La organización propone aplazar la aplicación de la Ley 74-25 para revisar disposiciones que, asegura, ponen en riesgo la libertad de expresión, el derecho a la información y la actividad de los medios de comunicación. Si no hay respuesta, convocará un plantón en el Parque Independencia 30 días antes de su entrada en vigencia.

SANTO DOMINGO, R.D.

 La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) solicitó este martes al Congreso Nacional aplazar la entrada en vigencia de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, con el objetivo de revisar y corregir las disposiciones que, a su juicio, vulneran la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de empresa y el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.

La entidad aclaró que su planteamiento no persigue la derogación del nuevo Código Penal ni la eliminación de las sanciones destinadas a proteger el honor, la intimidad o la dignidad de las personas. Su propuesta se limita a modificar aquellos artículos cuya redacción podría generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio del periodismo y el trabajo de los medios de comunicación.

ADOCCO manifestó especial preocupación por las disposiciones que establecen la responsabilidad penal de las personas jurídicas y por la amplitud con que fueron redactados algunos tipos penales, al considerar que podrían fomentar la autocensura entre periodistas, directores, propietarios de medios y empresas dedicadas a la comunicación social.

La organización advirtió que imponer sanciones penales a empresas periodísticas por la difusión de contenidos informativos, sin establecer criterios diferenciados que reconozcan el ejercicio legítimo de la labor periodística, podría desalentar las investigaciones sobre asuntos de interés público y restringir el debate democrático.

En ese sentido, sostuvo que la Ley núm. 74-25 debe ser modificada para armonizar las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y al delito de ultraje con las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información.

Asimismo, propuso revisar varios artículos para asegurar que la responsabilidad penal recaiga únicamente sobre quienes actúen con dolo debidamente comprobado, evitando que las empresas periodísticas sean responsabilizadas automáticamente por publicaciones realizadas en el legítimo ejercicio de su función informativa.

ADOCCO explicó que su planteamiento encuentra sustento en la Constitución de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumentos que procuran un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la preservación de una prensa libre, responsable e independiente.

La organización también hizo un llamado al Congreso Nacional para abrir un proceso de diálogo amplio e inclusivo, con la participación de legisladores, representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gremios periodísticos, las universidades, las asociaciones que agrupan a las empresas de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, a fin de consensuar las modificaciones antes de que el Código Penal entre en vigor.

«La democracia se fortalece cuando las leyes protegen simultáneamente la dignidad de las personas y el derecho de la sociedad a estar informada. Nuestro interés es contribuir a una legislación equilibrada, constitucionalmente armonizada y respetuosa de los estándares internacionales sobre libertad de expresión», expresó ADOCCO.

La entidad advirtió que, de no recibir una respuesta por parte del Congreso Nacional, iniciará un plan de movilizaciones cívicas que comenzará con un plantón en el Parque Independencia, convocado para realizarse 30 días antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

Finalmente, ADOCCO reiteró que una postergación temporal de la aplicación de la Ley núm. 74-25 permitiría introducir los ajustes necesarios para fortalecer la seguridad jurídica, evitar interpretaciones que puedan afectar el ejercicio periodístico y consolidar un marco legal que garantice tanto la protección de los derechos fundamentales como el pleno funcionamiento de una sociedad democrática.