Ni ejecuciones extrajudiciales ni impunidad. Si matan al sospechoso, muere la verdad, se pierden los cómplices y se cierra la investigación. Y si tenía protectores uniformados, también se les tapa la boca. Queremos un Ministerio Público que persiga y una Justicia que aplique la ley. Al que le pique, que se rasque.

Buenos días…

Los criminales, los delincuentes y sus cómplices que asaltaron la residencia del empresario y artista Julián Oro Duro, y acabaron con la vida de su esposa, deben ser atrapados vivos.

Aquí hay que establecer, con transparencia y sin cuentos, qué ocurrió realmente.

Y ojo con esto. Ese hecho no luce ni tiene, a primera vista, las características de un simple robo. Esos criminales fueron a buscar algo. Y fueron dispuestos a matar. Porque, después de conseguir su botín, no iban a dejar testigos.

Entonces, esto no es aquello de: “Si no se entregan, les puede ir peor”. ¡No!

Aquí lo que corresponde es atraparlos vivos. Que el Ministerio Público y la Policía investiguen, que encuentren la verdad y que la Justicia aplique lo que establece la ley para hechos criminales de esa naturaleza.

Porque una cosa es combatir la delincuencia y otra muy distinta es convertir la persecución penal en una licencia para ejecutar sospechosos. Aquí no existe la pena de muerte

El jefe de Estado debe garantizar la seguridad jurídica y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

El artículo 127 de la Constitución es claro. El Presidente jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, además de proteger y defender los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Y aquí no existe la pena de muerte. El artículo 37 de la Constitución protege el derecho a la vida.

Por eso, atraparlos vivos no es un favor, es una oportunidad para que hablen, para que se conozca la verdad y para determinar quiénes participaron, quién los mandó y cómo obtuvieron la información que los llevó hasta la residencia de Julián Oro Duro.

Mientras tanto, siguen lloviendo las denuncias de corrupción. Y nada.

En INABIE, las denuncias sobre supuestas irregularidades en licitaciones están a la luz pública. Y nada.

Hasta el PLD, que ya es mucho decir, habla de un supuesto esquema mafioso en INABIE. Y nada.

Recuerden que, durante el pasado gobierno, en el régimen de Danilo Medina, también hubo denuncias de corrupción en INABIE y tampoco se llegó hasta las últimas consecuencias. No hubo nada.

Ahora bien. El Ministerio Público, bajo la gestión de Yeni Berenice Reynoso, es objeto de fuertes cuestionamientos en materia de persecución de la corrupción.

Lo digo sin rodeos: no basta con discursos, expedientes selectivos ni grandes titulares. La corrupción es una epidemia que, poco a poco, va carcomiendo la economía pública del país.

Aquí se han hecho denuncias públicas, algunas acompañadas de elementos que sus autores consideran pruebas, y se cuestiona que el Ministerio Público no haya actuado en determinados casos.

Y el Ministerio Público no necesita que nadie le dé permiso para investigar una denuncia de corrupción cuando existen elementos que permitan verificar la ocurrencia de un hecho punible.

El propio artículo 30, del Código Procesal Penal, establece que el Ministerio Público debe perseguir de oficio los hechos punibles de los que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia. Y eso no se hace. Es cosa del pasado.

Por ejemplo, en auditorías realizadas a organismos policiales se han señalado denuncias de corrupción e irregularidades millonarias. Esas auditorías fueron depositadas ante el Ministerio Público.

• ¿Y qué pasó?
• ¿Se investigó?
• ¿Se determinaron responsabilidades?
• ¿Se establecieron culpables?
• ¿Se recuperó el dinero público, si efectivamente hubo apropiación irregular?

Porque así no se combate la corrupción.

Y mucho menos se puede hablar de transparencia administrativa mientras las denuncias se acumulan y la ciudadanía queda esperando respuestas. ¡Al que le pique, que se rasque!

Aquí hay que acabar con el doble discurso.

• Criminales: a la cárcel, pero vivos.
• Corruptos: a los tribunales, con expedientes sólidos y pruebas.
• Dinero público robado: a recuperarlo.

Y las instituciones responsables de investigar y perseguir los delitos tienen que hacer su trabajo.

Cando la Policía no investiga, la delincuencia respira. 

Cuando el Ministerio Público no investiga, la corrupción respira.

Y cuando la Justicia no sanciona los delitos probados, la impunidad se convierte en el verdadero jefe del negocio.

Así no se combate la corrupción.

Así no se enfrenta la delincuencia.

Así no se construye seguridad.

Y al que le pique, que se rasque.