Ancianos huyen de su casa por inseguridad

BUENOS DÍAS…

El Gobierno del presidente Luis Abinader debió intervenir con rapidez en el caso de los esposos Juan Fernández y Carmen Segura de Fernández, una pareja de ancianos pensionados y ciudadanos estadounidenses que, según denuncian, terminaron abandonando su vivienda en Comendador, provincia Elías Piña, porque la situación se volvió sencillamente insoportable.

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Durante años vivieron tranquilos en su hogar, hasta que, según sus testimonios, comenzaron a sufrir conflictos permanentes con un individuo al que atribuyen una influencia casi absoluta en la zona.

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Nos cuentan que ese ciudadano es visto por muchos como una especie de «dueño del barrio». La señora Carmen Segura asegura que el hombre habría realizado construcciones en áreas comunes del edificio, incluyendo una piscina en la azotea, y que incluso llegó a dificultarles el acceso normal a su propia vivienda.

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Si eso es cierto, surge una pregunta obligatoria: ¿dónde estaban las autoridades? ¿Quién protegía el derecho de propiedad de esos envejecientes? ¿Quién debía garantizar que pudieran vivir en paz dentro de su propia casa? ¿Donald Trump o Luis Abinader?

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Lo más grave es que afirman haber agotado múltiples vías de reclamación sin encontrar respuestas efectivas. El caso, incluso, llegó a instancias vinculadas al Departamento de Estado de los Estados Unidos.

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Y ahí está el problema. Porque cuando ciudadanos estadounidenses dicen que tuvieron que abandonar su hogar porque nadie los protegió, el asunto deja de ser un simple conflicto vecinal. Comienza a convertirse en un expediente incómodo para la imagen internacional del país.

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Una cosa es hablar de seguridad jurídica en discursos y conferencias. Otra muy distinta es que dos ancianos terminen huyendo de su casa alegando que fueron abandonados a su suerte.

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Alguien tendrá que explicar qué pasó realmente en Comendador. Y mientras más tarde llegue la respuesta, más crecerán las dudas.

¡ANJA! Otra vez paralizaron los trabajos del puentecito que construye el Gobierno sobre el arroyo que cruza la carretera El Seibo-Pedro Sánchez, a la altura del kilómetro 7.

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La obra comenzó hace más de dos años y todavía sigue dando tumbos. Cuando llueve, el desvío se convierte en una trampa mortal. No hay quien pase por ahí sin encomendarse a todos los santos. Los accidentes se han vuelto frecuentes. El último ocurrió el pasado viernes. Ahí están las gráficas.

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Y por cierto…

El Gobierno debe aclarar las versiones que circulan sobre supuestos gastos cercanos a los RD$100 millones en esa obra, mientras ingenieros consultados sostienen que un puente de esas características difícilmente superaría los RD$25 millones.

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Presidente Abinader, ahí hace falta una investigación seria. La transparencia no puede ser un discurso para los actos oficiales y una ausencia en las obras públicas.

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Ese puente es vital para el desarrollo turístico de Miches y la población merece saber qué está pasando con cada peso invertido.

Y hablando de desorden… La gestión de Dio Astacio, en Santo Domingo Este, está dejando crecer problemas que afectan directamente la calidad de vida de los munícipes.

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El tránsito parece tierra de nadie. Las vías muestran falta de mantenimiento. La basura ha comenzado a reaparecer en calles y esquinas. Y lo peor: continúan las ocupaciones ilegales de aceras, incluso en avenidas de alto flujo vehicular. Las gráficas hablan por sí solas.

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Hasta ahora, la gestión de Astacio parece más propaganda que resultados. Mucha espuma y poco chocolate. Y mientras tanto, las bocinas venden una ciudad de fantasía, la realidad sigue golpeando a quienes caminan las calles todos los días.

En el PRM la olla también sigue hirviendo. Renuncias, conflictos internos y dirigentes disgustados porque, según denuncian, el Gobierno sigue repartiendo botellas mientras la militancia se queda mirando desde la gradería.

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Por cierto… Esas botellas las termina pagando el pueblo. Las pagan los dominicanos cuando compran combustibles más caros, cuando enfrentan el alto costo de la vida y cuando ven cómo los recursos públicos desaparecen entre nombramientos innecesarios y gastos improductivos.

El Mangú está servido en San Pedro de Macorís. Regidores, alcalde y denuncias tienen la Alcaldía convertida en una olla de presión

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Allí hay un mangú servido, caliente y con todos los ingredientes. Los enfrentamientos entre regidores y el alcalde han subido de tono. Los ataques son directos, los cuestionamientos son duros y algunas acusaciones rozan la difamación, salvo que quienes las formulan puedan presentar pruebas contundentes.

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Lo cierto es que el ejecutivo municipal, Rafa Ortiz, se ha convertido en uno de los alcaldes más cuestionados de los últimos años en la Sultana del Este.

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Muchos comunitarios no se guardan nada. Dicen que el hombre es «buche y pluma na’ má», que habla mucho y resuelve poco. Otros afirman que vive enfrentado con medio mundo.

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Y como si fuera poco, circulan denuncias sobre supuestos permisos para instalar negocios en parques y otros espacios públicos. Ahora la cosa se puso más caliente que un caldero de habichuelas con dulce

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La construcción de casetas en el parque infantil del malecón fue paralizada y el escándalo explotó. Los rumores hablan de intereses económicos, de un menudo fuerte y de movimientos que deben ser explicados con absoluta transparencia.

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Porque cuando una obra pública se detiene en medio de denuncias y cuestionamientos, lo menos que espera la ciudadanía es una explicación clara.

Y porque, para desgracia del país, cada vez que aparece un «menudo» en una obra pública, la sombra de la corrupción nunca anda muy lejos.