Centinelas del Este reaviva denuncia ambiental por finca arrocera
Por Margarita de la Rosa
Hay denuncias ambientales ante las cuales las autoridades pueden alegar desconocimiento. Pero llega un momento en que las evidencias, las imágenes y la magnitud de las intervenciones hacen difícil aceptar el silencio como respuesta.
La organización Centinelas del Este vuelve a colocar sobre la mesa una preocupante denuncia ambiental en la provincia Monte Plata. Esta vez llama particularmente la atención el avance que, según documenta la entidad, lleva la habilitación de terrenos para una finca destinada a la producción de arroz, junto con una infraestructura de bombeo instalada para captar agua de un río de la zona.
Las imágenes que acompañan esta denuncia hablan por sí solas en cuanto a la dimensión de los equipos instalados.
Un motor, una bomba de considerable tamaño y tuberías de gran diámetro aparecen colocados prácticamente a orillas del curso de agua. Una de las fotografías permite observar claramente la proximidad de la instalación al río.
No estamos, por tanto, frente a la imagen de un campesino extrayendo unos cuantos galones para regar una pequeña parcela.
Estamos ante una infraestructura cuya capacidad real de extracción debe ser determinada por las autoridades y que, de acuerdo con la denuncia de Centinelas del Este, forma parte de los trabajos que se realizan para desarrollar una gran finca arrocera.
Y es precisamente aquí donde comienzan las preguntas.
¿De dónde saldrá el agua necesaria para sostener esa producción de arroz?
¿Quién autorizó la instalación de ese sistema de bombeo?
¿Existe permiso para captar agua directamente del río?
¿Qué volumen de agua ha sido autorizado extraer y durante cuánto tiempo?
¿Se realizó previamente un estudio de impacto ambiental para la transformación de esos terrenos?
¿Ha inspeccionado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales estos trabajos?
Y una pregunta igualmente importante: ¿qué sabe el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) sobre esa captación de agua?
No se trata de cuestionar la producción agrícola ni mucho menos la producción de arroz, un alimento esencial para los dominicanos. Se trata de algo elemental: ninguna actividad productiva puede desarrollarse a costa de los recursos naturales ni al margen de las regulaciones ambientales.
El arroz, además, es un cultivo que demanda cantidades importantes de agua. Por eso, cuando se denuncia la transformación acelerada de terrenos para dedicar una extensión significativa a ese cultivo y aparecen simultáneamente equipos de bombeo junto a un río, corresponde a las instituciones explicar qué está ocurriendo.
Centinelas del Este viene alertando sobre intervenciones ambientales en esa zona y cuestiona de manera frontal lo que considera una actuación negligente de las autoridades responsables de proteger esos recursos.
La denuncia merece atención.
Porque mientras una institución decide si investiga, si envía inspectores, si solicita documentos o si determina cuál departamento tiene competencia, las máquinas siguen trabajando y las transformaciones sobre el terreno pueden continuar avanzando.
Ese es uno de los grandes problemas de la protección ambiental en República Dominicana: demasiadas veces el Estado aparece cuando el daño ya está hecho.
Entonces vienen las inspecciones, las intimaciones, las paralizaciones y los anuncios de investigaciones.
Pero los árboles ya fueron derribados.
El terreno ya fue modificado.
El cauce ya fue intervenido.
O el agua ya está siendo utilizada.
La prevención ambiental existe precisamente para evitar llegar a ese punto.
Las fotografías suministradas junto con la denuncia muestran una instalación que merece, como mínimo, una explicación pública de las autoridades. No permiten por sí solas determinar el caudal que puede extraerse ni establecer si la operación cuenta o no con autorización. Eso debe investigarse y documentarse.
Por eso el reclamo no debe quedarse únicamente en señalar a quienes desarrollan el proyecto.
La mirada tiene que dirigirse también hacia quienes tienen la responsabilidad institucional de vigilar.
Medio Ambiente tiene que decir qué sabe. INDRHI tiene que decir qué sabe.
Si existen permisos, que sean mostrados.
Si hubo estudios ambientales, que se conozcan.
Si la captación de agua fue autorizada, que se informe bajo cuáles condiciones y por qué volumen.
Y si no existe autorización, entonces la pregunta es todavía más grave: ¿cómo pudo llegar una intervención de esta naturaleza hasta este punto sin que nadie la detuviera?
La denuncia de Centinelas del Este merece una respuesta rápida, documentada y pública.
Porque los ríos no pueden defenderse solos.
Y cuando finalmente comienzan a desaparecer sus caudales, su vegetación y sus ecosistemas, resulta demasiado tarde para preguntarnos quién permitió que ocurriera.
Las autoridades ambientales todavía están a tiempo de responder. Pero lamentablemente, mientras responden, la finca avanza.
