de información y rendición de cuentas.

Esta precisión tiene importantes implicaciones. No significa que los militares salvadoreños estén autorizados a actuar al margen del derecho internacional. La ONU ha insistido en que toda operación de seguridad debe respetar las normas internacionales y los derechos de la población.

La preocupación se concentra en la falta de claridad sobre los acuerdos que regulan la presencia de esos efectivos, quién ejerce el mando operativo, cuáles son sus reglas de enfrentamiento y cuánto tiempo permanecerán en Haití.

La misión salvadoreña comenzó con el propósito de localizar a cuatro técnicos aeronáuticos de ese país que desaparecieron después de un ataque armado ocurrido el 18 de octubre en las inmediaciones de Croix-des-Bouquets.

Aunque el Gobierno haitiano sostiene que fueron secuestrados, las autoridades salvadoreñas mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.

Ofensiva en la llanura de Cul-de-sac

Paralelamente, la Policía Nacional de Haití, con el respaldo de la Fuerza de Represión de Pandillas, desarrolla una operación de gran escala en varias zonas de la llanura de Cul-de-Sac.

La intervención comprende sectores como Carrefour Chada, el puente de Croix-des-Missions —también identificado en algunos reportes como Pont-Badara— y Santo 17.

De acuerdo con la información difundida por la institución policial, el objetivo es desmantelar puestos de peaje ilegales instalados por grupos armados, impedir secuestros y enfrentar los abusos y actos de violencia que mantienen sometidas a las comunidades.

El alto mando de la PNH movilizó vehículos blindados para respaldar el desplazamiento de las unidades que participan en las operaciones.

Sin embargo, hasta los últimos reportes consultados, las autoridades no habían ofrecido un balance oficial de muertos, heridos, detenidos o armas ocupadas. Tampoco se había confirmado qué territorios habían sido recuperados de manera permanente.

La ausencia de un balance verificable obliga a distinguir entre los objetivos anunciados por las autoridades y los resultados efectivamente alcanzados sobre el terreno.

Fils-aimé reivindica el mando del gobierno haitiano

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé afirmó que su Gobierno mantiene la dirección política y estratégica de las operaciones de seguridad realizadas conjuntamente por la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas y la Fuerza de Represión de Pandillas.

El jefe de Gobierno sostuvo que la cooperación internacional está destinada a respaldar al Estado haitiano, no a reemplazarlo.

Su pronunciamiento se produce en medio de cuestionamientos sobre el papel de los militares salvadoreños y la coordinación entre las distintas estructuras de seguridad que operan en el país.

Fils-Aimé agradeció el respaldo de Bukele y aseguró que su administración está decidida a recuperar la seguridad, combatir las bandas armadas y crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones.

También informó que más de 1,000 nuevos agentes policiales concluyeron su formación y manifestó que espera incorporar otros 4,000 policías y 15,000 militares a las labores de seguridad.

No obstante, el desafío es enorme: las fuerzas haitianas deben enfrentar organizaciones criminales que controlan territorios estratégicos, imponen extorsiones, secuestran ciudadanos y mantienen a numerosas comunidades bajo amenaza.

Bukele invoca a Dessalines y acusa a los traidores de Haití

En su segundo mensaje dirigido al pueblo haitiano, el presidente salvadoreño Nayib Bukele elevó el tono de sus declaraciones y recurrió a la memoria histórica de Jean-Jacques Dessalines, uno de los principales líderes de la independencia de Haití.

Bukele recordó que Dessalines fue traicionado y asesinado por personas que, según su interpretación histórica, buscaban beneficios personales, y sostuvo que los responsables de aquella traición tienen equivalentes en la actualidad.

El mandatario afirmó que esos traidores todavía existen en Haití y que algunos participan directamente en las pandillas, mientras otros las financian o les suministran armas.

«Los ayudaremos a recuperar el país de manos de los traidores», expresó el gobernante salvadoreño, al llamar a la población haitiana a respaldar la lucha contra quienes mantienen a la nación sumida en la violencia.

El mensaje constituye una advertencia política directa a los sectores que, según Bukele, alimentan las estructuras criminales desde dentro de la propia sociedad haitiana.

Sin embargo, sus declaraciones también aumentan la tensión alrededor de una intervención extranjera cuyo alcance, conducción y duración todavía generan interrogantes.

Un jefe pandillero busca mediación de las naciones unidas

En un giro que añade otro elemento de incertidumbre, Wilson Joseph, conocido como «Lanmò Sanjou» y señalado como jefe de la organización criminal 400 Mawozo, confirmó a la agencia Associated Press que envió una carta al secretario general de la ONU solicitando el envío de una delegación internacional para facilitar un diálogo.

Joseph afirmó que está dispuesto a participar en conversaciones y a deponer las armas, aunque no explicó qué condiciones exigiría a cambio.

El jefe pandillero también manifestó temor a que las operaciones de las fuerzas extranjeras provoquen represalias y aumenten las víctimas civiles.

En la misma entrevista, aseguró que los cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos están muertos. Sin embargo, no presentó pruebas que respalden esa afirmación.

La versión contradice la posición del Gobierno haitiano, que ha informado que los técnicos fueron secuestrados, y la del Gobierno salvadoreño, que mantiene la esperanza de encontrarlos con vida.

La ONU confirmó que recibió la comunicación firmada por Joseph, pero aclaró que recibir una carta no significa reconocer a su autor, respaldar sus planteamientos ni modificar su condición dentro del régimen de sanciones internacionales.

El caso de 400 Mawozo es particularmente delicado. La organización ha sido vinculada a secuestros, extorsiones y otros actos criminales, incluido el secuestro de 17 misioneros estadounidenses y canadienses en octubre de 2021.

Sobre Wilson Joseph pesa una acusación federal en Estados Unidos por toma de rehenes y conspiración para cometer ese delito. Washington ofrece una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a su captura.

Una crisis que amenaza con desbordar las fronteras

La situación haitiana continúa siendo una de las mayores emergencias de seguridad y humanitarias del Caribe.

Según cifras de Naciones Unidas citadas por la agencia Associated Press, más de 5,700 personas fueron asesinadas o resultaron heridas entre enero y mediados de septiembre de este año.

Las pandillas controlan alrededor del 70 % de Puerto Príncipe y han extendido sus actividades criminales hacia otras comunidades. Los secuestros, asesinatos, extorsiones y desplazamientos forzados mantienen a la población en una situación de extrema vulnerabilidad.

La presencia de varias estructuras de seguridad —la Policía haitiana, las Fuerzas Armadas, la fuerza internacional respaldada por la ONU, el contingente salvadoreño y otros equipos de seguridad— aumenta la complejidad de las operaciones.

Expertos en seguridad han advertido que la falta de una estrategia común, reglas claras y mecanismos efectivos de supervisión puede terminar perjudicando a los civiles.

Para República Dominicana, el panorama merece una vigilancia especial. La crisis haitiana no es un conflicto distante: comparte frontera con nuestro territorio y cualquier escalada de violencia, desplazamiento masivo o colapso institucional tiene potenciales repercusiones para la seguridad dominicana.

Haití necesita recuperar sus instituciones, proteger a su población y desmantelar las estructuras criminales. Pero también necesita que las operaciones militares tengan objetivos definidos, mando claro y respeto absoluto por la vida de los inocentes.