Buenos días…

 Otra vez el pueblo dominicano siente que le cambiaron las reglas del juego.

Cuando el petróleo comenzó a subir y se habló de que podía alcanzar los 120 dólares el barril, el Gobierno del PRM aumentó los precios de los combustibles argumentando que no tenía otra alternativa.

Ahora ocurre exactamente lo contrario, pero no baja. 

El petróleo internacional ha caído por debajo de los 70 dólares el barril, pero el Gobierno del presidente Luis Abinader decidió congelar los precios de los combustibles durante tres meses.

¿Y la rebaja? Esa nunca llegó.

En las calles, choferes, motoconchistas, comerciantes y ciudadanos califican la decisión como una burla.

«Abinader nos volvió a engañar», comentaba un ciudadano, visiblemente indignado, frente a la estación del Metro de la carretera Mella.

Y la verdad es que muchos dominicanos piensan igual. En este gobierno, cuando los precios suben, parece que olvidan el camino de regreso.

Lo más curioso es que el propio Luis Abinader, cuando era líder de la oposición, denunciaba con dureza cualquier incremento de los combustibles y cuestionaba que el Gobierno de entonces no trasladara al consumidor las bajas del petróleo.

Hoy, sin aquel «enemigo político» en el poder, la historia le devuelve sus propias palabras como un espejo incómodo.

Si en 2015 hablaba de abuso, ¿cómo debe calificarse ahora una situación en la que baja el petróleo y los combustibles siguen costando lo mismo?

Pero la gasolina no es el único golpe al bolsillo. Ahora el pan cuesta más… Y es más pequeño.

El tradicional desayuno de café con pan también se está convirtiendo en un lujo para miles de familias, mientras ninguna autoridad parece poner freno a los abusos contra los consumidores.

Y mientras el costo de la vida aprieta, la inseguridad tampoco da tregua. Fuentes policiales informan que los robos y asaltos han aumentado considerablemente durante los últimos días en Santo Domingo Este y zonas cercanas.

La consecuencia se refleja incluso en las cárceles preventivas. La de San Luis está prácticamente desbordada. Allí, según distintas fuentes, no cabe un detenido más. Como dice el pueblo: no cabe ni un mandado.

Y aun así nos dicen que vamos por buen camino. 

Pero hay un dato mucho más preocupante. En apenas cuatro días, siete personas han muerto durante intervenciones de la Policía Nacional.

Más inquietante aún resulta cuando, después de uno de esos hechos, vecinos exclaman: «Lo mataron para que no hablara».

Esa percepción, sea cierta o no, constituye un enorme golpe a la credibilidad de las instituciones.

Y precisamente por eso cada caso debe investigarse con absoluta independencia, transparencia y respeto al debido proceso.

De acuerdo con una fuente vinculada al Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH),  entre las víctimas figura un joven del sector Los Platanitos, en Los Guaricanos, municipio Santo Domingo Norte,quien, donde  —según denuncias de comunitarios y activistas de esa organización— habría recibido un solo disparo delante de numerosos testigos.

Esas denuncias no pueden archivarse con una simple nota policial. Merecen respuestas. El director general de la Policía Nacional, mayor general Modesto Cruz Cruz, tiene el deber de explicar qué está ocurriendo.

Porque en la República Dominicana no existe una guerra. Y en un Estado de derecho la regla debe ser capturar, investigar, juzgar y condenar. No ejecutar.

Presidente Abinader: La delincuencia no se derrota únicamente con balas.

Mientras la Policía informa sobre nuevos «intercambios de disparos», la criminalidad continúa sembrando miedo en los barrios. La gente sale de sus casas con temor. Observa con desconfianza cada motocicleta que se acerca. Y siente que la inseguridad sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana.

La verdadera victoria del Estado llegará cuando la justicia sustituya definitivamente al gatillo y cuando la ley se imponga sobre la impunidad, venga de donde venga.

Y para cerrar… El escándalo relacionado con el decomiso de drogas en Haina, provincia San Cristóbal, tampoco puede quedar envuelto en el silencio.

Hay una investigación interna que habría provocado la suspensión de dos generales y de varios coroneles, entre ellos tres subdirectores de la DICRIM, incluyendo uno con jurisdicción nacional.

Si esas informaciones son incorrectas, las autoridades deben desmentirlas. Y si son ciertas, la sociedad tiene derecho a conocer toda la verdad. Porque el peor aliado de la corrupción no es el delito. Es el silencio.