Mala gestión y corrupción frenan al país

LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL DESARROLLO NACIONAL

Por Rebeca Henríquez
Presidenta Fundación Derechos Humanos Global

Existe una percepción ampliamente compartida de que la gestión deficiente y los actos de corrupción en los que puedan incurrir algunos funcionarios constituyen obstáculos importantes para el desarrollo del país. Existen recursos, iniciativas y voluntad ciudadana; sin embargo, cuando los asuntos públicos no se administran con transparencia, eficiencia y honradez, el bienestar de la población se ve afectado de manera directa.

No se trata de señalar a todos, sino de reconocer que la mala administración y la corrupción, donde ocurran, frenan el progreso de todos. Lo que es de todos debe cuidarse para todos.

La ciudadanía reporta que en muchas comunidades persisten dificultades para acceder a agua potable, servicios de salud, educación y vías de comunicación en condiciones adecuadas. También existe la percepción de que los recursos asignados no siempre se traducen en obras y servicios efectivos para la población.

Cuando salen a la luz casos de presunta mala gestión, irregularidades o desvío de recursos, disminuye la confianza de la población en las instituciones públicas. Esto debilita la relación entre el Estado y la ciudadanía y genera dudas sobre la eficacia de la administración pública.

Los fondos públicos, cuando son administrados correctamente, deben estar orientados a mejorar la calidad de vida de la población y atender las necesidades prioritarias del país. La falta de transparencia y claridad en su utilización genera preocupación sobre el presente y el futuro de la nación.

LA CONSTITUCIÓN ESTABLECE

Es importante precisar que las disposiciones constitucionales deben citarse con exactitud. Los artículos 19, 21 y 60 de la Constitución dominicana no establecen específicamente lo señalado en el texto original. Por tanto, recomendamos no atribuirles esas disposiciones sin una verificación jurídica previa.

La Constitución sí establece principios relacionados con la protección de los derechos ciudadanos, la responsabilidad de los servidores públicos, la transparencia y el manejo adecuado de los recursos del Estado. Estos principios deben ser observados por todas las autoridades y funcionarios.

La transparencia y la rendición de cuentas no son exigencias políticas: son derechos de la ciudadanía y obligaciones de quienes sirven en lo público.

Las autoridades tienen el deber de ofrecer explicaciones claras, públicas y verificables sobre los resultados de su gestión, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos o la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

Un país avanza cuando sus instituciones funcionan con transparencia, justicia y vocación de servicio. La corrupción y la mala gestión, donde existan, son obstáculos que la sociedad tiene el derecho y el deber de señalar y procurar corregir por las vías legales.