En El Salvador y Estados Unidos declararon guerra contra la delincuencia y el narcotráfico y comenzaron a verse resultados. En República Dominicana sobran los anuncios, mientras la frontera, la migración irregular y el crimen ambiental siguen poniendo a prueba la autoridad del Estado.

Buenos días…

En El Salvador, Nayib Bukele anunció la guerra contra la delincuencia. Y los resultados están ahí.

En Estados Unidos, Donald Trump prometió una guerra frontal contra el narcotráfico. Y los resultados también están ahí.

En Colombia, Abelardo De la Espriella prometió guerra contra los disidentes guerrilleros y el terrorismo, y ya comenzó su batalla. Ahí están los resultados.

¿Y en República Dominicana? Aquí también se anuncian guerras. El problema es que algunas parecen librarse más en los discursos y en las redes sociales que en el terreno.

El presidente Luis Abinader decretó la expulsión de extranjeros sancionados por Canadá, pero, según las denuncias que se han conocido, los pequeños terminaron pagando, mientras los grandes siguen aquí. Y si no lo cree, pregúntenselo Gilbert Bigio

También se anunció una ofensiva contra el terrorismo ambiental. Pero en el caso de la devastación del río Boyá, por ejemplo, los denunciantes siguen preguntando dónde están los operativos y las acciones concretas.

Porque mientras se habla de protección ambiental, quienes son señalados como responsables de destruir los recursos naturales parecen seguir disfrutando de sus fechorías. Mucho anuncio. Mucha red social. Mucho discurso. Pero la gente quiere ver acción. 

Atención, presidente Abinader. Desde hace tiempo circulan denuncias sobre lo que ocurre en distintos puntos de la frontera dominico-haitiana. Se habla de tráfico de personas, drogas, armas y municiones, migración irregular, extorsiones y otras actividades ilícitas.

Lo más grave de esas denuncias es el señalamiento de que personas en condición migratoria irregular, y hasta señalados como pandilleros, estarían entrando y saliendo del territorio dominicano con una facilidad que obliga, por lo menos, a investigar qué está ocurriendo.

Eso es demasiado serio para despacharlo con un comunicado.  La pregunta es sencilla: ¿quién está controlando realmente la frontera? Porque si las denuncias son ciertas, alguien está haciendo un gran negocio, mientras el Estado queda mirando. Y si no son ciertas, que las autoridades lo demuestren y desmonten las versiones con investigaciones serias.

¿Treinta mil pesos por cabeza? Recientemente conocimos el caso de una familia haitiana que, según la información recibida, habría llegado a Santo Domingo para establecerse sin contar con la documentación correspondiente.

Pero aquí aparece un señalamiento todavía más grave que requiere investigación. Según versiones recogidas, individuos que trafican con migrantes estarían cobrando alrededor de RD$30,000 por persona para facilitar su entrada al país, mientras que por menores de edad, los montos podrían oscilar entre RD$20,000 y RD$25,000. ¿Es cierto?

Pues, presidente, investíguelo. Porque si alguien está cobrando esas cantidades para introducir personas irregularmente al territorio nacional, estamos hablando de un negocio millonario, montado sobre las debilidades del sistema migratorio y fronterizo.

Y hay más. También se denuncian supuestos traslados en vehículos, incluso en yipetas, hacia destinos turísticos, como Punta Cana, con familias completas aparentemente utilizando una modalidad que permitiría pasar inadvertidas ante los controles.

Según esas versiones, el traslado podría costar entre RD$50,000 y RD$60,000, con pocos pasajeros por vehículo. La fórmula, según los denunciantes, sería sencilla: una familia, una mujer con sus hijos y un hombre conduciendo. Una escena aparentemente normal para evitar sospechas.

Si eso está ocurriendo, no estamos frente a una simple violación migratoria. Estamos frente a un negocio organizado. Y un negocio organizado necesita algo más que discursos, investigación, inteligencia y cárcel para quien resulte responsable. 

Presidente Abinader, la frontera no puede ser tierra de nadie. Tampoco puede convertirse en una mina de oro para quienes se lucran con la migración irregular, mientras el Estado dominicano intenta controlar una situación que parece crecer todos los días.

Y hay otra señal de alarma. Las autoridades informaron recientemente sobre la interceptación de una yola repleta de dominicanos y haitianos que intentaban viajar clandestinamente hacia Puerto Rico.

Pero,  eso tampoco debería sorprender. Desde hace tiempo venimos denunciado viajes ilegales desde distintos puntos de la costa dominicana hacia Puerto Rico, con personas buscando salir clandestinamente del país y con señalamientos, además, sobre el supuesto transporte ocasional de sustancias ilícitas. Esto, a pesar de la operación de EE.UU. en el Caribe.

La pregunta vuelve a ser la misma: ¿quién organiza esos viajes, quién los financia, quién los cobra y quién los deja operar? Porque cuando una actividad ilegal se repite, ya no basta con detener al pasajero. Hay que buscar al que cobra, al que transporta, al que organiza y al que protege.

Ahí es donde comienza la verdadera guerra contra el crimen. Lo demás es fotografía, discurso y propaganda. Y el crimen, mientras tanto, haciendo negocios.