RD, el país donde hablar puede llevarte a la cárcel y matar parece no tener consecuencias

Buenos días…

En gobiernos pasados no era pecado llamar «ladrón», «corrupto» o hasta vincular con el narcotráfico a funcionarios y legisladores. Los videos están ahí. Google no deja borrar la historia.

Ahora, a partir del próximo 6 de agosto, cuando entre en vigor el nuevo Código Penal, muchos advierten que expresiones de ese tipo podrían derivar en procesos penales con penas de hasta cinco años de prisión, dependiendo de cómo sean interpretadas y aplicadas las nuevas disposiciones.

¿Recuerdan cuando Luis Abinader y el PRM acusaban al gobierno de Danilo Medina de «estafar» al pueblo con los precios de los combustibles? Hoy los combustibles siguen siendo motivo de críticas por sus altos precios. Sin embargo, quien utilice hoy ese mismo calificativo contra el Gobierno podría enfrentar una demanda por difamación, además de la presión de los defensores oficiales y las consecuencias previstas en la nueva legislación.

Cada vez son más los que se preguntan si el país avanza hacia un escenario donde opinar libremente tendrá un costo demasiado alto.

No es casual que el jurista Juan Rosa, exmiembro de la Fundación Institucional y Justicia (Finjus), haya calificado como un verdadero «tollo» el nuevo Código Penal y plantee la necesidad de buscarle una salida jurídica antes de que genere conflictos mayores.

Y mientras el debate gira en torno al Código Penal, la otra gran crisis sigue siendo la Policía Nacional.

La muerte del joven ocurrida en Herrera no puede reducirse a la actuación de un solo agente. Se trató de un operativo policial, y por tanto, la investigación debe establecer la responsabilidad de todos los participantes, incluyendo la cadena de mando y el oficial que ordenó el servicio. Quien disparó deberá responder por sus actos, pero también habrá que determinar si existió negligencia, encubrimiento o responsabilidad de los demás.

Ese caso no es aislado. También esperan justicia los hechos ocurridos en una cabaña del kilómetro 12 de Haina, donde murieron dos militares y un agente de la DNCD. Sobre ese caso circula un video que ha generado cuestionamientos públicos respecto a la actuación policial. A lo que dijo la Policía después del hecho, y lo que realmente ocurrió, testificado en vídeos.

Igualmente permanece en la memoria colectiva el caso de los cinco jóvenes muertos en La Barranquita, Santiago. En su momento se informó que se trató de un intercambio de disparos. Posteriormente, las investigaciones del Ministerio Público concluyeron que los civiles no dispararon.

Lo mismo ocurrió en La Vega, donde un joven perdió la vida durante un operativo policial. Las imágenes difundidas ampliamente mostraban a la víctima con las manos levantadas antes de recibir los disparos, mientras inicialmente también se habló de un supuesto intercambio de disparos.

A esos casos se suma la muerte de cuatro jóvenes en Brisas del Este, en Santo Domingo Este, un expediente que igualmente ha sido objeto de cuestionamientos públicos.

Y ahora se agrega el caso del ciudadano que murió en Higüey, luego de ser confundido con un presunto ladrón de retrovisores de vehículos. Ese hecho tampoco puede quedar impune.

Los expedientes se acumulan y la percepción ciudadana es que las explicaciones oficiales suelen repetirse, mientras las dudas permanecen.

Por eso vuelve la misma pregunta: ¿ha funcionado realmente la reforma policial? Los hechos parecen decir otra cosa.

La Policía Nacional necesita una depuración profunda, transparente y creíble. Una transformación verdadera no puede limitarse a nuevos uniformes, vehículos o discursos. Debe comenzar por identificar y separar de la institución a quienes hayan incurrido en actuaciones contrarias a la ley, siempre respetando el debido proceso.

Mientras tanto, dentro de la propia institución hay oficiales que sostienen que, si el Gobierno actúa en el caso de los 71 paquetes de cocaína ocupados recientemente, también debería actuar frente a las  irregularidades detectadas en auditorías realizadas a dependencias policiales, cuyos hallazgos, según diversas denuncias públicas, involucran cientos de millones de pesos.

Las investigaciones y la justicia son las llamadas a determinar responsabilidades individuales en cada uno de esos casos.  Pero, ¿actuarán?Pero, por ahora, la sensación que queda en amplios sectores de la sociedad es que la reforma policial sigue siendo una promesa pendiente y que el miedo comienza a extenderse tanto por la violencia como por la posibilidad de que expresar una opinión tenga consecuencias cada vez más severas.

Y estamos avanzando. Pero, soñar no cuesta nada. Sigue siendo gratis… al menos por ahora.