Balas, censura, impuestos y silencio: un país que camina en reversa

Buenos días…

 La muerte del joven Emmanuel Mercado Reyes, en Herrera, vuelve a colocar a la Policía Nacional en el banquillo de la opinión pública. Las imágenes difundidas del hecho han provocado indignación y reabierto una pregunta inevitable: ¿para esto era la reforma policial?

Una institución reformada no puede seguir generando hechos que estremecen a la sociedad. Una Policía profesional protege vidas, no puede convertirse en protagonista permanente de tragedias. Como está sucediendo.

La indignación se sintió de inmediato en la calle México, en Buenos Aires de Herrera, donde residentes expresaron su rabia por lo ocurrido. No fue un hecho aislado, fue otro golpe a una institución cuya credibilidad continúa deteriorándose.

Y aquí hay responsabilidades políticas. La falta de gerencia dentro de la Policía Nacional y el prolongado silencio del presidente Luis Abinader frente a hechos que conmocionan al país, solo aumentan la incertidumbre. Cada nuevo caso profundiza la percepción de que la reforma policial perdió el rumbo.

Mientras tanto, otro video estremecía las redes sociales: un hombre agrediendo físicamente a dos mujeres en una playa de la isla Saona, ante decenas de turistas. Una imagen que proyecta desorden, impunidad y ausencia de autoridad.

A esto se suma la creciente ola de asaltos en sectores como Sabana Perdida, las denuncias de abusos policiales y el uso excesivo de la fuerza durante intervenciones que continúan siendo objeto de cuestionamientos.

Como si todo eso fuera poco, el nuevo Código Penal ha abierto otro frente de preocupación.

Los artículos que penalizan determinadas expresiones e informaciones han sido duramente cuestionados por periodistas, comunicadores y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Para muchos, esas disposiciones empañan una legislación que pudo haber representado un avance histórico.

No es casual que la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, recordara que «la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia».

La crítica no puede convertirse en delito. Informar no puede transformarse en un riesgo penal.  Nombrar los hechos por su nombre jamás debería ser motivo de persecución.

Y mientras se discute cómo limitar la palabra, el bolsillo de los dominicanos vuelve a recibir otro golpe.

Ya entró en vigencia el aumento del impuesto establecido por la Ley No. 30-26 sobre las transferencias bancarias y la emisión de cheques, elevando la tasa del 0.15 % al 0.20 %. Más cargas para quienes producen, trabajan y sobreviven en una economía cada vez más difícil.

La clase media y los sectores más pobres siguen siendo quienes pagan la factura.

Más impuestos para sostener una pesada burocracia, pensiones privilegiadas, empleos innecesarios y un aparato propagandístico que insiste en pintar un país muy distinto al que viven millones de dominicanos.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, condenó la muerte de Emmanuel Mercado Reyes. Condenarla es correcto. Pero el país espera mucho más que declaraciones. Espera acciones capaces de frenar el deterioro institucional, esclarecer casos pendientes y devolver la disciplina a la Policía Nacional.

También continúan las interrogantes sobre otros escándalos que involucran a miembros de la institución, como el caso de los 271 paquetes de cocaína ocupados en Haina, un episodio sobre el cual la sociedad sigue esperando respuestas claras. No rumores ni especulaciones.

Por su parte, el exprocurador fiscal Juan Rosa advirtió que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal podría tener consecuencias políticas para el oficialismo en las próximas elecciones. Un llamado que merece ser escuchado dentro del propio PRM.

El mayor general retirado Frener Bello Arias fue igualmente contundente al afirmar que hechos como el ocurrido en Herrera seguirán repitiéndose mientras no exista verdadero mando y control dentro de la Policía Nacional.

Sus palabras reflejan una preocupación compartida por numerosos sectores. 

La reforma policial no puede reducirse a campañas publicitarias, fotografías o actos protocolares. Debe reflejarse en disciplina, supervisión, entrenamiento, liderazgo y resultados.

Y los resultados, lamentablemente, hablan por sí solos.

Llama la atención que ya casi nadie dentro del propio oficialismo utilice la expresión «la nueva Policía Nacional». Tal vez porque la realidad terminó desmintiendo el discurso.

También resulta inevitable preguntarse si el alto mando policial está ejerciendo el liderazgo que requiere una institución de esa magnitud. La ciudadanía espera ver una dirección presente, firme y capaz de recuperar la autoridad interna y la confianza pública.

El presidente Abinader ha destinado recursos sin precedentes para transformar la Policía Nacional.

Sin embargo, el éxito de una reforma no depende únicamente del dinero invertido. También depende de la calidad del liderazgo, de la capacidad gerencial y de la correcta selección de quienes tienen la responsabilidad de dirigir la institución.

Los casos ocurridos en el 12 Haina, Santiago, La Vega y ahora Herrera han profundizado la preocupación nacional sobre el uso de la fuerza y la protección efectiva del derecho a la vida.

Finalmente, por más leyes que intenten restringir la crítica, la libertad de expresión seguirá siendo uno de los pilares esenciales de toda democracia. La cárcel jamás podrá sustituir el debate público. Y el silencio nunca resolverá los problemas que el país exige enfrentar.

Y a la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, le reiteramos nuestro respeto y reconocimiento por su firme defensa de la libertad de expresión, principio esencial de toda democracia. Asimismo, este medio reafirma su respaldo a la señora embajadora y al presidente Donald Trump, por su defensa de los valores democráticos.