Abinader entre deportados, escándalos policiales y una Gallup que pocos se tragan

Buenos días…

El país vive una verdadera tormenta de apagones que golpea hogares, comercios y pequeñas empresas al borde de la quiebra.

Mientras los ciudadanos pagan una de las energías más caras de la región y los combustibles no dejan de subir, los cortes eléctricos se han convertido en una pesadilla diaria y nocturna.

A eso se suma el aumento descontrolado en los precios de inversores, baterías y plantas eléctricas, convertidos ya en artículos de supervivencia nacional.

Pero desde el discurso oficial todo marcha “de maravilla” y aseguran que estamos avanzando, aunque millones de dominicanos sigan atrapados entre facturas más caras y velas encendidas.La gente comenta de todo en la calle. Y ahora muchos se preguntan: si el gobierno de Luis Abinader está dispuesto a recibir deportados desde Estados Unidos, incluyendo extranjeros de terceros países, entonces ¿con qué moral mantiene una persecución feroz contra miles de haitianos pobres que cruzan la frontera buscando sobrevivir?

Aquí hay algo que no cuadra. Mientras se endurecen operativos migratorios y se venden discursos patrióticos, en República Dominicana permanecen empresarios haitianos sancionados internacionalmente, algunos señalados por presuntos vínculos con el financiamiento de bandas criminales en Haití.

Y ojo. Eso no lo inventamos nosotros. Fue el propio gobierno de Canadá el que anunció sanciones contra figuras haitianas acusadas de apoyar estructuras armadas en su país.

Entre ellos aparece el poderoso empresario haitiano Gilbert Bigio, considerado uno de los hombres más ricos de Haití y sancionado en el 2022 por autoridades canadienses, bajo acusaciones de presunto financiamiento a pandillas haitianas.

Y mientras tanto, el discurso oficial aquí sigue apuntando únicamente contra el haitiano pobre, el vendedor ambulante, el obrero y el indocumentado de a pie.

El presidente de Donald Trump tiene derecho a expulsar ilegales y criminales de su país. Claro que sí. Y República Dominicana también tiene derecho a proteger sus fronteras.

Pero cuidado con convertir el territorio dominicano en depósito de problemas ajenos, mientras aquí siguen creciendo la inseguridad, el desempleo y el desorden institucional.

Porque el pueblo no es tonto. Y cuando las cosas huelen raro, la gente comienza a sacar conclusiones.

Y hablando de problemas internos… la situación en la Policía Nacional de la República Dominicana sigue empeorando. 

Crece el malestar entre pensionados policiales por presuntos atropellos, abusos administrativos y humillaciones innecesarias. Todo eso refleja falta de control, de gerencia y de autoridad real dentro de la institución.

Pero atención, presidente Abinader. Circulan denuncias delicadas sobre supuestas “nuevas funciones” creadas dentro de la Policía para justificar incentivos especiales.

Y según versiones que corren en predios policiales, algunos oficiales beneficiados con esos incentivos tendrían que entregar parte del dinero a superiores o terceros. Si eso es cierto, estamos hablando de un esquema gravísimo de corrupción interna. Eso hay que investigarlo. Y rápido.

Por cierto, apenas dos meses después de asumir el cargo, el presidente Abinader otorgó la Orden al Mérito Militar, en primera categoría y con distintivo blanco, al director policial, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz. Y esa condecoración quedó establecida mediante el decreto 224-26 del 6 de abril.

Todo eso, pese a que sobre Cruz Cruz pesan cuestionamientos derivados de auditorías relacionadas con su paso por el Hospital Docente de la Policía Nacional, donde se habrían detectado irregularidades millonarias.

Y entonces viene la gran pregunta: ¿Así es que funciona la famosa reforma policial? ¿Ese es el “cambio”? ¿Esa es la transparencia que tanto anuncian?

Mientras tanto, continúan los incidentes violentos protagonizados por motociclistas que atacan vehículos a pedradas y luego desaparecen como fantasmas.

Eso también es inseguridad. Eso también refleja pérdida de control. Y eso también le pasa factura al gobierno. Porque en tránsito, movilidad y seguridad vial, la administración del PRM hace rato perdió el timón.

Y atención con lo que ocurre en San Juan de la Maguana. Sectores comunitarios están exigiendo que la empresa minera GoldQuest retire todos sus equipos de la zona de El Romero.

La advertencia es clara: si el discurso oficial sobre la mina es puro entretenimiento político para ganar tiempo, la población podría lanzarse a las calles… y hasta a las montañas. El mensaje es directo: “Cero oro”.

Y como si faltara algo más, apareció la famosa encuesta Gallup. Pero en la calle mucha gente la mira como una historieta mal contada. 

El expresidente Hipólito Mejía asegura que Carolina está “70 a 30” dentro del PRM. Otros dicen que esas cifras parecen más propaganda interna que fotografía real del país.

Porque mientras el costo de la vida sube, la inseguridad crece y los escándalos se multiplican, resulta difícil vender la idea de que todo marcha color de rosa.

Y la gente ya no se deja llevar tan fácil. Aquí no hay indios.