Narcos, impunidad y gatillo: las tres plagas que desangran a RD

Buenos días…

La República Dominicana tiene una deuda pendiente con la sociedad. Debe avanzar, sin titubeos, en la lucha contra la criminalidad, la corrupción, la impunidad y, sobre todo, contra el narcotráfico. Pero también debe impedir que el dinero de la droga contamine la política.

Cerrarles el paso a los narcotraficantes que pretendan infiltrarse en los partidos y alcanzar posiciones de poder es una prioridad en cualquier democracia seria. No basta con perseguir cargamentos, también hay que impedir que el crimen organizado compre influencia, financie campañas o encuentre refugio en las instituciones.

Aquí las autoridades están obligadas a enfrentar el narcotráfico en su propio terreno, no a protegerlo, tolerarlo ni convertirse, por acción u omisión, en cómplices de sus operaciones.

Cuando el presidente Luis Abinader advirtió que los delincuentes debían entregarse o serían enfrentados «en su terreno», el mensaje fue contundente. Sin embargo, esa determinación debe abarcar por igual al microtráfico y al narcotráfico.

Si la advertencia era para todos los delincuentes, la ciudadanía espera que también se aplique a quienes financian y sostienen las estructuras criminales.

Ahora bien, corresponde a la Junta Central Electoral ejercer un papel determinante. Debe establecer mecanismos rigurosos para verificar los antecedentes de quienes aspiran a cargos de elección popular, siempre dentro del marco constitucional y respetando el debido proceso. La democracia no puede convertirse en refugio de personas vinculadas a actividades ilícitas. Y los partidos tampoco pueden pretender venderle al pueblo gato por liebre.

Asimismo, sería positivo que los organismos internacionales que cooperan con la región en la lucha contra el crimen organizado mantengan una vigilancia permanente sobre el Caribe, y en especial, en República Dominicana. La batalla contra el narcotráfico no puede librarse con un ojo abierto y otro cerrado. Entendió el mensaje, presidente Donald Trump.

Los principales partidos —el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD y las demás organizaciones políticas— tienen la responsabilidad moral y política de impedir que personas con antecedentes cuestionables o bajo investigaciones serias por delitos graves, representen sus colores. La política debe recuperar credibilidad, no seguir perdiéndola.

Es motivo de preocupación que dirigentes políticos dominicanos hayan enfrentado procesos judiciales por narcotráfico en el extranjero o que funcionarios electos sean objeto de cuestionamientos públicos por presuntos vínculos con actividades ilícitas. Cada caso debe investigarse hasta las últimas consecuencias y aclararse con absoluta transparencia, porque el descrédito termina golpeando la imagen del país entero.

Por eso la Junta Central Electoral tiene una enorme responsabilidad. Debe fortalecer los mecanismos de verificación de los aspirantes para ofrecer mayores garantías de transparencia al electorado. No se trata de sustituir a los tribunales ni de desconocer la presunción de inocencia, sino de proteger la integridad del sistema democrático.

También corresponde a las autoridades investigar cualquier denuncia o información que circule sobre posibles vínculos entre dirigentes políticos y el narcotráfico. Si existen dudas, que se investiguen; si son falsas, que se despejen, y si son ciertas, que la justicia actúe sin privilegios ni excepciones.

Y una precisión necesaria: no nos referimos a una persona en particular, sino a todos aquellos cuyos nombres han sido mencionados o señalados públicamente en relación con presuntos vínculos con el narcotráfico. 

Al PRM también le corresponde proteger su propia imagen. Resulta preocupante que, fuera del país, algunos extranjeros reproduzcan la percepción de que esa organización política estaría vinculada al narcotráfico. Esa generalización es injusta y perjudica no solo al partido, sino a la República Dominicana.

Nos consta porque colaboradores nuestros, en distintos escenarios internacionales, han tenido que explicar que no todos los políticos dominicanos son iguales y que no toda la clase política recibe dinero del narcotráfico ni se beneficia de actividades ilícitas.

El Gobierno del presidente Luis Abinader debe enfrentar esa narrativa con hechos, transparencia y resultados. La mejor manera de desmontar rumores no es con discursos, sino con investigaciones, sanciones y una política de tolerancia cero contra la infiltración del crimen organizado.

Mientras tanto, otro frente genera profundas preocupaciones: el nuevo Código Penal.

Todo indica que la legislación prevista para entrar en vigencia el próximo 6 de agosto llegará acompañada de una fuerte resistencia social. Para muchos sectores, el texto dista de responder a las expectativas de la ciudadanía.

Antes incluso de su aprobación, el doctor Frener Bello Arias, un experto en investigación, advirtió que el Tribunal Constitucional podría verse inundado de acciones directas de inconstitucionalidad contra diversos artículos del nuevo código. Y el tiempo parece darle la razón.

La nueva legislación, según numerosos críticos, aprieta donde no debe apretar y afloja donde debería ser implacable. Para algunos especialistas, contiene disposiciones que podrían beneficiar indebidamente a funcionarios corruptos o dificultar la persecución efectiva de ciertos delitos contra la administración pública.

Las críticas se han multiplicado en las últimas semanas. Abogados, juristas, académicos y comunicadores especializados en Derecho han expresado reservas sobre múltiples disposiciones del texto.

Muchos coinciden en que, antes de su entrada en vigencia, el Código Penal debe ser revisado, corregido y armonizado con la Constitución, para evitar conflictos jurídicos, garantizar la seguridad jurídica y proteger plenamente los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Y para cerrar, un tema que no admite más demora. Ya es hora de que el presidente Luis Abinader ponga fin a cualquier práctica que pueda interpretarse como una política de ejecuciones extrajudiciales. La Policía Nacional tiene el deber de capturar a los delincuentes; corresponde al Ministerio Público investigarlos, y a los tribunales, juzgarlos y condenarlos. Pero a los delincuentes. No a los sospechosos.